El compromiso ético del sector privado con el medio ambiente y los derechos humanos está ganando terreno como una obligación cada vez más imperante. A mediados del mes pasado, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó un proyecto de ley en colaboración con los gobiernos de la UE, que establece la responsabilidad de las empresas en la mitigación de su impacto negativo en dichos ámbitos.
Con 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, los eurodiputados de la comisión aprobaron las nuevas normas de "diligencia debida", las cuales obligan a las empresas a mitigar su impacto negativo en derechos humanos y medio ambiente, abarcando temas como la esclavitud, trabajo infantil, explotación laboral, pérdida de biodiversidad, contaminación y destrucción del patrimonio natural. Esta obligación se extiende a los socios tanto en la cadena de producción como en la distribución.
Esta propuesta, presentada por la Comisión el 23 de febrero de 2022, responde al llamado del Parlamento Europeo del año anterior en favor de una legislación obligatoria sobre diligencia debida. Se complementa con otros actos legislativos existentes y futuros, como el Reglamento sobre deforestación y el Reglamento sobre minerales conflictivos.
Una vez aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, la Directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Las normas se aplicarán a empresas tanto de la UE como fuera de ella, así como a matrices y franquicias con ciertos umbrales de empleados y volumen de negocios.
La aprobación de esta ley implica que las empresas deberán integrar la diligencia debida en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos, así como establecer un plan de transición hacia un modelo de negocio compatible con el límite de calentamiento global de 1,5 ºC establecido en el Acuerdo de París. Asimismo, las empresas serán responsables en caso de incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y deberán indemnizar a las víctimas. Deberán también adoptar mecanismos de denuncia y comprometerse con las personas y comunidades afectadas por sus acciones.
Los Estados miembros designarán una autoridad supervisora encargada de vigilar, investigar e imponer sanciones a las empresas que no cumplan, pudiendo incluir multas de hasta el 5% del volumen de negocios neto mundial de las empresas. Las empresas extranjeras deberán designar a un representante autorizado en el Estado miembro en el que operen.
Tras la votación en comisión, la eurodiputada Lara Wolters de Países Bajos expresó: "Estoy encantada de que una clara mayoría de miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos haya respaldado hoy la Directiva de Diligencia Debida. Ya es hora de que se adopte esta legislación, para poner fin a los abusos corporativos y dar a las empresas claridad sobre lo que se espera de ellas. Espero con impaciencia la votación en el Pleno y confío en que se adopte rápidamente".
