A principios de 2021 un estudio de la Universidad de Washington, llevado a cabo por el Laboratorio Nacional de los Álamos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, concluía que el mar de Beaufort, considerado uno de los mayores reductos de agua dulce del océano Ártico ha ido aumentando su proporción en un 40% a lo largo de los últimos años. Algo que puede resultar decisivo en el patrón de circulación de la Corriente del Golfo, por ser la corriente oceánica que regula y suaviza nuestro clima.
Este hecho es uno de miles que viene poniendo de manifiesto la comunidad científica desde hace décadas. Así, de los nueve límites planetarios existentes en los procesos biofísicos que son indispensables para preservar la continuidad de los desarrollos naturales, en 2011 ya habíamos sobrepasado cuatro de ellos. La premisa de partida para cualquier decisión o acción pública o privada que queramos poner en marcha, es que debemos tomar conciencia de la naturaleza limitada de la biósfera y la relación de eco-dependencia que tenemos con ella. A partir de aquí, hay que trabajar con rigor, evitando la lógica de “que parezca que hacemos, sin hacer” que tanto tiempo nos han hecho perder y tanta desconfianza ha generado en la ciudadanía.
El giro discursivo de los principales actores públicos y privados en favor de una reconversión verde de la economía parece señalar “el momento del hombre en la Luna para Europa” como ya señaló la Presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El recién estrenado Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, implica disponer de un marco legal que en un primer nivel obligará a las entidades a que se autodefinan manifestando si tienen en cuenta la sostenibilidad o no. Las gestoras en aras a una mayor transparencia estarán obligadas a publicar su política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Aquellos que no puedan probar verazmente lo que dicen estarán sometidos a las sanciones generales que establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con esta y con otras iniciativas la Unión Europea ha redirigido el rumbo hacia la digitalización y la economía verde. Los gigantes financieros van adoptando de forma progresiva criterios ambientales, sociales y de gobierno (ASG) con orientación de futuro y destino verde.
La economía verde como apuesta de futuro sin dejar a nadie atrás mediante un Fondo de Transición Justa, también debería de obligar a los partidos políticos a definir sus discursos en términos de sostenibilidad y a las diferentes instituciones y administraciones a hacerlos efectivos de forma igualmente sólida y veraz. Por su parte, la influyente economista Mariana Mazzucato utiliza la misión Apolo para señalar los fundamentos políticos hacia un futuro sostenible. Los principios rectores para una nueva economía política deben tener en cuenta un sólido propósito, la adopción de riesgos y la innovación, el dinamismo organizacional, las visiones a largo plazo con los presupuestos enfocados a los impactos y resultados, la colaboración entre sectores y una solvente relación entre lo público y lo privado. Sin embargo, gobernar la transición ecológica exige otro tipo de participación del estado en la economía, donde se reformule la colaboración público privada, así como el propio rol del sector financiero. La narrativa neoliberal de los años ochenta que propugnaba un Estado mínimo, en el que se planteaba la intervención estatal solo a la hora de arreglar los desajustes, ha tenido supeditada la lógica institucional generando no pocos problemas. En lo tocante al ámbito de las grandes corporaciones empresariales y financieras, éstas se han orientado a los dividendos y han olvidado sus objetivos sociales. Ante los retos de carácter social, ambiental y tecnológico que encaramos es urgente adoptar otros enfoques, fortaleciendo lo público. Más que nunca el Estado va a resultar clave precisando altura de miras, ya que el sector privado tampoco puede hacer frente por sí solo a tanta incertidumbre.
Gobernar la transición ecológica implica que los gobiernos, en sus diferentes ámbitos y niveles, fortalezcan los sectores que previamente se hayan definido como estratégicos, determinando y controlando algunos de los intereses económicos en beneficio de lo público y lo privado que generen prosperidad para todos. Esto pasa por activar una economía verde productiva basada en la actividad económica real, con mejores marcos reguladores y coherencia entre políticas para un desarrollo sostenible, financiación verde con criterios de largo plazo y sólidos pactos interinstitucionales para su coordinación, que otorguen seguridad política, jurídica y social reflejando la firmeza que la coyuntura exige.
*Este artículo forma parte de una serie que Diario Responsable ofrecerá a sus lectores fruto de su acuerdo con EJE&CON: EJE&CON y Diario Responsable colaboran para visibilizar el talento sin género y sin generación. Otros artículos relacionados:
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