El Medio Ambiente limpio, saludable y sostenible se ha convertido en uno más de los Derechos Humanos según la reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Organismo que llama a los Estados a impulsarlo de forma decidida.
La contribución a un medio ambiente sano viene necesariamente de cambios culturales y normativos que modifican los hábitos de consumo y de acceso a los servicios públicos como es el caso del acceso al Servicio Público de Justicia.
El Tercer Poder es una extraordinaria maquinaria administrativa a la que acuden cada año, en España cuatro personas por cada cien habitantes. Son cerca de 1,4 millones las reclamaciones que ingresan en ese periodo en los juzgados de todo el territorio nacional.
El tiempo medio en el que, ciudadanos, abogados, operadores jurídicos y administración de Justicia mantienen relación en primera instancia, demandas, escritos, juicios, etc.… es de nueve meses, y de seis en segunda instancia.
Cuando pensamos en el valor que aporta la justicia, la visualizamos como aquel elemento clave de un Estado de Derecho para asegurar la inversión y la actividad económica. Pensamos en la seguridad jurídica como el puntal sobre el que se asienta el desarrollo de los mercados y el desenvolvimiento de una economía estable, como motor del progreso social y económico determinante de la competitividad del País
Pero, además, la justicia debe el ser el primer garante de los Derechos Fundamentales entre los que se encuentra el derecho a un medioambiente sano que garantice los derechos de las generaciones futuras. Para ello, debe modernizar sus estructuras y aplicar en su modelo de gestión procedimientos que garanticen la sostenibilidad como servicio público.
Según información del Ministerio, desde los meses de la pandemia COVID 19, hasta hoy se habrían celebrado más de 590.000 juicios telemáticos lo que habría supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y una reducción de más de 5.850 toneladas de CO2.
La administración de justicia además de generar un significativo impacto medioambiental adolece de una infraestructura suficiente que garantice respuestas a tiempo para que sistema socioeconómico funcione de forma óptima.
El servicio de Justicia para ser sostenible necesita una reorientación en tres ámbitos fundamentales: la búsqueda de la eficiencia procesal y organizativa y la digitalización del sistema de gestión interna y de relación con el ciudadano.
En el proyecto del Ministerio de Justicia, Justicia 2030, se contempla una reestructuración del modelo que pivota en tres anteproyectos de Ley en tramitación.
El anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia se centra en homogeneizar y reducir los tiempos de respuesta de la Justicia y acercar el sistema al ciudadano.
En el primer caso, la reducción de plazos se dibuja a través de la conversión de los órganos unipersonales, los Juzgados, en Tribunales de Instancia, que podrán estar integrados por secciones de familia, mercantil, violencia de género, enjuiciamiento penal de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso-administrativo y lo social. Para ello se crea la Oficina Judicial que agrupará todos los recursos humanos y medios técnicos y organizativos al servicio indistinto de todos los jueces miembros del tribunal de instancia. De esta manera, se optimizaría la utilización de estos recursos entre secciones con más o menos carga de asuntos. Con ello se trata de mejorar los tiempos de respuesta y agilizar la tramitación de los procedimientos porque como dijo Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.
Esta agrupación pretende una reducción considerable de los recursos mediante la homogeneización de prácticas y decisiones procesales que son a veces muy dispares de un juzgado a otro, aportando previsibilidad, accesibilidad y proximidad para los ciudadanos.
Para acercar la Justicia a sus usuarios, se eliminan los Juzgado de Paz presentes en todos los municipios y prácticamente sin competencias actualmente, y se sustituye por la Oficina de Justicia. Se trata de crear núcleos en cada municipio donde se puedan hacer las actuaciones que requieren presencia física. Además, se las dota de medios tecnológicos para que el ciudadano pueda acceder al servicio. Con esta nueva estructura se podrán evitar la mayoría de los desplazamientos a las sedes judiciales de la capital de la provincia.
El segundo de los anteproyectos, el de Eficiencia Digital crea el llamado Expediente Judicial Electrónico que comprende todo el contenido de la tramitación de los procedimientos ante el servicio público de justicia. El expediente permitirá un seguimiento cercano del procedimiento por los operadores jurídicos y ciudadanos, a través de la carpeta ciudadana. Con ello se evitarán errores en la tramitación de los procesos, la respuesta temprana, y una considerable reducción del número de recursos y redireccionamientos a la segunda instancia.
La digitalización que contempla el anteproyecto se extiende también a reducir los desplazamientos con motivo de gestiones encomendadas a los notarios y registradores quienes podrán a disposición del ciudadano un sistema de relación donde se puedan realizar todos los trámites a distancia.
