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En dos artículos anteriores comenté la obligación que, frente a los ODS, tenían las empresas: ser decentes y especialmente revisar sus propios principios éticos para poder actuar de una forma coherente y acorde con sus posibilidades y realidad del sector donde operan. De no hacerlo así, debo añadir ahora, que la Agenda 2030 podría convertirse en un instrumento ideológico del globalismo financiero y convertir unos buenos propósitos corporativos en una cuestión de estrategia política, donde la sociedad sólo puede esperar padecimiento y conflicto en favor de unos pocos.

He tenido ocasión de escuchar de algunos directivos de grandes empresas que los ODS tienen contenidos que les afectan, pero que hay otros que pertenecen más al ámbito de las instituciones, o si se prefiere de las administraciones1, donde el relato tiene más cabida. Tienen razón en esta afirmación; por eso mismo, he querido centrar este nuevo artículo en las instituciones y los ODS, con el fin de determinar si éstas están sujetas y de qué forma a las exigencias planteadas por la Agenda 2030.

Sin embargo, la primera pregunta que me hago siempre es la misma: ¿por qué las instituciones parecen vivir ajenas, -o, al menos lo parece, más allá de cuatro formalismos y un pin en la solapa, al desarrollo de los ODS? ¿por qué resulta normal pensar que esto de la Agenda 2030 es una cuestión exclusiva de las empresas cuando la verdad es que afecta directamente al comportamiento de cualquier tipo de organización? El primer comentario con el que inicio este artículo puede servir de primera explicación: si, como ya he subrayado, la Agenda 2030 no debe ser una herramienta política al servicio de la empresa, menos todavía lo debe ser en el caso de las instituciones. Porque, en efecto, muchas veces parece que las administraciones gestionan lo público como si fueran las dueñas de los bienes de todos, y eso no es verdad o, al menos es absolutamente injusto que esto suceda.

Siempre he defendido las palabras de S. Zamagni cuando distingue con precisión lo público, lo privado y lo común2. Parece claro que hay bienes que gestiona la administración y que son de su objetiva competencia, pero hay otros, cada vez más, donde la gestión de lo público y lo privado coincide en sus intereses y objetivos sociales y hay otros, en fin, que la gestión de los bienes es de la exclusiva competencia de lo privado. Sin duda, en la mayoría de las empresas que están en condiciones de gestionar bienes públicos su interés es casi exclusivamente económico. Sin embargo, la Agenda 2030 no plantea rivalidades o exclusividades respecto a la naturaleza o a la gestión de un bien determinado sino un nuevo enfoque de lo que significa y su alcance en el uso de un bien de cara al futuro. Es un planteamiento nuevo, que pocos ciudadanos y organizaciones se plantean.

Dentro de toda esta complejidad, el tema de la gestión parece claro y la propia Agenda 2030 lo indica por la naturaleza transversal de sus propios objetivos. Sin embargo, si retornamos la distinción de Zamagni, los bienes que son comunes para todos los seres humanos exigen una definida responsabilidad en su uso por parte de su titular; esta realidad, en efecto, la he comprobado en el propio fundamento de la Responsabilidad Corporativa, que, en un principio, se estimaba voluntaria y, en la actualidad, supone un compromiso que hay que asumir y que obliga a la organización. Por eso mismo, en mi opinión, aquellos bienes comunes, -como pueden ser aquellos que afectan a la salud, el medio ambiente, la defensa de la dignidad del hombre, etc.-, exigen en su utilización y efectos una responsabilidad común que va más allá y obliga a sus propios titulares, sean estos privados o públicos. El papel de las organizaciones y de cualquier ciudadano, cuando a éstos les toca, debe sujetarse exclusivamente a una gestión, eficaz, transparente y con una ética de principios bien definidos; nada más. Eso de decir, como algunos expresan con prepotencia, con lo mío hago lo que me da la gana, no deja de ser una afirmación vacía de sentido y de una total irresponsabilidad. A mi juicio, la ley moral está en el nosotros no en el yo y la Agenda 2030 es una buena expresión de lo que digo si se revisa con cuidado ese enorme conjunto de objetivos y contenidos, que se refieren directamente a esos bienes que, al final, pertenecen por derecho y disfrute a todos los seres humanos. Voy a intentar poner un ejemplo.

