“Letra muerta” es una metáfora que expresa muy bien los acuerdos incumplidos; los esfuerzos y recursos que agonizan en papeles. La enorme expectativa que genera un pacto cuando se firma se transmuta en decepción, si este se incumple. Por eso entiendo la precaución de la comunidad internacional con el último acuerdo sobre el cambio climático firmado por China y EE.UU en la cumbre Asia-Pacífico, realizada la semana pasada en Pekín.
En la gestión del cambio climático –y del medioambiente en general- los ciudadanos hemos sido testigos de foros ampulosos; de maratónicas negociaciones entre gobiernos. Nos han informado de la actuación de los lobbies y los activistas; de sus enfrentamientos dialécticos, y a veces callejeros. Hemos visto decepciones y aplausos… pero sobre todo hemos asistido al incumplimiento reiterado de los objetivos mínimos fijados por los gobiernos y las corporaciones.
Las excusas para incumplir los pactos son casi siempre las mismas: coyuntura económica; prioridades en las inversiones; plazos más condescendientes para la adecuación de la industria… etc. Seguramente estos argumentos son certeros, pero tanto como la falta de voluntad política. Aun se sigue enfocando el cuidado del medioambiente como un gasto y no como inversión; como un problema de las regiones más pobres… o como una tarea para las futuras generaciones.
La magnitud de los problemas ambientales y sociales de nuestro planeta crece de manera exponencial, mientras que la velocidad de las soluciones avanza con bastante más lentitud. Para hacer frente a estos grandes desafíos en los que estamos viviendo, es necesario emprender el camino de la sostenibilidad, apostando, entre otras cosas, por hacer de manera mucho más sostenible aquellas actividades que ya veníamos haciendo.
Y en este camino todos tenemos que afrontar nuestra parte de responsabilidad: las administraciones públicas, las ONG y las empresas. En España, las empresas de múltiples tamaños y características, se cuentan por millones, y muy en especial las pequeñas y medianas empresas; las pymes y las micro-pymes.
No quiero hablar aquí de la inversión socialmente responsable, sino de la inversión: de la decisión de poner mi dinero en unos activos o en otros, en un lugar o en otro, en un sector o en otro, en una empresa o gobierno o en otro. Cuando yo era (más) joven, los manuales de ética hablaban de la responsabilidad por la cooperación a las acciones ajenas (malas y buenas, claro). El que le vende la pistola a un asesino, el que echa un colorante dañino a un producto alimenticio porque se lo manda su jefe o el que acomoda la contabilidad para que salga “guapa”, tienen una responsabilidad, que será muy grande en unos casos y muy pequeña en otros. Pero tienen responsabilidad. Pues lo mismo pasa con la inversión.
Como de sobra sabrán los avisados lectores de Diario Responsable, acaba de celebrarse una nueva reunión del G20 en Brisbane, en la que, entre otros asuntos, los presidentes y primeros ministros del Grupo han tratado un tema crucial: la necesidad de limitar las estratagemas de minimización de pagos impositivos de las empresas transnacionales. Y justo unos días después de que saltara a la luz la noticia de la impresentable firma de convenios secretos de tributación especialmente baja de 300 grandes empresas transnacionales con el Gobierno de Luxemburgo.
Tampoco la noticia supone nada radicalmente nuevo (aparte de la especial desvergüenza que revela): en buena medida, la optimización fiscal de las grandes empresas es un tema -como también sabe de sobra el querido lector- desgraciadamente bastante viejo. Algo que se canaliza en parte a través de descaradas prácticas ilegales (evasión fiscal), pero también (lo que era el tema de particular atención de la reunión) a través de más sofisticadas prácticas legales. Se trata de la llamada elusión fiscal, desarrollada sistemáticamente por muchas grandes empresas mediante las pudorosamente denominadas estrategias fiscales agresivas o de ingeniería fiscal: relocalización del beneficio en países de baja imposición a través de transferencias intraempresariales, ventas por internet que se facturan en países de baja o nula imposición, abusos en acuerdos de doble imposición (en los que los dividendos de filiales no tributan y se inflan, en detrimento de los beneficios de ubicaciones en países de mayor imposición), financiación de filiales con préstamos en lugar de capital (para aprovechar la deducción de gastos financieros), utilización de los llamados instrumentos financieros híbridos entre filiales (préstamos participativos que en un país se consideran gastos financieros deducibles y en otro capital) y un largo etcétera… aparte, por supuesto, del uso legal de paraísos fiscales. Para más información, recomiendo encarecidamente el libro de Francisco de la Torre ¿Hacienda somos todos?, Debate, 2014.
Como decía, se trata de un problema en absoluto novedoso, frente al que los gobiernos de los principales países del mundo -pese a la abundante palabrería al respecto- nunca han querido actuar con decisión: porque ninguno quiere imponer exigencias fiscales mayores que otros países para no desincentivar la localización de transnacionales en su territorio y porque ninguno quiere tampoco penalizar más que otros países la competitividad de las empresas instaladas en su ámbito espacial.
