Hoy, recuperar con impacto significa alinear resultados económicos con principios de proporcionalidad, trazabilidad y responsabilidad.Hablando de Impacto financiero, debemos ser conscientes que la recuperación sostenible reduce la litigiosidad improductiva, evita ejecuciones fallidas y optimiza el coste por euro recuperado. Además, incrementa el valor de las carteras a medio plazo, al favorecer indicadores de recuperabilidad y minimizar pérdidas por vía judicial.
Impacto social, La recuperación responsable previene la exclusión financiera, reduce el sobreendeudamiento estructural y fomenta el cumplimiento voluntario. Facilita además el diálogo con entidades sociales, mediadores y plataformas de acompañamiento al deudor.
En cuanto al Impacto reputacional, un sistema de recobro alineado con criterios ESG mitiga riesgos legales y mediáticos, refuerza la coherencia ética corporativa y responde a los estándares de transparencia exigidos por reguladores e inversores.
Con la reforma de la LEC en el año 2000, se impulsó la recuperación vía judicial. Sin embargo, este modelo basado en volumen y automatización generó algunos efectos adversos: desgaste reputacional, saturación judicial y litigiosidad improductiva. A partir de la crisis de 2008 y bajo presión regulatoria europea, se inició un cambio estructural hacia una recuperación más sostenible y a día de hoy los procesos de recuperación de deuda además de cumplir con la legalidad formal deben regirse por los principios de sostenibilidad y cumplimiento normativo:
1. Proporcionalidad y trato digno El principio de proporcionalidad, con base en el art. 7 del Código Civil, exige actuar con buena fe y evitar abusos. La Ley 1/2013 y el RDL 6/2012 (Código de Buenas Prácticas), reforzados por la Ley 1/2023, introdujeron moratorias, reestructuraciones y mecanismos de segunda oportunidad. Esta evolución ha consolidado una doctrina judicial que exige valorar el contexto personal y económico del deudor antes de ejecutar.
2. Trazabilidad y documentación. Leyes como la 16/2011 o la 5/2019, y directivas europeas como la 2008/48/CE o la 2021/2167, imponen obligaciones documentales desde la concesión hasta la recuperación. Normas de compliance (UNE 19601, ISO 37301) refuerzan la exigencia de registro y justificación de decisiones.
3. Protección de datos y legitimación. El RGPD y la LOPDGDD limitan el uso de ficheros de morosos a condiciones muy estrictas. Sin documentación fehaciente, las entidades se exponen a sanciones de la AEPD y a demandas por vulneración del honor.
4. Cláusulas abusivas y costes de ejecución La jurisprudencia sobre cláusulas abusivas, respaldada la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios (RDLeg. 1/2007), ha delimitado los márgenes contractuales. El TS (SSTS 364/2016 y 472/2020) ha invalidado intereses excesivos y costes no justificados. La vía judicial sigue siendo válida, pero debe usarse con criterio estratégico y no de forma automática. La clave está en combinar herramientas judiciales y extrajudiciales según el caso.
5. Responsabilidad en la externalización El art. 28 RGPD y el art. 42 de la Ley 10/2010 de PBCFT obligan a los acreedores a supervisar a sus terceros, incluyendo contratos, auditorías y conservación documental. Externalizar no exime, exige mecanismos de gobernanza y control.
6. ESG y deber fiduciario La Ley 11/2018 y la Directiva CSRD (2022/2464) exigen transparencia sobre impactos sociales y prácticas de recuperación. El Código de Buen Gobierno de la CNMV recomienda que los consejos de administración supervisen directamente las políticas de sostenibilidad, incluyendo el tratamiento de deuda y colectivos vulnerables.
En definitiva, la recuperación sostenible es el resultado de una evolución normativa, ética y operativa que integra eficiencia, proporcionalidad y trazabilidad y por ende refuerza tanto la rentabilidad como la legitimidad de las organizaciones. Recuperar con impacto es integrar tres dimensiones, financiera, social y reputación que, bien gestionadas, convierten el recobro en una ventaja competitiva.
Mercedes Laguna, Socia de La Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras- EJE&CON
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