La responsabilidad de mitigar sus impactos recae en científicos, gobiernos y comunidades, quienes deben trabajar en conjunto para responder a las catástrofes potenciales a las que pueden dar lugar. Ciertas regiones del mundo, allí donde las placas tectónicas interactúan con mayor intensidad, son especialmente vulnerables. Un ejemplo es el tsunami del 30 de julio de 2025, provocado por un gran terremoto en la zona de subducción entre la placa del Pacífico y la placa de Ojotsk, en el noroeste del Pacífico. Con una velocidad de convergencia de aproximadamente 8 cm/año, esta zona acumula energía rápidamente, lo que facilita eventos sísmicos de gran magnitud. Este de julio es comparable al terremoto de Kamchatka de 1952 (magnitud ~9.0), un evento de gran intensidad.
Los terremotos, origen principal de los tsunamis, surgen cuando las placas de la corteza terrestre, en ese constante movimiento a velocidades de milímetros a centímetros por año, se bloquean debido a la fricción en sus bordes. Esta obstrucción acumula energía, como un arco tensado, que al liberarse genera un seísmo. En ciertas condiciones físicas, el movimiento vertical del fondo marino impulsa enormes masas de agua, generando tsunamis que pueden devastar costas a miles de kilómetros. El desplazamiento submarino actúa como un disparador, creando una especie de escalón en el lecho marino que impulsa una ola que se propaga según la ecuación de onda, similar a las ondas en un lago tras arrojar una piedra, pero con una escala colosal. El tsunami de julio cubrió el Pacífico, afectando desde Japón hasta la costa oeste de Hispanoamérica. Es una extensión enorme.
Este fenómeno subraya la necesidad de una respuesta coordinada ante los desastres naturales. A diferencia de 1952, hoy contamos con tecnología avanzada que permite actuar con rapidez. Sistemas como el de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (IOC) y el Sistema de Alerta de Tsunamis del Atlántico Nordeste y Mediterráneo (NEAMTWS) monitorean en tiempo real los terremotos y las anomalías en el nivel del mar, mientras que las comunicaciones modernas, como Internet, difunden alertas instantáneamente. Pero hay una componente humana que no se puede soslayar.
En el Pacífico, los protocolos de evacuación permitieron desplazar a poblaciones hacia terrenos elevados, minimizando víctimas. Sin embargo, la logística de evacuación es un desafío constante. En regiones como el golfo de Cádiz podría llegar a ciudad en menos de media hora. Este corto margen de tiempo exige una preparación impecable. El Plan Estatal de Protección Civil contra el Riesgo de Tsunamis refleja el compromiso de las administraciones para enfrentar este riesgo, pero su éxito depende de la colaboración de todos los sectores de la sociedad.
La gestión de la infraestructura y de la información es una responsabilidad compartida. Gobiernos, científicos y ciudadanos deben asumir su rol: los primeros, invirtiendo en investigación (nunca se invierte lo suficiente) y en sistemas de alerta; los segundos, estudiando la física de la Tierra; y los terceros, participando activamente en la educación y preparación. Solo a través de esta responsabilidad compartida —donde cada eslabón, desde los sismólogos hasta los que viven en la costa, actúa con diligencia— podemos mitigar el impacto de los tsunamis y protegernos frente a un aspecto de la dinámica del planeta que aún hoy resulta impredecible. No podemos predecir terremotos, pero si lo hacemos bien podremos minimizar la destrucción que generan.