Se consolida en el anteproyecto el trabajo a distancia y la desconexión digital de los operadores jurídicos de acuerdo con la carta de Derechos digitales. Este trabajo deslocalizado deberá propiciar la paulatina eliminación las brechas geográficas, económicas y sociales.
El tercer Anteproyecto de Ley, el de Eficiencia Procesal del Servicio de Justicia contiene una regulación muy ambiciosa por su repercusión en la forma de entender y gestionar los conflictos por los ciudadanos.
Cuando nos referimos al medio ambiente solemos pensar en abstracto, recurriendo a los impactos que nuestra industria tiene, la ganadería, la desforestación, la energía, el transporte... En realidad, una forma de pensar tan imprecisa dificulta al ciudadano visualizar contribuciones cotidianas, y cambios culturales que pueden redundar en una eficiente mejora del impacto medioambiental de su actividad cotidiana. Una de las grandes contribuciones del ciudadano a la eficiencia del sistema de justicia, es la gestión de los conflictos de forma privada a través de los medios de resolución de controversias que regula este anteproyecto.
En España, la forma de entender la solución de las controversias pasa por una dinámica adversarial y confrontativa que acaba excesivas veces en litigios judiciales. No en vano España es el tercer país más litigioso de la OCDE y uno de los que menos jueces tiene por habitante.
La primera intención del anteproyecto es la de fomentar métodos alternativos a los judiciales para la resolución de los conflictos mediante la incorporación de éstos al sistema de justicia. De esta forma la negociación, mediación, conciliación etc., se convierten en requisitos previos de procedibilidad, intento que es imprescindible antes de interponer cualquier demanda. Todo ello con el objetivo de descongestionar el colapsado servicio público de Justicia.
Por otra parte, en el proceso negocial se otorga al acuerdo alcanzado por las partes, el valor de título ejecutivo, para lo cual éste puede ser elevado a escritura pública o puede ser homologado judicialmente con valor de sentencia. De media, la utilización de la mediación ahorra un 90% del tiempo en alcanzar la solución y 80% de los costes de un proceso judicial.
Pero desde el punto de vista ambiental, los métodos alternativos, al ser procedimientos informales, requieren menos infraestructura física y recursos de apoyo que la litigación ordinaria. Los medios alternativos no se valen de magistrados, letrados de la administración de justicia, funcionarios, etc. ya que sólo requieren un mediador, las partes y salas de conferencias (que pueden ser virtuales).
La mediación requiere de escasa infraestructura de medios humanos y materiales lo que se traduce en un menor impacto, menos consumo de energía, menor huella de carbono y menos residuos de bienes consumibles.
Todas estas mejoras tecnológicas y organizativas van a acompañadas de medidas para facilitar el teletrabajo y el trabajo deslocalizado en las sedes, lo que implica la reducción de la movilidad del personal y la consiguiente reducción de la huella de carbono.
No debemos olvidar que estas normas requieren de una importante dotación presupuestaria para su aplicación.
La digitalización y el Expediente Electrónico supone formar a muchos funcionarios y construir un modelo que se centre en la utilización del “dato” para la mejora de las políticas públicas.
La creación del Tribunal de Instancia que, supone agrupar los distintos órdenes jurisdiccionales en una misma ubicación, plantea muchos problemas por la actual separación de los juzgados en diferentes inmuebles. La adecuación de la Oficina de justicia en los municipios, y son más de 8.000, requiere dotar de una infraestructura costosa y del traslado de funcionarios de otros órdenes y administraciones, a esas localidades.
La inversión debe extenderse a la rehabilitación y adecuación de los miles de edificios dedicados a ofrecer los servicios de la Justicia. Todos ellos escasamente mantenidos y energéticamente ineficientes.
La justicia sostenible pasa por reducir de forma drástica los tiempos de respuesta, evitar la litigiosidad innecesaria mediante la utilización de medios alternativos a los judiciales para la gestión de los conflictos interpersonales, minimizar las actuaciones presenciales, establecer procedimientos totalmente digitales, facilitar el trabajo a distancia de los operadores jurídicos y, también, rehabilitar y adecuar sus sedes a la nueva estructura del Tribunal de Instancia, y de la Oficina judicial, así como dotarlas de espacios para el desarrollo de la actividad de mediación intrajudicial.
La justicia sostenible ha merecido un incremento del 11,5% en los Presupuestos del Estado para 2022. Pero este incremento ha de ser un esfuerzo continuado que permita no solo consolidar la reducción del impacto medioambiental sino robustecer, en definitiva, el funcionamiento socioeconómico del país.
*Este artículo forma parte de una serie que Diario Responsable ofrecerá a sus lectores fruto de su acuerdo con EJE&CON: EJE&CON y Diario Responsable colaboran para visibilizar el talento sin género y sin generación. Otros artículos relacionados:
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