
La combinación de crisis económicas, impactos climáticos cada vez más extremos y conflictos prolongados está empujando a millones de personas a una situación límite. Así lo advierte el nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que alerta de un escenario global de hambre extrema que “dobla con creces” las cifras registradas en 2019, según informa la agencia alimentaria de la ONU.
El documento anticipa que más de 318 millones de personas se encontrarán en niveles de “crisis” o peores en 2026. Sin embargo, la disminución sostenida del financiamiento internacional compromete la capacidad de respuesta del organismo, que solo podrá asistir a 110 millones de personas, alrededor de un tercio de quienes necesitarán ayuda urgente.
El PMA calcula que requeriría 13.000 millones de dólares para cubrir todas las necesidades alimentarias globales, pero las previsiones de recursos solo alcanzan la mitad. “Estamos lidiando con hambrunas simultáneas en Gaza y partes de Sudán. Es inaceptable en pleno siglo XXI”, denunció Cindy McCain, directora ejecutiva del organismo. McCain advirtió que el hambre se está volviendo “más arraigada” y que, sin una inyección de recursos, millones de vidas quedarán en mayor riesgo. El informe subraya que, aunque en 2025 se evitaron situaciones de hambruna gracias a intervenciones tempranas, los factores que agravan la crisis —conflictos armados, inestabilidad económica y una sucesión de desastres climáticos— se intensifican, anticipando un 2026 especialmente complejo.
En América Latina y el Caribe, el panorama es especialmente alarmante. Según señala el PMA, 40,8 millones de personas sufren hambre en la región, y 14,2 millones requieren asistencia prioritaria. El informe recoge datos de un estudio conjunto de agencias de la ONU que muestra que el 74% de los países latinoamericanos y caribeños están altamente expuestos a fenómenos climáticos extremos que erosionan la producción agrícola y alteran las cadenas de suministro.
En Centroamérica, los países del Corredor Seco —Honduras, Guatemala y El Salvador— han sufrido repetidas pérdidas de cosechas, lo que deja a comunidades enteras con reservas mínimas y una dependencia creciente de la ayuda alimentaria. El Caribe enfrenta crisis cada vez más devastadoras, con Haití como caso extremo: además de la vulnerabilidad climática, la inseguridad crónica y el colapso del acceso a alimentos sitúan al país en un punto crítico.
En Sudamérica, la combinación de fenómenos extremos —inundaciones, sequías y variaciones climáticas vinculadas a El Niño— y la volatilidad económica impacta con mayor fuerza en hogares empobrecidos. Regiones agrícolas de Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina registran daños recurrentes, mientras que millones de migrantes y refugiados venezolanos dependen de asistencia humanitaria para garantizar su alimentación.
El PMA advierte que la reducción de fondos puede comprometer programas clave en la región, como transferencias monetarias, distribución de alimentos, apoyo nutricional infantil o iniciativas para fortalecer las capacidades locales frente a futuros choques climáticos.
Ante este panorama, el PMA planea reforzar el uso de tecnología, innovación y alianzas con el sector privado para aumentar la eficiencia de sus operaciones. La estrategia para 2026 combina asistencia alimentaria de emergencia, programas de nutrición, apoyo a medios de vida resilientes y fortalecimiento de sistemas nacionales de protección social.
“El PMA es un salvavidas para quienes viven en primera línea de los desastres climáticos y los conflictos”, recordó McCain, subrayando que superar el hambre crónica exige “compromisos globales reales” y financiamiento sostenido. El organismo hace un llamamiento contundente a gobiernos, donantes y actores multilaterales para invertir en soluciones probadas capaces de frenar la expansión del hambre. “Necesitamos mucho más apoyo para continuar este trabajo vital”, insistió la directora ejecutiva del PMA.
El objetivo es claro: retomar la senda hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero. Para regiones como América Latina y el Caribe, duramente golpeadas por el cambio climático y la desigualdad, la movilización internacional podría suponer la diferencia entre la recuperación y el colapso para millones de familias.