España creció un 3,4% en 2024 y generó más de 400.000 nuevos empleos, pero estos datos positivos no se traducen en mejoras sustanciales para muchas personas trabajadoras. Según advierte Oxfam Intermón, la tasa de pobreza laboral se mantuvo en el 11,6% durante el año pasado, lo que sitúa a nuestro país como el tercero con mayor proporción de trabajadores pobres de toda la Unión Europea, cinco puntos por encima de la media comunitaria.
La organización alerta de que esta situación castiga especialmente a quienes tienen contratos a tiempo parcial, personas autónomas, migrantes y familias con menores a cargo. “Aunque se han dado pasos importantes con la reforma laboral y el incremento del salario mínimo, millones de personas siguen sin poder vivir dignamente a pesar de trabajar”, ha señalado Alejandro García-Gil, responsable de protección social y empleo de Oxfam Intermón, en declaraciones recogidas por la entidad.
Mujeres, migrantes y autónomos: los más golpeados por la pobreza laboral
El informe revela desigualdades estructurales que dificultan el acceso a un trabajo digno. Casi el 30% de las personas extracomunitarias en España viven en situación de pobreza laboral, triplicando la tasa entre quienes han nacido en el país. El nivel educativo también influye de forma determinante: la pobreza afecta al 19,2% de quienes solo tienen estudios primarios, frente al 5,7% de quienes han cursado educación superior.
El empleo autónomo es el más expuesto: uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia no consigue ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Le siguen quienes tienen contratos a tiempo parcial, cuya tasa de pobreza laboral duplica la de quienes trabajan a jornada completa (21,3% frente a 10,6%).
Además, la composición familiar incide directamente en el riesgo de exclusión. En hogares con menores, sobre todo si son familias numerosas o monomarentales, la precariedad se dispara hasta el 36,4% y 30%, respectivamente. Oxfam Intermón propone una batería de medidas urgentes, como la transposición inmediata de la Directiva europea que protege a los trabajadores a tiempo parcial —pendiente aún en el Congreso—, la aprobación por ley de subidas automáticas del salario mínimo y la creación de una prestación universal por hijo a cargo.
“La pobreza laboral no es una anomalía del sistema, sino una consecuencia directa de un modelo económico que concentra la riqueza en manos de unos pocos”, denuncia García-Gil. Mientras el salario medio apenas creció un 0,6% en 2024, los directores ejecutivos de las diez principales empresas del país vieron aumentar su retribución un 11%, alcanzando una media de 7,7 millones de euros. Este dato se extrae de los informes anuales de remuneraciones publicados por las propias compañías.
Un modelo económico desequilibrado y ambientalmente insostenible
Desde los medios especializados en sostenibilidad, esta realidad plantea interrogantes clave sobre el modelo económico actual. Un sistema que permite que aumente la pobreza en personas trabajadoras mientras se dispara la retribución de las élites empresariales es, además de injusto, incompatible con una transición ecológica justa.
La lucha contra la pobreza laboral está estrechamente vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en particular el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 10 sobre reducción de desigualdades. La sostenibilidad no puede abordarse solo desde una perspectiva medioambiental, sino también desde la justicia social y económica.
Como subraya Oxfam Intermón, “urge cambiar las reglas del juego para que trabajar deje de ser sinónimo de precariedad. Porque no hay justicia climática posible sin justicia laboral”.