Las y los eurodiputados de la comisión de Asuntos Jurídicos aprobaron con 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención las nuevas normas, denominadas de "diligencia debida", que obligan a las empresas a mitigar el impacto negativo que sus actividades tienen sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incluyendo la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.
