España ha decidido pisar el acelerador en materia de defensa. Con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar de forma inmediata —siguiendo el compromiso con la OTAN—, el Ejecutivo ha movilizado 10.500 millones de euros extra. Sin embargo, esta cifra contrasta de forma escandalosa con los fondos actuales destinados a cooperación internacional, que apenas representan el 0,25% del PIB.
Según ha denunciado Oxfam Intermón en un comunicado difundido el 23 de abril, esta desproporción deja al descubierto las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez y pone en serio riesgo la vida de millones de personas en situación de vulnerabilidad. “Han conseguido fondos extraordinarios para defensa, exactamente los mismos que permitirían cumplir de forma inmediata con el compromiso histórico del 0,7% del PIB para cooperación”, ha señalado Pablo Martínez Osés, responsable de cooperación de la organización.
El retroceso en el ámbito de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no es un caso aislado. Estados Unidos, Reino Unido y Francia también han recortado sus programas de cooperación, lo que ya está teniendo consecuencias devastadoras. Solo con los ajustes previstos por la agencia USAid, podrían morir más de 3,3 millones de personas antes de que termine 2025, por la interrupción de programas de vacunación, tratamientos para enfermedades como el VIH o la malaria y la suspensión de ayuda humanitaria básica.
En países como Burkina Faso, Nigeria o Afganistán, las cifras son alarmantes: millones de personas quedarán sin acceso a salud, agua potable o programas nutricionales esenciales. “No hay verdadera seguridad sin derechos”, afirma Martínez, quien defiende que la cooperación internacional es una herramienta imprescindible para la estabilidad global, la prevención de conflictos y la promoción de los derechos humanos.
Frente al aumento del gasto militar —que alcanza cifras récord a nivel mundial—, Oxfam Intermón reclama una apuesta firme por el multilateralismo y la redistribución global. Propone crear un fondo global de cooperación financiado con al menos el 0,7% del PIB de los países más ricos, gestionado de forma democrática y alineado con los derechos humanos.
La organización también sugiere medidas fiscales concretas: mayores impuestos a las grandes fortunas y corporaciones, control de la evasión fiscal y reestructuración de deudas externas injustas. Estas iniciativas permitirían reforzar la cooperación sin comprometer los sistemas de protección social de los países donantes.
España tiene un papel protagonista en este debate. A finales de junio, Sevilla acogerá la Conferencia de Financiación para el Desarrollo (del 30 de junio al 3 de julio), donde gobiernos, organizaciones y sociedad civil se darán cita para redefinir el rumbo de la cooperación global. Oxfam Intermón insiste en que se trata de una oportunidad histórica para demostrar compromiso con la justicia global, la equidad y una verdadera política de seguridad basada en los derechos. Como concluye Martínez, “defender la cooperación no es solo una cuestión ética; es la mejor garantía de paz, democracia y sostenibilidad para todas las personas, vivan donde vivan”.
