El transporte es sin duda, uno de los principales ámbitos de actuación en lo que a la reducción de emisiones de nuestra sociedad y nuestras ciudades se refiere. La electrificación es la vía más obvia para sustituir el consumo directo de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, conectar la movilidad con la evolución del sistema energético. Esto nadie lo duda y, por supuesto, no lo dudamos quienes trabajamos en el sector convencidos de sus beneficios. Pero debemos ser realistas: un vehículo eléctrico no es automáticamente una solución climática solo por no usar combustibles fósiles, también debe ir acompañado de una generación eléctrica cada vez más baja en carbono, una infraestructura eficiente y una visión general del sector, los gobiernos y los usuarios, que abarque todo su ciclo de vida. Ahí está el verdadero reto de hoy.
La transición hacia el vehículo eléctrico necesita, en primer lugar, infraestructura. No basta con que los vehículos sean más asequibles, tengan mayor autonomía o incorporen baterías más eficientes. Los conductores necesitan poder cargar cuando y donde lo necesiten, si queremos verdaderamente contribuir a esa reducción de emisiones, hacerlo con energía verde. Somos muchos los operadores de recarga que solo suministramos electricidad de origen renovable (en nuestro caso, 117 GWh en 2025 una energía equivalente a 585 millones de kilómetros recorridos en vehículo eléctrico y que ha permitido evitar 79.560 toneladas de CO₂e). Porque sí, la infraestructura de recarga puede -y debe- convertirse en uno de los principales motores para reducir la huella climática del transporte.
Desde el minuto cero del VE
Ahora bien, precisamente porque la electrificación representa una oportunidad tan relevante, debemos exigirle también rigor. La transición no puede limitarse a desplazar las emisiones desde el tubo de escape hacia otros puntos de la cadena de valor. Fabricar vehículos, baterías, cargadores, transformadores o infraestructuras requiere materias primas, energía y procesos industriales. Una movilidad plenamente sostenible debe tener en cuenta todas esas etapas.
La misma lógica debe aplicarse a los operadores: el impacto positivo de una red de recarga. No se trata solo de utilizar energía verde y ‘emitir’ menos, porque eso no elimina automáticamente el impacto asociado a construirla. Además, en general, también aquí, una parte de la huella de carbono del sector de la recarga proviene de la cadena de suministro.
Por eso tenemos que cambiar la perspectiva. Todo el sector debe enfocarse en diseñar estaciones más duraderas y modulares, facilitar la reparación y sustitución de componentes, incorporar materiales reciclables, reducir las emisiones asociadas al transporte de equipos o integrar soluciones de generación y almacenamiento energético. Quizá parezcan decisiones pequeñas frente a la magnitud de la transición, pero no olvidemos que se multiplican por miles o millones de infraestructuras, y creciendo.
La buena noticia es que muchas de las piezas ya están sobre la mesa. El vehículo eléctrico ha dejado de ser un producto de nicho; la tecnología de recarga avanza; la generación renovable gana peso y las empresas están empezando a medir con mayor precisión su impacto climático. El siguiente paso consiste en conectar todos estos elementos y llevarlos a escala.
Porque la descarbonización del transporte no es responsabilidad de un único sector. Requiere fabricantes, operadores de recarga, compañías energéticas, administraciones públicas, gestores de flotas, inversores y, por supuesto, ciudadanos. Cada uno tiene una parte de la solución y también una parte de la responsabilidad.
El debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en si la movilidad eléctrica llegará, ni siquiera en si va a resolver el desafío climático, porque por sí sola, no lo logrará. La cuestión verdaderamente relevante es cómo conseguimos que la electrificación del transporte llegue más rápido, más lejos y de forma mucho más eficiente. Es tarea de todos conseguirlo.
