En el 2018 ha entrado en vigor la Directiva europea 2014/95 sobre divulgación de información no financiera, que obliga a las grandes empresas a publicar información acerca de sus políticas y acciones en materia de sostenibilidad, diversidad, corrupción y derechos humanos. Resumiendo, las grandes empresas tendrán que dar explicaciones y justificar sus acciones pública y anualmente. Sin embargo, en España, a diferencia de otros países de la UE, no se prevé sanción alguna por incumplimiento de la directiva. ¿Sigue siendo una buena noticia?