En este momento, las entidades sociales, con contratos con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato, y los elevados niveles de inflación están resultando deficitarios para las organizaciones. Por eso la Plataforma del Tercer Sector ha impulsado la iniciativa «Más sostenibilidad, mejores servicios» que promueve la actualización de los precios en los contratos del sector público.
En el actual contexto económico, marcado por una elevada inflación y un incremento generalizado de los costes, las entidades del Tercer Sector se enfrentan a serias dificultades para mantener la sostenibilidad de los servicios que prestan. La aplicación de la Ley de Desindexación de la Economía Española impide la actualización de los precios en los contratos públicos, lo que está generando un grave impacto en la sostenibilidad de estas organizaciones.
La Ley 2/2015, de Desindexación de la Economía Española, pensada para estabilizar precios y mejorar la competitividad, está teniendo un efecto devastador en las organizaciones sociales que gestionan servicios públicos esenciales. Al impedir la revisión periódica de los precios en los contratos públicos, esta normativa obliga a las entidades a mantener los costes pactados durante toda la vigencia del contrato, sin importar si el contexto económico cambia radicalmente. Y ha cambiado.
En 2022, la inflación alcanzó cifras históricas, superando el 10%. A esto se sumaron subidas del salario mínimo, revisiones de convenios colectivos, y el impacto global de conflictos internacionales que encarecieron la energía, los alimentos y los suministros básicos. Las entidades sociales, que no buscan rentabilidad sino justicia, se vieron atrapadas en contratos deficitarios, sin posibilidad de adaptación.
Pero este no es solo un problema económico. Es un problema estructural porque la imposibilidad de revisar los precios de los contratos públicos en vigor, incluso ante escenarios de inflación o incremento de costes salariales, está generando tensiones financieras que comprometen la sostenibilidad de las entidades del Tercer Sector. Esta situación repercute directamente en la planificación, la gestión eficiente de los recursos y la capacidad de respuesta ante nuevas necesidades sociales. La desindexación, aplicada sin mecanismos de flexibilidad, erosiona progresivamente la sostenibilidad del propio modelo de bienestar.
Desde la Plataforma del Tercer Sector, alzamos la voz con claridad: es urgente reformar esta ley. No se trata de una petición imposible. Ya se han articulado mecanismos de revisión extraordinaria en otros sectores, como el de las obras públicas o el suministro de alimentos en centros penitenciarios. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en los servicios sociales?
La propuesta de la Plataforma del Tercer Sector es clara: es necesario permitir la revisión de los costes unitarios en contratos con entidades del Tercer Sector ante situaciones sobrevenidas, por razones de interés social. Apostamos por modificar el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, incluir excepciones específicas para el Tercer Sector, y establecer fórmulas de revisión en los pliegos que contemplen no solo materias primas o energía, sino también costes salariales y otros factores clave.
El Tercer Sector en España está formado por más de 28.000 entidades, representa el 1,44% del PIB, con 546.139 personas empleadas y, cada año, realiza más de 47 millones de intervenciones directas. Es un aliado imprescindible del sector público, y llega allí donde las administraciones no alcanzan. Ignorar su sostenibilidad es ignorar el bienestar de miles de personas. Por eso, este no es solo un debate técnico. Es una cuestión de justicia. De visión de país. De compromiso con quienes hacen posible que los derechos no se queden en el papel. Reformar la Ley de Desindexación es apostar por un modelo de contratación pública más justo, más humano y más eficiente. Es reconocer que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés.
Desde la Plataforma del Tercer Sector, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas: es hora de actuar. Porque proteger al Tercer Sector es proteger a las personas. Y porque, en definitiva, más sostenibilidad significa mejores servicios. Y mejores servicios significan más justicia social.