Cuando hace años hablaba de la tierra con mi padre, este me comentaba que la persona era propietaria de su tierra, pero hacia abajo sólo unos metros y podía gestionar ese bien, pero con esos límites. Era una manera más sencilla de decir lo mismo que acabo de comentar3. Las exigencias de la Agenda 2030 han puesto sobre el papel los derechos de todos, y, con ello, han subrayado unos límites inexcusables, por los que el propietario de unas tierras tiene pleno derecho a gestionar el uso de su propiedad de acuerdo a sus intereses y criterios, pero siempre con los límites para una gestión que no atienda a las propias consecuencias y efectos de dicho uso, es decir,  si su gestión o falta de ella afecta al derecho general en la preservación del medio ambiente (residuos, química utilizada, suelo, afectación del paisaje natural etc.), que es un derecho que debe cuidarse para todos los ciudadanos y que el propietario debe atender. Estos comentarios se acercan nuevamente a las reflexiones de Zamagni y, a mi modo de ver, determinan, los retos de la Agenda 2030 y en definitiva cualquier gestión de intangibles que se halla de acometer.           

Sigo con el ejemplo. Llevo ya varias semanas leyendo numerosos artículos sobre las plantas fotovoltaicas que la Comunidad de Castilla La Mancha pretende poner en el norte de la provincia de Toledo, lindando con la Comunidad de Madrid. He cambiado impresiones con propietarios de tierras y también me han informado de las supuestas intenciones de las empresas que se dice que están detrás, porque la verdad es que, a este respecto, la opacidad es enorme. Había ofertas de compra y de alquiler para el uso por un período grande de años de la tierra, pero más allá de esto, la información era equivoca e incluso contradictoria.  Simplemente, la cuestión era aceptar o rechazar la oferta. Aquí tenemos el ejemplo del modo en que un proyecto como el de las fotovoltaicas comienza, y ello sin saber cómo acaba y, lo más grave, las consecuencias reales que puede producir en el medio ambiente, en la flora y fauna, en el paisaje, en los cultivos colindantes e incluso en los recursos acuíferos de la zona.

Me informé con detalle de lo que son las plantas fotovoltaicas, el daño que producen en la desertización del suelo y en las capas freáticas que producen las posibles radiaciones, etc. y ello sin contar con los efectos directos e indirectos en las plantas (vivaces, leñosas, anuales…) y los animales del entorno. Cuando pregunté por la preservación del medio ambiente a algunas autoridades locales o comprobé la opinión de las autoridades autonómicas sólo obtuve generalidades, oscuridad y buenas palabras y, especialmente, muchas afirmaciones más publicitarias que otra cosa sobre el medioambiente y la preservación de la naturaleza4.

Se desconocen las empresas reales que van a gestionar el proyecto, se mantiene una opacidad que engaña y los políticos miran a otra parte en el mejor de los casos y, en el peor, hablan como recientemente una consejera del gobierno autonómico en un medio de comunicación de compromiso moral con las futuras generaciones (¿?). Lo más grave es que puede haber pueblos que puedan ver reducido el suelo cultivable en un 30% y, algunos, en algo más de un 60%, lo que puede suponer la desaparición real de lo que han sido dichos pueblos, su riqueza paisajística, su ganadería, las empresas que explotan sus productos como el vino y el aceite y, en fin, el conjunto de sus propios valores ecológicos, que disfrutan todos sus ciudadanos.

¡Muchas energías renovables y mucha innovación, cuando la realidad es que sólo pude ver opacidad, irresponsabilidad y una destrucción real del entorno a todos los niveles! Se me amontonan las preguntas: ¿de qué estamos hablando si lo único que he podido observar de los responsables públicos es una absoluta falta de transparencia en la información, contradicciones cuando no mentiras manifiestas? ¿por qué parece que el proyecto va por delante incluso de la propia legislación europea y nacional o la falta de normas reguladoras específicas, precisamente lo más imprescindible en un proyecto de esta naturaleza?

