El 25 de septiembre se cumplen 5 años de la aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por la Asamblea General de Naciones Unidas. Uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 es empoderar y mejorar el bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, incluyendo dentro de este grupo a las personas con discapacidad.
Encuentro muy preocupante desde el punto de vista ético que la sociedad en su conjunto, construya ciertos discursos falaces y sin ningún sustento científico y que luego circulan por redes sociales y medios de comunicación .No sé si por ignorancia, avaricia, despreocupación u otros factores que, juntos y bien mezclados en la coctelera, están propiciando niveles de angustia, desesperanza y agobio en la población. Es muy grave, porque, como decía Leonardo Boff (premio Right Levelihood Award), una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza, está trazando el camino de su autodestrucción.
La pandemia ha impacto de forma imprevisible e incierta en nuestras vidas y en nuestras organizaciones. El cambio ha sido rápido, pasando de un mundo sólido y predecible, a un mundo líquido, recordemos la expresión de Zygmunt Bauman que nos viene a decir, que las estructuras sociales ya no perduran en el tiempo para hacerse solidas. Un ejemplo de ello es el cambio impulsado por la Covid-19, en la innovación tecnología, en los procesos, y también, en nuestra forma de relacionarnos.
En los últimos años la inclusión y la igualdad han ganado fuerza en la agenda pública y, como consecuencia, también en el discurso de las empresas. Cuesta imaginar en 2020 a una compañía que afirme públicamente no estar interesada en promover la diversidad en sus equipos.
El ecosistema de emprendimiento está formado por diferentes actores que se interrelacionan entre sí para desarrollar el medio idóneo en el que nacen start-ups y la innovación. La educación debería ser el agente promotor de la cooperación en nuestro ecosistema y en la sociedad en sí misma.
Durante la pandemia del Covid-19, los supermercados han cobrado una nueva dimensión social. Por una parte, ello se ha debido al especial esfuerzo en la atención a colectivos vulnerables, para que pudieran hacer sus compras de manera preferente, más rápida y más cómoda. Por otra, sus acciones habituales de donación de alimentos se han multiplicado durante el Estado de Alarma y las semanas posteriores, atendiendo a las demandas urgentes de Administraciones y organizaciones sociales, mediante donativos directos e iniciativas extraordinarias como vales de compra canjeables.
Quien haya trabajado alguna vez en el mundo de la consultoría sabrá que las relaciones de confianza son la clave de un modelo de negocio sostenible. Los contratos se ganan, bien porque ya existe una buena relación (es decir, los clientes quieren seguir trabajando con una consultoría porque han tenido buena experiencia con ella), bien porque las personas que ponen en contacto a las entidades cliente con la consultoría ya se conocen y confían la una en la otra, o bien por reputación previa o recomendación directa.
La vieja dialéctica entre voluntariedad y legalidad en el camino de la Responsabilidad Social Corporativa, nos ofrece un nuevo reto a la hora de establecer, o no, obligaciones legales en las compañías para identificar, prevenir, evitar o mitigar e informar sobre violaciones o abusos de Derechos Humanos o daños medioambientales, en toda su cadena de valor.
El 26 de junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas de 2015. Con ello, sustituyó oficialmente el término de Responsabilidad Social Corporativa por el de Sostenibilidad ¨en relación con aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG)”. Esto supone un gran paso para la madurez de la disciplina.
