La Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra 20 Estados miembros, entre ellos España, por no haber incorporado plenamente a sus legislaciones nacionales la nueva normativa comunitaria destinada a reforzar la protección de los consumidores frente al greenwashing. La medida busca aumentar la transparencia de las declaraciones ambientales y combatir las prácticas comerciales engañosas vinculadas a la sostenibilidad.
