La nueva normalidad. Es el concepto que ha sido acuñado por distintos países, a la hora de referirse a la nueva era que estamos viviendo. La ciencia, una vez más, estuvo de nuestro lado y la vacunación contra la COVID19 nos ha dado esa luz de esperanza en el camino hacia la libertad. Gran parte de Europa ha empezado a liberar el uso de la mascarilla, mientras en Latinoamérica se sigue apreciando la misma tendencia. El motor de la sociedad comienza a ajustar los engranajes para volver a ponerse en marcha. Pero ya nada será igual. Frente a este panorama, la lucha contra la pobreza se suma al mayor desafío económico del último tiempo. 119 millones de personas han bajado drásticamente sus ingresos en el planeta. Según la ONU, la tasa de pobreza aumento de un 8,4% el 2019 a un 9,5 el pasado 2020.
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La Ley General de Discapacidad (LGD) en su artículo 42 establece que “Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad”. Esta ley -que sustituye a la antigua LISMI- sigue siendo una gran desconocida para muchas empresas y en algunos casos, se convierte en un dolor de cabeza para los directores de Recursos Humanos que tienen que gestionarla e implementarla. Desde Fundación Randstad llevamos 17 años asesorando a las empresas sobre el cumplimiento de esta normativa. La búsqueda de perfiles con discapacidad que encajen en la empresa no es una tarea sencilla.
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Hay que dar un paso más y tiene que ser en forma de ley que especifique las infracciones y las sanciones de las empresas que vulneran derechos humanos y ambientales. Da igual si lo hacen en territorio nacional o fuera. Así lo creen la docena de organizaciones no gubernamentales, que en realidad representan a más de 570, unidas en la Plataforma por Empresas Responsables. Quieren presionar al Gobierno desde la sociedad civil para que, más allá de la voluntariedad o no de quienes llevan las riendas de las grandes compañías, estos derechos sean insoslayables para cualquier negocio con sede dentro de nuestras fronteras.
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