Opinión

“El cambio está en camino, le guste a la industria petrolera, o no”. Con estas palabras abría su editorial el Washington Post el día 29 de mayo, haciendo un guiño a las palabras de Greta Thunberg en la ONU en 2019. Desde luego las noticias de las semanas anteriores no hacían sino apoyar esta tesis. Gigantes de la talla de Exxon Mobil, Chevron o Shell se vieron sometidos a una presión por parte de accionistas y distintos grupos de control sin precedentes buscando un compromiso claro y fuerte en relación con el cambio climático.

Hace años escuche por primera vez en un foro de Responsabilidad Social Empresaria al emprendedor Emiliano Fazio quien definía la RSE como: “El ejercicio de resolver las propias contradicciones y la resolución de las controversias que se presentan”. Desconozco si será de su autoría, pero se ha grabado a fuego en mí, esta definición. Hoy he pasado del mundo emprendedor a trabajar en el sistema educativo y sigo haciendo este ejercicio de observar, aceptar y resolver las propias contradicciones y de poder llevar adelante decisiones sobre temas que se presentan tratando de que estén en total acuerdo con mis valores. Conciliar mundos externos con mundos internos es un desafío constante.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) explica a los políticos en qué nivel están ahora los conocimientos científicos sobre el cambio climático. En resumen, exponen que el cambio climático va a transformar radicalmente la vida en la Tierra en los próximos decenios (aunque los humanos puedan controlar las emisiones de gases de efecto invernadero), que la extinción de especies, la generalización de enfermedades, el calor insoportable, la destrucción de ecosistemas, ciudades amenazadas por la subida de los mares y otros efectos devastadores se están acelerando y serán penosamente visibles antes de que un niño nacido hoy cumpla 30 años.

La nueva normalidad. Es el concepto que ha sido acuñado por distintos países, a la hora de referirse a la nueva era que estamos viviendo. La ciencia, una vez más, estuvo de nuestro lado y la vacunación contra la COVID19 nos ha dado esa luz de esperanza en el camino hacia la libertad. Gran parte de Europa ha empezado a liberar el uso de la mascarilla, mientras en Latinoamérica se sigue apreciando la misma tendencia. El motor de la sociedad comienza a ajustar los engranajes para volver a ponerse en marcha. Pero ya nada será igual. Frente a este panorama, la lucha contra la pobreza se suma al mayor desafío económico del último tiempo. 119 millones de personas han bajado drásticamente sus ingresos en el planeta. Según la ONU, la tasa de pobreza aumento de un 8,4% el 2019 a un 9,5 el pasado 2020.

La Ley General de Discapacidad (LGD) en su artículo 42 establece que “Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad”. Esta ley -que sustituye a la antigua LISMI- sigue siendo una gran desconocida para muchas empresas y en algunos casos, se convierte en un dolor de cabeza para los directores de Recursos Humanos que tienen que gestionarla e implementarla. Desde Fundación Randstad llevamos 17 años asesorando a las empresas sobre el cumplimiento de esta normativa. La búsqueda de perfiles con discapacidad que encajen en la empresa no es una tarea sencilla.