Un monocultivo es un desierto alimentario. La frase no es mía, pero la escuché el mismo día que se presentaba la investigación realizada por Alianza por la Solidaridad-ActionAid sobre los impactos de la caña de azúcar en tres países de Centroamérica y Colombia, lugares todos ellos en una dramática situación social y económica. En el caso de Colombia, ahora en pleno estallido. El informe, en el que se han invertido muchos meses de trabajo en los territorios del otro lado del Atlántico, no deja lugar a dudas sobre la expansión de cultivos que generan gravísimos impactos ‘disfrazados’ de un desarrollo que no sabe de responsabilidad ambiental, ni social, ni tan siquiera legal en algunos casos.
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¿Cómo impacta la nueva realidad al crecimiento de la empresa? Covid, cambio climático, el impacto de la transformación digital en el empleo, ciberseguridad y protección del dato, el poder del algoritmo y la ética en la inteligencia artificial, la innovación social, el garantizar una cadena de valor responsable, diversidad-inclusión-igualdad, la transparencia, etc… ¿Conocen las empresas cuáles son los aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) más relevantes para sus grupos de interés y el impacto que tienen en el negocio? ¿Cómo los prioriza e integra en la estrategia y la gestión diaria?
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Medir es necesario, hablemos de lo que hablemos, lo que no se mide se desconoce y lo que no se conoce no se puede cambiar, para bien o para mal. Para hacerlo debemos echar mano de métricas, que no son más que sistemas de medición que sirven para cuantificar y evaluar el desempeño de las organizaciones, de forma que pueda compararse con las de su entorno y también para conocer si las estrategias aplicadas están contribuyendo adecuadamente a los resultados esperados. No tienen por qué concluir en una certificación ad hoc, como reconocimiento por una entidad independiente que verifica que la organización efectivamente hace las cosas bien, de forma genérica, de acuerdo a determinados procedimientos.
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¿De qué estamos hablando? Hace un par de años, en una jornada sobre Responsabilidad Social Empresarial organizada por una fundación universitaria, el Vicerrector encargado de su inauguración expuso con aplomo que el tema a tratar era de máximo interés para fundaciones y empresas, pero no aplicable a la universidad al ser ésta, por sus propios fines y actividad, socialmente responsable. Estaba en la mesa como ponente y, al escuchar las palabras del Vicerrector, no pude evitar un ligero estremecimiento ante la seguridad que otorga el desconocimiento; la incomprensión de un concepto íntimamente ligado a la sostenibilidad de las organizaciones, sean éstas de naturaleza privada o pública, fabriquen tuercas o impartan enseñanza.
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La diplomacia que tiene que ver con los derechos humanos y el medio ambiente camina tan lenta que parece mentira que la misma especie sea capaz de romper la velocidad del sonido para un vuelo comercial. Camina lenta y en la polvareda de ese deambular van quedando miles de personas muertas, presas y perseguidas de las que casi no hay recuentos y llegan pocas noticias. La reflexión viene a cuento del Acuerdo de Escazú que entra en vigor este 22 de abril de 2021 -el Día de la Tierra- , en América Latina y el Caribe, una región que acoge a 630 millones de personas (el 8% de todos los seres humanos) y donde apenas una docena de gobiernos de los 46 existentes ha dado el visto bueno a un convenio que trata de proteger vidas, cuidar los recursos naturales y evitar expolios.
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