El Parque Nacional de Doñana es una reserva natural de gran importancia ecológica ubicada en el suroeste de España, en las provincias de Huelva y Sevilla. Es uno de los espacios protegidos más emblemáticos de Europa y está reconocido como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El parque engloba una diversidad de ecosistemas que incluyen marismas, dunas, bosques, playas y lagunas, lo que lo convierte en un hábitat crucial para una gran variedad de especies animales y vegetales.
Lamentablemente, este importante pulmón verde está desapareciendo. Desde la ONG Greenpeace denuncian que lo que era su zona inundada permanente, y la más grande, la laguna de Santa Olalla, se ha secado completamente. A pesar de ser una laguna que se alimenta por las aguas subterráneas, nunca antes se había secado dos años consecutivos 2022-2023, según ha comunicado la Estación Biológica de Doñana. Para Greenpeace, esto pone en evidencia el deplorable estado de conservación en que se encuentra el humedal más protegido del país, fruto de la sobreexplotación y mala gestión del agua que se hace fuera de los márgenes del espacio natural protegido. El deterioro de este territorio es realmente grave ya que se trata de un lugar crucial para la investigación científica, la educación ambiental y el ecoturismo, y su preservación es fundamental para garantizar la supervivencia de muchas especies y la salud de los ecosistemas en la región.
Tal y como ha alertado Greenpeace en numerosas ocasiones, nos encontramos ante la crónica de la muerte anunciada de uno de los humedales más importantes del mundo. Al igual que lo sucedido en el Parque Nacional de la Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, el Parque Nacional de Doñana sigue la misma trayectoria e historial hacia su desecación y desaparición. El crecimiento y transformación de miles de hectáreas en regadíos intensivos, unido a las extracciones masivas e ilegales de agua subterránea, la modificación de canales y cauces hacia el espacio protegido han llevado a Doñana a una lenta agonía. Y Doñana sólo es la punta del iceberg de un problema que afecta a muchos otros lugares del estado.
A pesar de los intentos y conversaciones entre el sector agrario y las organizaciones sociales y ecologistas a lo largo de los años para regular y garantizar la convivencia entre actividades productivas y la conservación del humedal, la situación es crítica. Desde que empezara el boom de la agricultura intensiva alrededor del espacio protegido, especialmente en el sector de los frutos rojos, y a pesar del largo proceso de diálogo que supuso el Plan de la Corona Norte de Doñana, la superficie de regadíos no ha dejado de crecer en su entorno; muchos de ellos de forma ilegal. Y lejos de atajar el problema, la administración andaluza está a punto de permitir la legalización de cerca de 2.000 hectáreas de regadíos que no tienen derechos para usar el agua del acuífero.
Los científicos y los colectivos ecologistas no han dejado de mostrar su preocupación desde hace años por lo que está sucediendo en Doñana. De hecho el último estudio presentado por la Estación Biológica de Doñana – CSIC muestra que casi el 60% de las lagunas que existían en los años 80 han desaparecido actualmente. El informe señala cómo las sequías, cada vez más recurrentes y severas como consecuencia del cambio climático, sumado a la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos, están haciendo desaparecer esta joya de la biodiversidad.
En medio de este escenario, el pasado mes de julio, Greenpeace, junto a la actriz Alba Flores, visitaron Doñana y pudieron comprobar el grave deterioro del humedal, donde el bajo nivel en sus lagunas dejaba ya en evidencia las graves consecuencias de las excesivas extracciones de agua masivas, fruto de una agricultura de regadío intensivo e industrial desarrollado al amparo del beneplácito de las administraciones responsables. Se suma así a las diferentes actuaciones que la organización ecologista está haciendo junto a las demás organizaciones que forman parte de la plataforma Salvemos Doñana que, también a principios del mes pasado, acudía a Bruselas para entregar al comisario europeo de medioambiente, Virginijus Sinkevičius, 260.000 firmas contra la proposición de Ley impulsada por el partido popular y Vox en Andalucía.
