El mundo se enfrenta a un nuevo deterioro de la situación alimentaria. Tras décadas de mejoras, los indicadores internacionales muestran un cambio de tendencia que amenaza especialmente a las poblaciones más vulnerables. El Índice Global del Hambre (Global Hunger Index, GHI) 2026 alcanza los 18,1 puntos, por encima de los 17,6 registrados en 2018, lo que evidencia que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes para consolidar los progresos.
El informe, difundido en español por Ayuda en Acción, ha sido elaborado por Welthungerhilfe, Concern Worldwide y el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y de los Conflictos Armados (IFHV). Estas entidades integran Alliance2015, una red europea de cooperación y acción humanitaria de la que también forma parte la organización española.
Los resultados dibujan un panorama inquietante: 44 países sufren niveles graves o alarmantes de hambre y 32 han empeorado su situación desde 2018. Además, las proyecciones indican que, si no se acelera la respuesta internacional, al menos 57 países llegarán a 2030 sin haber conseguido reducir el hambre hasta niveles considerados bajos.
La edición de este año, presentada bajo el lema «No hay seguridad sin seguridad alimentaria», analiza cómo la violencia y la inestabilidad comprometen el acceso a una alimentación adecuada.
Las guerras no solo ponen en peligro la vida de millones de personas, sino que también destruyen las condiciones necesarias para garantizar su subsistencia. La pérdida de tierras de cultivo, los daños en las infraestructuras, la interrupción de las cadenas de suministro y los desplazamientos forzosos afectan directamente a la producción y distribución de alimentos.
Pilar Lara, integrante del equipo de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción, advierte de que estas consecuencias pueden prolongarse durante años, incluso después de que disminuya la violencia. Las familias desplazadas, además de abandonar sus hogares, suelen perder sus empleos, sus cultivos y otras fuentes de ingresos, lo que dificulta enormemente su recuperación.
Esta situación se ve agravada por el debilitamiento de la cooperación internacional. Según recoge el informe, los recursos humanitarios y de desarrollo destinados a los sectores alimentarios en escenarios de crisis han descendido hasta niveles comparables con los de 2016 y 2017. La reducción de fondos no solo limita la atención inmediata, sino que también amenaza las iniciativas de prevención y recuperación a largo plazo.
Las desigualdades territoriales siguen siendo una de las principales características del hambre mundial. África subsahariana concentra los indicadores más preocupantes, con una puntuación regional de 27,5, correspondiente a una situación grave.
Por primera vez después de varios años de mejoras, la región registra un incremento de sus niveles de hambre. Los conflictos armados constituyen uno de los principales factores de este deterioro: cuatro de las seis mayores crisis alimentarias asociadas a enfrentamientos violentos se localizan en Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur.
La combinación de inseguridad, desplazamientos y dificultades económicas limita la capacidad de respuesta de las comunidades y aumenta su dependencia de la ayuda humanitaria.
Pese al empeoramiento de los indicadores mundiales, el documento reconoce que las políticas sostenidas de desarrollo pueden transformar la realidad alimentaria de los países.
Mozambique constituye un ejemplo significativo. Desde el año 2000 ha conseguido reducir considerablemente sus niveles de hambre, pasando de una clasificación alarmante a otra grave. Sin embargo, los resultados nacionales esconden profundas diferencias territoriales y dificultades para mantener los avances.
En la provincia de Cabo Delgado, nueve años de conflicto han provocado desplazamientos reiterados y prolongados. Muchas familias continúan encontrando obstáculos para acceder a alimentos, vivienda, agua potable, saneamiento, servicios sanitarios y educación.
Entre las personas afectadas se encuentra Bela, una joven de 23 años y madre de cuatro hijos que tuvo que abandonar su hogar hace cuatro años para escapar de la violencia. La huida obligó a su familia a dejar atrás sus pertenencias y sus medios de subsistencia, iniciando un periodo marcado por la precariedad habitacional y la falta de recursos básicos.
Gracias al acompañamiento de Ayuda en Acción, Bela y sus hijos pudieron acceder a una vivienda y a materiales esenciales para el hogar. Posteriormente, la joven comenzó una pequeña actividad comercial de venta de carbón, con la que obtiene ingresos para adquirir alimentos, ropa y otros productos necesarios para sus hijos.
Su experiencia pone de manifiesto que superar una crisis alimentaria exige mucho más que distribuir comida durante una emergencia. También requiere crear las condiciones para que las personas reconstruyan sus proyectos de vida y recuperen su independencia económica.
Una de las principales conclusiones del GHI 2026 es que la alimentación debe ocupar un lugar central en las políticas de seguridad y construcción de paz.
Disponer de alimentos suficientes, contar con ingresos estables y acceder a sistemas de protección social son elementos fundamentales para reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a nuevas crisis.
Desde Ayuda en Acción insisten en que la intervención humanitaria debe complementarse con estrategias de desarrollo que permitan reconstruir los medios de vida de las poblaciones afectadas. En este sentido, la organización defiende la necesidad de impulsar una agricultura sostenible y adaptada al cambio climático, fortalecer las capacidades locales, promover el empleo y ampliar los mecanismos de protección social.
Estas actuaciones resultan especialmente relevantes en territorios donde las consecuencias de los conflictos se combinan con fenómenos climáticos extremos y dificultades económicas.
El informe también identifica señales que invitan a mantener los esfuerzos. Desde 2018, 31 países han logrado reducir su puntuación en el índice más de un 10 %, lo que confirma que las intervenciones sostenidas en alimentación, salud, desarrollo económico y protección social pueden producir mejoras significativas.
No obstante, la continuidad de estos resultados dependerá de la capacidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para evitar que los recortes presupuestarios, las crisis económicas, el cambio climático y los enfrentamientos armados reviertan lo conseguido.
El Global Hunger Index constituye una herramienta de seguimiento de la evolución del hambre a escala nacional, regional y mundial. Su metodología combina cuatro indicadores: la proporción de población subalimentada, el retraso del crecimiento infantil, la emaciación —una forma de desnutrición aguda caracterizada por un peso demasiado bajo para la estatura— y la mortalidad infantil.
La edición de 2026 examina la situación de 136 países, aunque dispone de información suficiente para calcular una puntuación en 122 de ellos.
Los resultados dejan una advertencia: reducir el hambre es posible, pero los avances no están garantizados. Mantenerlos exige una financiación estable, políticas públicas sostenidas y respuestas capaces de abordar tanto las emergencias alimentarias como las causas estructurales que las provocan.
