
Medir es necesario, hablemos de lo que hablemos, lo que no se mide se desconoce y lo que no se conoce no se puede cambiar, para bien o para mal. Para hacerlo debemos echar mano de métricas, que no son más que sistemas de medición que sirven para cuantificar y evaluar el desempeño de las organizaciones, de forma que pueda compararse con las de su entorno y también para conocer si las estrategias aplicadas están contribuyendo adecuadamente a los resultados esperados. No tienen por qué concluir en una certificación ad hoc, como reconocimiento por una entidad independiente que verifica que la organización efectivamente hace las cosas bien, de forma genérica, de acuerdo a determinados procedimientos.

¿De qué estamos hablando? Hace un par de años, en una jornada sobre Responsabilidad Social Empresarial organizada por una fundación universitaria, el Vicerrector encargado de su inauguración expuso con aplomo que el tema a tratar era de máximo interés para fundaciones y empresas, pero no aplicable a la universidad al ser ésta, por sus propios fines y actividad, socialmente responsable. Estaba en la mesa como ponente y, al escuchar las palabras del Vicerrector, no pude evitar un ligero estremecimiento ante la seguridad que otorga el desconocimiento; la incomprensión de un concepto íntimamente ligado a la sostenibilidad de las organizaciones, sean éstas de naturaleza privada o pública, fabriquen tuercas o impartan enseñanza.

La diplomacia que tiene que ver con los derechos humanos y el medio ambiente camina tan lenta que parece mentira que la misma especie sea capaz de romper la velocidad del sonido para un vuelo comercial. Camina lenta y en la polvareda de ese deambular van quedando miles de personas muertas, presas y perseguidas de las que casi no hay recuentos y llegan pocas noticias. La reflexión viene a cuento del Acuerdo de Escazú que entra en vigor este 22 de abril de 2021 -el Día de la Tierra- , en América Latina y el Caribe, una región que acoge a 630 millones de personas (el 8% de todos los seres humanos) y donde apenas una docena de gobiernos de los 46 existentes ha dado el visto bueno a un convenio que trata de proteger vidas, cuidar los recursos naturales y evitar expolios.

En un artículo anterior comentaba que lo que requerían los ODS a las organizaciones, es decencia; y la decencia significaba previsión, claridad y una buena definición de contenidos, objetivos y compromisos. Algo parecido a lo que siempre se dice defender en la gestión de cualquier intangible. Sin embargo, esta cuestión -que normalmente tampoco se cumple-, solo es el principio de un complejo camino en la gestión de intangibles que abre la Agenda 2030. Cuando una empresa es decente se definen posibilidades y compromisos que ya han supuesto para las grandes multinacionales más de veinte años de ensayos e investigación. En el fondo, este proceso es de una enorme complejidad, pero su dificultad no sólo consiste en una cuestión de palabras sino de hechos en origen y resultados, que la Agenda 2030 ha multiplicado en diversas dificultades y metas. Por todo ello, hay que empezar a hablar de principios y fundamentos.

En la Unión Europea se producen más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año, por lo que se considera imprescindible desarrollar políticas de gestión sostenible en los próximos años. Las instituciones de la Comisión trabajan en la reforma del marco legislativo para impulsar un nuevo modelo de gestión de residuos bajo el paradigma de la “economía circular”. Tanto es así, que en febrero de 2021 el Parlamento Europeo votó el plan de acción sobre economía circular y los objetivos vinculantes para 2030 de reducción de la huella ecológica por el uso y consumo de materiales, que tiene su aplicación a nivel nacional con la Estrategia Española de Economía Circular.

Si bien la pandemia sufrida por el COVID-19, ha provocado la ralentización de la producción industrial y la movilidad, dando un respiro en las emisiones de CO2, no debemos olvidar que también ha provocado efectos graves sobre la economía y que algunos han querido aprovechar esta situación para revitalizar diversos sectores de la economía marrón, poniendo en riesgo los avances alcanzados. Pero aun cuando los efectos de la pandemia han sido devastadores para la economía y han supuesto una alerta sanitaria mundial, no debemos olvidar que los riesgos del cambio climático siguen siendo la mayor amenaza, a largo plazo, a la que se enfrenta la civilización actual.

¿Puede el liderazgo que defiende el status quo, ser un impulso positivo para construir un mundo mejor para todos hoy y para las nuevas generaciones? En el mundo que vivimos, con sus complejidades y desafíos, existe la oportunidad - y la necesidad - de modelos innovadores de liderazgo que empoderen a los actores y grupos de interés a contribuir con sus propios talentos y capacidades para un futuro que respete la vida y los sistemas que la apoyan. Necesitamos un modelo de liderazgo que esté alineado con las soluciones a los retos a los que nos enfrentamos como la actual crisis socioeconómica, sanitaria y medioambiental, cuyos efectos han sido amplificados por la pandemia de la COVID19.