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A menudo escuchamos que el consejo de administración solo tiene sentido para grandes empresas y en particular, si están cotizadas o sometidas a complejas normativas regulatorias, de forma que el consejo cumpla la función de control de forma adecuada y pueda prevenir problemas regulatorios y riesgos, y como consecuencia de ello, en ocasiones, incluso reputacionales. La función esencial justificativa de la existencia del consejo de administración, se constituye así la función de control, vertebrando la Teoría de la agencia, según la cual, los consejeros reciben el mandato de actuación de los inversores cuyos intereses representan en el consejo.
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El pasado 10 de marzo entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, que obliga a los distintos actores del mercado financiero a informar sobre la forma en que integran sus riesgos de sostenibilidad y como se concreta la sostenibilidad, atendiendo a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, en los productos financieros que ofrecen o sobre los que asesoran a los inversores y ahorradores. Esta norma, conocida como la SFDR por sus siglas en inglés, supone un cambia sustancial tanto en las políticas internas de los operadores financieros, en referencia a la información a facilitar, como en la clasificación de los productos financieros sostenibles, como luego veremos al repasar el contenido de la norma.
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El ecosistema empresarial está evolucionando a gran velocidad movido por la influencia de un cliente consciente del poder que ostenta y de un inversor que apuesta por empresas que responden a criterios de sostenibilidad. Tradicionalmente, los esfuerzos desde las empresas para dar respuesta a las necesidades sociales y medioambientales partían de los departamentos de Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, en estos momentos las empresas son cada vez más conscientes de su rol como agentes de cambio respecto a otras problemáticas.
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Fue allá en el año 1998, cuando la CNMV publicó por primera vez sus Recomendaciones sobre los Códigos de Buen Gobierno de las entidades Cotizadas. Esos modelos de Gobierno fueron siendo paulatinamente adoptados por el resto de empresas, que asumían (casi voluntariamente) el reto de implementar un Código de Buen Gobierno y diseñar un Código Ético propio.Fue un buen principio. Ahora toca pasar al siguiente estadio y asumir el compromiso ESG (Enviromental, Social Governance) como una más de las responsabilidades intrínsecas de los Consejeros.
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Se veía venir que la Humanidad no iba a responder solidariamente… Y eso que la compasión del género Homo con los congéneres más desvalidos ha sido documentada desde tiempos de Atapuerca, hace casi medio millón de años. Sin embargo, la mayor pandemia jamás vivida en todo el planeta –porque la gripe española no llegó a tantos rincones como el maldito SARS-COVID-19- nos ha puesto ante un espejo que nos devuelve el reflejo de un mundo de rapilla en el que ‘el otro y la otra’ han quedado fuera del foco. Primero fueron las mascarillas, luego los medicamentos que podían curar el coronavirus. Ahora, las vacunas.Datos de la Alianza por una Vacuna Popular, una coalición internacional de organizaciones de las que forma parte la ONG española Alianza por la Solidaridad-Action Aid, son clarividentes: el 50% de la producción de todas las vacunas ya ha sido comprada o comprometida para el 14% de la población mundial.
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