La ONCE y su Fundación han presentado hoy Ilunion, la nueva marca que reúne y unifica a todas sus empresas y que nace de la experiencia acumulada por la Organización durante más de tres décadas. Ilunion es la demostración de que la economía social es posible, un modelo empresarial y social formado por personas, muchas de ellas con discapacidad, que trabajan para personas.
La nueva marca ha sido presentada en Madrid por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, acompañados por responsables del mundo económico, social y cultural, además del mundo asociativo de la discapacidad.
Báñez ha indicado que “Ilunion es el ejemplo de la nueva cultura del empleo en nuestro país, con pluralidad de talentos y que pone a las personas con toda su capacidad al servicio de los demás”. La ministra de Empleo y Seguridad Social ha afirmado que “la creación de Ilunion es un paso adelante para la sociedad española, porque sois lo mejor de la Marca España”.
Banco Santander, a través de Santander Universidades, abre este sábado el plazo para que estudiantes universitarios puedan solicitar una de las 5.000 'Becas Santander Prácticas en PYMEs' para realizar prácticas profesionales remuneradas durante tres meses alguna de las pequeñas y medianas empresas que también se han inscrito al programa.
La finalidad de estas becas, que cuentan con una aportación de 18.000 euros cada una, es "complementar la formación de los estudiantes, acercarles al ámbito profesional y favorecer su contacto con las empresas que puedan facilitarles su inserción en el mercado laboral".
El programa, financiado por Banco Santander, a través de Santander Universidades, nació en el año 2011 gracias al acuerdo alcanzado con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Conferencia Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Así, desde su creación y una vez finalizado este curso, habrá beneficiado a un total de 17.500 estudiantes e invertido más de 31 millones de euros.
El primer título que pensé para este post fue “No es país para honestos”, obviamente como una clara referencia a “No es país para viejos” novela escrita por Cormac McCarthy, magistralmente adaptada al cine y dirigida por los hermanos Cohen.
Tengo que decir que, como novela y adaptación de una obra de McCarthy, prefiero “La Carretera” (The Road), por aquello de presentar una distopía desoladora con un mundo en el que nuestro mayor temor es encontrarnos con otro ser humano, precisamente porque sabemos lo que un humano desesperado es capaz de hacer. Pero también por ser una historia de esperanza, en la que es posible encontrar bondad entre tantos horrores.
Pido perdón al lector, porque mi manía con la falta de ética del sistema financiero internacional empieza a ser molesta, o al menos eso me temo. Pero molesta para los bancos. Y alarmante para el resto del público. Ahora es un artículo de Richard Lambert en el Financial Times del pasado 31 de octubre (aqui, en inglés). “La plaga en el corazón de la banca va más allá de unas cuantas manzanas podridas”, es su título.
Han pasado diez años largos desde que se iniciara en España el debate y la promoción de la Responsabilidad Social de las empresas (RSE). Diez años en los que se han producido multitud de iniciativas, publicaciones, guías, acuerdos, jornadas, prácticas empresariales y un extenso desarrollo mediático, político y social sobre esta renovación conceptual de la empresa, que la relaciona con sus grupos de interés y con sus impactos sociales, laborales y medioambientales. Es hora de hacer balance y de hacerlo abiertamente, abordando la cuestión nuclear: ¿Está sirviendo la RSE para transformar la cultura interna de la empresa, integrando en su gestión una visión amplia de sus impactos y de sus responsabilidades para con la sociedad? ¿O por el contrario y en el fondo, todo está siendo un gigantesco engaño para hacer marketing social y buscar simplemente mejorar la reputación corporativa?
Fui uno de los primeros impulsores de este movimiento en España a principios de la década pasada. Lo hice creyendo que la RSE era una excelente oportunidad de hacer mejores empresas y de aprovechar sus enormes influencias en beneficio de la sociedad. Lo hice convencido de que los nuevos tiempos y la nueva ciudadanía reclamaban empresas con valores sociales y compromisos colectivos como base imprescindible de competitividad y ciudadanía corporativa. Lo hice porque me parecía evidente que las empresas, cada vez más, construyen hábitats de vida, "hacen sociedad", y su influencia en el desarrollo social y en la calidad de nuestra vida crece en la globalización y en la debilidad de los Estados y de los sindicatos. Creía en todo esto, y por eso he trabajado por una RSE integral y honesta, aunque voluntaria y progresiva.
David A. Crocker, investigador y profesor de la Maryland School of Public Policy, ha defendido en la 2ª sesión del XXIV seminario de la Fundación ÉTNOR la Ética del Desarrollo como una parte de la solución a la corrupción dentro de la democracia.
Crocker ha iniciado su conferencia destacando que “actualmente, la corrupción es la preocupación principal de la ciudadanía en el mundo. Una corrupción que se da cuando el egoísmo actúa impunemente y la democracia no tiene la fortaleza suficiente para frenar sus efectos”.