Estoy muy de acuerdo con lo que he leído en la prensa diaria porque estas cosas se deben hacer con una adecuada planificación estratégica, es decir, con cabeza y no a lo bruto5. Lo que hacen algunas empresas es mezclar la gestión económica con otros temas que no tienen nada que ver; ya le he oído a algún empresario: Como soy un buen gestor financiero, lo soy también para la preservación del medio ambiente. Pero con los políticos el tema es más grave, porque lo que parece que hacen es instrumentalizar el medio ambiente o cualquier otra cosa con tal de conseguir su estrategia política y de votos, cuya única legitimación residiría en su fundamentación ideológica pero no en la Agenda 2030. Pero lo que desconocen unos y otros, es que muchas veces se pretende gestionar un bien que afecta directamente a los derechos de todos los ciudadanos. Es imprescindible una información veraz y una gestión transparente y bien pensada en el medio y largo plazo; de lo contrario no hay Agenda 2030 y menos todavía preservación, -en el caso que comento-, del medio ambiente.

Llevo años trabajando con varios equipos en esto de la ética corporativa y muy cansado de observar que la tiranía de la innovación y el desarrollo digital y energético sigue siendo mala en su comunicación y muy opaca en sus afirmaciones sobre el medio ambiente, porque los contenidos se reducen a la inmediatez y al corto plazo de un claim publicitario. Esta lógica, tristemente muy extendida entre los dirigentes corporativos e institucionales, expresa el hecho de que todas las decisiones evitan explicar sus principios éticos o simplemente la falta de ellos, que son los que expresan sus verdaderos comportamientos.

Comentado el ejemplo, sólo me cabe añadir que si un dirigente político nos habla de la Agenda 2030, sin más, o de la preservación del medio ambiente o, lo que es más claro todavía, de su responsabilidad moral en bien del ciudadano, -como he comentado hace unos párrafos-, sólo cabe pensar dos cosas: o que no sabe de lo que está hablando o que, engañado, expresa el puro cinismo y la mentira de muchos de los gestores políticos y corporativos.

Es una inmoralidad, -porque supone un engaño a los ciudadanos-, justificar la estrategia ideológica de un partido político o de otro con lo que significan los compromisos de la Agenda 2030. Con el Medio ambiente, como con la totalidad de lo que significan los compromisos de la mencionada agenda, no caben las motivaciones ideológicas para dar legitimidad o apropiarse de ellas. Repito que lo único que cabe es la información transparente, clara y sin matices, los asesoramientos adecuados y una aplicación cuidadosa porque se trata de gestionar bienes de los que ningún político o presidente de una corporación es dueño si no sabe ser responsable. Desde esta perspectiva, las instituciones deben ponerse las pilas si quieren aplicar y desarrollar lo que significan los derechos de todos. Estas confusiones tan presentes en las instituciones hacen un enorme daño a la buena voluntad de hacer bien las cosas, evitan un camino definido para la sostenibilidad de un sistema y convierten a la propia Agenda 2030 en un nuevo trampantojo para que nada cambie a mejor.

 

 1.En los diccionarios al uso, las instituciones se definen como entidades sin ánimo de lucro, aunque el término suele ser utilizado por la Administración Pública (Diccionario LID de Responsabilidad y Sostenibilidad, Lid Ed. Ed., Madrid 2011).

2.Ver, Stefano Zamagni, ¿La economía al servicio de los pueblos o de los mercados? en “Foro Ecuménico y social” (Webinar Julio 2020). Reflexiones similares las encontramos más desarrolladas en su trabajo Por una economía del bien común (Ciudad Nueva, Madrid 2013, pp. 175-203)

3. Aconsejo a los responsables públicos y titulares privados la revisión de las diferentes leyes sobre el suelo y subsuelo, y el uso y las responsabilidades de sus titulares, que a lo largo de los últimos años se han ido publicando en España.

4. Ver www./diario.es/1_69f9b5 de 20 de enero de 2020 en  https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/apuesta-progreso-quitar-encinas-u-olivares-reaccion-alcalde-mentrida-toledo-criticas-vecinales-proyectos-fotovoltaicos_1_6945205.html

5. Es lo que indican con razón una treintena de investigadores en un reciente artículo. Ver, por ejemplo,  https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-01-23/mas-renovables-pero-con-cabeza.html

 

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