Este escenario obliga a revisar la estrategia de sostenibilidad en el sector de defensa. Y es que esta industria tiene un impacto ambiental considerable, tanto por la enorme cantidad de recursos que consume como por las emisiones que genera. La fabricación de armamento —desde la munición hasta los grandes vehículos militares— requiere ingentes cantidades de combustibles fósiles y energía, que en muchos casos provienen de la extracción de recursos naturales críticos como el tantalio, el cobalto o el litio. Estos materiales suelen obtenerse en zonas políticamente inestables, donde su explotación no solo alimenta conflictos y tensiones, sino que también tiene efectos devastadores sobre el medio ambiente y las comunidades locales.
Excepciones y Falta de Transparencia
Para reducir estos efectos negativos, la Unión Europea está empezando a tomar medidas que buscan hacer su sistema de defensa más sostenible. Entre las iniciativas en marcha, destacan el uso de combustibles menos contaminantes en los aviones militares, la mejora de la eficiencia energética en las bases y cuarteles, y el desarrollo de tecnologías más limpias para minimizar el impacto ambiental del sector.
Sin embargo, aunque estas acciones apuntan en la buena dirección, la industria armamentística sigue beneficiándose de numerosas excepciones dentro de la legislación ambiental europea. Un ejemplo claro es el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178, relativo a la Taxonomía Verde, que excluye de las listas de inversión sostenible actividades vinculadas a la fabricación de armas controvertidas, como las minas antipersonales o las bombas de racimo.
Esto tiene un doble efecto: por un lado, estas empresas no pueden recibir financiación sostenible, pero por otro, tampoco están obligadas a cumplir con los requisitos ambientales que impone la taxonomía. En otras palabras, quedan fuera del sistema, sin incentivos ni obligaciones reales en materia de sostenibilidad.
En un momento en el que la Unión Europea está revisando y simplificando su agenda verde, como lo muestra el paquete de simplificación normativa denominado Ómnibus I, la cuestión de las exenciones ambientales para el sector defensa se vuelve aún más relevante.
Además, muchas normas ambientales no se aplican de forma estricta al sector de defensa, principalmente por razones de "seguridad nacional". Esto genera una preocupante falta de transparencia y de controles efectivos. Según un informe de 2024 del Conflict and Environment Observatory (CEOBS), la mayoría de los ejércitos europeos no publican informes ambientales completos, y cuando lo hacen, suelen centrarse únicamente en los aspectos positivos, dejando fuera datos clave sobre emisiones contaminantes o consumo de recursos. Esta opacidad dificulta saber si las medidas adoptadas para hacer la defensa más sostenible están dando resultados reales, o si se trata simplemente de maquillaje verde.
La sostenibilidad no debería ser una opción en la estrategia de defensa europea, sino una prioridad, ya que a medida que crece el presupuesto destinado a defensa, también aumentan los impactos ambientales asociados a esta industria.
Susana Vigaray Salinas, líder del Foro Legal y vocal del Comité de Membership de La Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras- EJE&CON
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