Sin embargo, cuando aterrizamos el debate en la realidad cotidiana, vemos que el avance no depende solo de la voluntad social, sino también de decisiones administrativas, de procesos técnicos y de la capacidad de coordinar a muchos actores distintos.
La aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible llega justo en este contexto. Es una norma muy esperada por todos, que introduce mejoras necesarias y que, en algunos puntos, puede facilitar el despliegue de la infraestructura de recarga. Pero, aun siendo un avance, no es todavía el marco que permitirá a España situarse al nivel de los países europeos más adelantados en movilidad eléctrica. El Día Mundial del Transporte Sostenible invita precisamente a eso, a reconocer los avances y, al mismo tiempo, señalar lo que todavía falta para que la transición sea completa.
Entre los aspectos positivos, la introducción de la declaración responsable para instalar determinados puntos de recarga puede simplificar procedimientos que, hasta hoy, seguían encontrando obstáculos en administraciones que no estaban aplicando la normativa vigente. Si esta medida sirve realmente para alinear a administraciones y empresas, podríamos ver un despliegue más ágil de la infraestructura en los próximos meses, algo imprescindible si queremos hablar de un transporte sostenible que sea accesible para todos.
El nuevo plan estatal para puntos de recarga en municipios medianos y pequeños abre otra vía de avance. Es una oportunidad para que el interés del ciudadano tenga un peso real en las decisiones públicas. Durante años, muchos ayuntamientos han lanzado licitaciones complejas, con criterios muy dispares y, en ocasiones, con cánones tan elevados que terminan encareciendo la energía para el usuario. En este sentido, tener un enfoque más homogéneo ayudaría a que las mejores propuestas salgan adelante y a que la recarga fuera más asequible. Un transporte sostenible no puede depender únicamente de los grandes núcleos urbanos; necesita llegar también a quienes viven en municipios donde los recursos técnicos son más limitados.
Aun así, persisten retos importantes. Hoy los promotores siguen encontrándose con barreras considerables en la comunicación con las distribuidoras eléctricas, tanto en las solicitudes como en la ejecución de los nuevos suministros. La falta de transparencia y la imprevisibilidad de los plazos dificultan cualquier planificación. Es difícil hablar de transporte sostenible cuando los proyectos no avanzan al ritmo que deberían por cuestiones que podrían resolverse con mayor claridad y coordinación.
España tiene un potencial enorme para liderar la movilidad eléctrica, especialmente por su capacidad renovable. La ausencia de incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos, habituales en los mercados líderes, limita la expansión del parque móvil eléctrico. También es necesaria una racionalización de las etiquetas ambientales que responda de manera más justa a las tecnologías y a las emisiones reales de cada vehículo. Sin señales claras, la adopción será más lenta de lo que podría ser.
La infraestructura de recarga es el elemento crítico de este proceso, la base sobre la que se sostiene todo lo demás. Sin una red adecuada, distribuida y de calidad, es imposible pedir a los ciudadanos que den el paso hacia el vehículo eléctrico con confianza. En un día como hoy, conviene recordar que el transporte sostenible no se construye solo con declaraciones: requiere planificación, estabilidad normativa y una colaboración continua entre administraciones y empresas.
El Día Mundial del Transporte Sostenible nos recuerda el objetivo común, pero también la responsabilidad de avanzar con coherencia. Las condiciones para hacerlo están ahí. Falta acelerar el paso.
