España encabeza un ranking que nadie querría liderar. Según el estudio La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas, publicado por Funcas, el 29,2% de los menores españoles vive en situación de pobreza, frente al 19,3% de media en la Unión Europea. Esta cifra supera ampliamente la de países como Dinamarca (10,1%), Eslovenia (10,7%) o Finlandia (11,6%), y coloca a España por delante de Bulgaria (28,2%) y Rumanía (26,2%).
El informe, firmado por los economistas Miguel Ángel Malo y Fernando Pinto, advierte que esta brecha no deja de crecer: la diferencia con la media europea pasó de 9,5 puntos en 2023 a 9,9 en 2024. Y lo más preocupante, según los autores, es que este deterioro ocurre en un país que se encuentra en un nivel medio-alto de renta per cápita dentro de la UE.
La desigualdad se acentúa entre generaciones. El 34,6% de los menores de 18 años en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 24,2% del promedio europeo. La diferencia con los adultos supera los 10 puntos porcentuales, una de las más altas del continente.
El informe apunta a varios factores estructurales. Uno de los más determinantes es el diseño de las prestaciones sociales. A pesar de contar con un nivel de recursos similar al de otros países, la configuración del sistema español —basado en ayudas fragmentadas, poco universales y de baja cuantía— limita su eficacia. Según Funcas, el sistema de impuestos y transferencias reduce la pobreza infantil apenas entre uno y dos puntos porcentuales, mientras que en países como Francia, Alemania o los nórdicos ese impacto oscila entre cuatro y ocho puntos.
A esta debilidad se suma el déficit histórico en materia de vivienda. Mientras que en países del norte y centro de Europa entre el 15% y el 25% del parque de vivienda es público o subvencionado, en España la cifra apenas alcanza el 2%. Este desajuste obliga a muchas familias con hijos a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, reduciendo su capacidad económica para cubrir otras necesidades básicas.
El nivel educativo de los progenitores, que en teoría debería funcionar como un escudo contra la pobreza, tampoco tiene en España el efecto esperado. Los hijos de padres con estudios universitarios presentan una tasa de pobreza del 18,9%, frente al 11% de media europea. Este dato, señala Funcas, revela una rigidez en la movilidad social y la persistencia de desigualdades que no se corrigen únicamente mediante la formación.
El mercado laboral, por su parte, sigue siendo una fuente estructural de vulnerabilidad. Los hogares sin empleo adulto registran hasta 34 puntos más de probabilidad de pobreza infantil. Pero incluso con trabajo, los bajos salarios, la temporalidad y la parcialidad involuntaria dificultan salir de la pobreza. “No es solo cuestión de tener empleo, sino de contar con empleos dignos y estables”, destacan los autores.
La pobreza infantil no solo refleja una emergencia presente, sino que condiciona el futuro. Según el estudio, quienes crecen en hogares con escasos recursos tienen una alta probabilidad de reproducir la pobreza en su vida adulta. Por ello, las políticas dirigidas a reducirla no solo tienen un impacto social inmediato, sino que también suponen una inversión económica a largo plazo.
Los autores de La pobreza infantil en España reclaman repensar las estrategias públicas. “No basta con invertir más: hay que invertir mejor”, concluyen. Entre las prioridades que proponen figuran fortalecer el sistema educativo, ampliar las ayudas por hijo a cargo, promover empleos estables y dignos, y desarrollar un verdadero parque de vivienda asequible.
Porque, como recuerda el informe de Funcas, la lucha contra la pobreza infantil no es solo una cuestión de equidad, sino también de futuro para el conjunto de la sociedad.
