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La gobernanza, pilar fundamental de las finanzas sostenibles

Dentro de los aspectos Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG) quizá sea este último el que menos desarrollo ha tenido recientemente y el que menos presencia propia posee en las finanzas sostenibles. Cabe aclarar que el gobierno corporativo es la tercera parte del trinomio ASG, que permite a accionistas, inversores, clientes y demás agentes interesados, discriminar y seleccionar dentro del mercado a las organizaciones que están más alineadas con sus políticas y sensibilidades. Es más, las políticas que se siguen en materia ambiental y social dependen en parte de una gobernanza ajustada a principios de transparencia y participación de los grupos de interés, en línea con determinados principios. En otras palabras, el gobierno corporativo es el conjunto de principios, políticas, procedimientos, medidas o actuaciones que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, estableciendo y clarificando las relaciones entre los grupos de interés y los procesos de toma de decisiones sobre la compañía. Sin embargo, establecer el origen del concepto de gobernanza actual es complejo, dado que el propio significado es resultado de la evolución histórica de las relaciones tanto internas de las propias entidades, públicas o privadas, como de las distintas realidades sociales.

Así se expone en el estudio “La Gobernanza en las Finanzas Sostenibles” publicado por Spainsif recientemente. El mismo realiza una primera aproximación a los aspectos de gobernanza en las finanzas sostenibles, así como la forma en la que se abordan en el ámbito nacional e internacional a través de los principales Códigos de Conducta de referencia, las tendencias de evolución que presentan y una serie de recomendaciones finales para las organizaciones. El estudio contó con la financiación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La investigación sostiene que, pese a que el buen gobierno sea quizás el menos popular de la tríada ASG, no es posible alcanzar los objetivos fijados en materia de medio ambiente o social si no se cuenta con una base de gobernanza sólida. Es decir, del mismo modo que los aspectos ambientales, tales como las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella hídrica, y sociales, como incorporar perspectivas de diversidad o salud laboral de los trabajadores, se abordan en las finanzas sostenibles dentro de los ámbitos "A" y "S", los criterios de gobernanza como la política retributiva de la alta dirección y los conflictos de intereses son un pilar básico de ellas. El análisis que se expone en el informe es claro: si no se cumplen los criterios de gobernanza, aunque se cumplan los ambientales y sociales, no estamos ante una opción financiera sostenible.

Además, el estudio realizado por Spainsif advierte que, en el ámbito de las finanzas sostenibles, la gobernanza es un elemento complejo y dinámico que evoluciona a lo largo del tiempo. De este modo, por un lado, la gobernanza corporativa y el establecimiento de medidas e indicadores al respecto, así como su comunicación, permite a los inversores seleccionar activos con mejor desempeño en estos factores a través de cualquiera de las estrategias establecidas. Por otro lado, la forma en la que los inversores se estructuran y organizan en el ejercicio de sus funciones tiene implicaciones de gobernanza que permiten que las finanzas sean más sostenibles.

El informe aborda un punto clave que es que, al tratarse la gobernanza, “G”, se encuentran elementos complejos, dado que la ciencia no sería un referente común, como en el caso de la “A”, ni existen consensos tan arraigados como en materia social. Por lo tanto, al hablar de la gobernanza procede poner el foco en el regulador, en la normativa sobre transparencia, y, sobre todo, en las buenas prácticas, alineadas con las recomendaciones de los Códigos de Conducta.En este sentido, queda claro que la reputación de las entidades está estrechamente vinculada a la forma en la que estas abordan su gobernanza y, por tanto, su riesgo financiero depende en gran medida de las actuaciones, medidas y protocolos que asuman en esta materia. Para poder realizar una valoración adecuada es necesario disponer de esta información y, como la gobernanza evoluciona con rapidez, disponer de las referencias necesarias para la medida, monitorización y seguimiento de la misma.

Otra de las conclusiones que emergen de la investigación es que existe la posibilidad de aplicar criterios de gobernanza en todas las estrategias de inversión sostenible, desde usarlo como elementos de exclusión hasta aplicarlo de forma transversal en estrategias como el impacto. Para ello se deben conocer las políticas de las entidades sobre las que poder establecer indicadores en materia de gobernanza, comparables, que permitan a los inversores discriminar en base a estos criterios. Asimismo, se afirma que la necesidad de seguir monitorizando la gobernanza en las finanzas sostenibles dada su relevancia y la especial transcendencia en los próximos años.

Finalmente, el estudio recoge una serie de recomendaciones basadas e inspiradas en las reflejadas en las buenas prácticas seleccionadas. Estas son:

1. Establecer medidas, políticas y actuaciones que promuevan el buen gobierno dentro de las entidades.

2. Reportar información e indicadores en materia de gobernanza que permitan a los inversores y clientes valorar esas cuestiones.

3. Solicitar información en materia de gobernanza a las empresas en las que invierte.

4. Establecer canales de comunicación, consulta y voto con las partes interesadas y establecer herramientas que permitan su uso por todos los colectivos.

 5. Abordar los aspectos de gobernanza dentro de las inversiones al mismo nivel que los ambientales o sociales.

6. Adoptar buenas prácticas voluntarias en materia de gobernanza como Códigos de Buen Gobierno.

7. Evitar prácticas cuestionables en materia de fiscalidad y competitividad.

8. Promover la creación de legislación en materia de transparencia y buen gobierno.

9. Impulsar la aplicación de las medidas de gobernanza a través de alianzas con otras empresas y sectores.

10. Incentivar el avance de los criterios de buen gobierno en todos los ámbitos del sector financiero.

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