Europa está inmersa en una serie de debates medioambientales, especialmente sobre el polémico glifosato y la inversión responsable. En este sentido, se espera que la Comisión Europea tome decisiones importantes en los próximos meses. Para ello, contará con el asesoramiento del Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLEG, por sus siglas en inglés), que fue establecido en 2016 por la Unión Europea y que se espera que publique sus recomendaciones dentro de poco.
¿Es el glifosato un debate envenenado?

Tras estas deliberaciones, podrían desvelarse algunas medidas en favor de las finanzas sostenibles. Entre ellas, la inclusión de los criterios ESG en los mandatos de la autoridad supervisora, la incorporación de criterios medioambientales y sociales en las obligaciones fiduciarias de las compañías de inversión y los inversores –este ya es el caso en Francia dado que figura en el artículo 173 de la ley de 2016 sobre Energía y Transición Ecológica- y la reducción de los requisitos de adecuación de capital para algunas inversiones verdes realizadas por bancos.

Deberíamos tener una mayor visibilidad el 22 de marzo, cuando se presentará el plan de acción de finanzas verdes, una iniciativa apoyada por el Parlamento Europeo, al menos en principio. Los parlamentarios comunitarios también se centrarán dentro de poco en disruptores endocrinos, un área en la que se podría incluir el glifosato. En nuestra opinión, creemos que sería favorable que existiese una postura más clara y proactiva de Europa, una que reequilibrara la votación del 17 de noviembre en favor de renovar la autorización del glifosato.

Tras dos años de titubeos y controversias con el glifosato, los países de la UE alcanzaron un acuerdo a finales de noviembre de 2017 y renovaron la autorización del herbicida por otros cinco años. El glifosato, que es la sustancia activa del famoso Roundup y está presente en numerosos herbicidas, representa supuestamente un 25% del mercado de herbicidas global y es el más vendido del planeta. En Francia, se vendieron en 2016 cerca de 8.000 toneladas. Las autoridades locales han tenido que prohibir su uso desde el 1 de enero de 2017 y la prohibición se aplicará sobre particulares a partir del 1 de enero de 2019.

Algunos estudios científicos han analizado los efectos del glifosato, pero con distintas conclusiones. En marzo de 2015, tras examinar miles de estudios científicos, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que reporta a la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como “probable cancerígeno”. Sin embargo, en noviembre de 2015, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) comunicó que veía “improbable” que el glifosato pudiera causar cáncer. Más recientemente, el 15 de marzo de 2017, la Agencia Química Europea (ECHA) también dijo que el pesticida no era cancerígeno. No obstante, el glifosato está en la lista de California de elementos cancerígenos desde el 7 de julio.

Todas estas conclusiones contradictorias no hacen más que alimentar la polémica. Pero la razón es simple: la IARC emplea estudios de expertos investigados por conflictos de intereses mientras que las agencias regulatorias también se apoyan en estudios financiados por industriales (anónimos). La EFSA ha sido acusada de copiar secciones enteras de un estudio realizado en 2012 por Monsanto bajo el título ‘Glyphosate Task Force’, un lobby que representa a un consorcio de compañías lideradas por Monsanto, y de conceder a los industriales un derecho de revisión que le fue denegado a las ONG. También se dice que la EFSA y ECHA han excluido importantes estudios.

Cuidado con la confusión

El problema del glifosato se ha confundido con el proyecto europeo de regular los disruptores endocrinos (ED). El Parlamento Europeo está dispuesto a adoptar unos criterios de identificación de disruptores endocrinos para ayudar a retirarlos de los mercados o, en primer lugar, para hacer que dejen de venderse. Las prohibiciones concernirían en un primer lugar a los disruptores endocrinos en pesticidas y posteriormente se extenderían a otras categorías como cosméticos, plásticos y juguetes, en los que también tienen una fuerte presencia. Se piensa que los disruptores endocrinos contribuyen a un aumento de patologías como la esterilidad, algunos cánceres, diabetes y obesidad, así como a alteraciones en el desarrollo cerebral. En teoría, el glifosato entra en la definición de disruptor endocrino.

El debate es muy diferente desde la decisión de Francia en junio de 2016 de prohibir insecticidas de la familia neonicotinoide, los famosos “matadores de abejas”, a partir de septiembre de 2018 (con posibles excepciones hasta 2020). Existe una moratoria sobre ellos en Europa desde 2013, para la mayoría de los cultivos (girasoles, maíz y colza), salvo para algunos cereales en inverno y remolacha. E incluso así, su uso ha aumentado. Según el sindicato de apicultura, el uso de los cinco principales insecticidas para abejas vendidos en Francia (acetamiprid, clotianidina, tiametoxam, imidacloprid y thiacloprid) aumentó de 387 toneladas en 2013 a 508 toneladas al año siguiente (un aumento del 31% en un año). La EFSA completará su evaluación de riesgos para las abejas en febrero de 2018.

 

Jean-Philippe Desmartin

Director del Equipo de Inversión Responsable en Edmond de Rothschild AM



 

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