ASG
Los criterios ASG (Medioambientales, sociales y de buen gobierno) han llegado para quedarse. Un informe recientemente publicado por un equipo de expertos la consultora global BCG afirma que el movimiento a favor de la sostenibilidad, que empezó a extenderse por el mundo empresarial de las economías avanzadas hace décadas, está llegando ahora con fuerza a las empresas de los mercados emergentes. La publicación explica que Los consumidores, los socios comerciales, los inversores, los reguladores y los empleados presionan cada vez más, tanto dentro como fuera del país, para que las compañías respalden sus compromisos con acciones verificables, y, de lo contrario, las castigan por sus deficiencias.
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Esta ha sido una de las principales conclusiones que se desprende del Barómetro sobre Materialidad elaborado por DIRSE y EY bajo el nombre de “Evolución de las prioridades de la función de sostenibilidad (ASG) ante la situación socioeconómica global”. La publicación expone que los temas relacionados con la gobernanza (ética corporativa) han ganado fuerza, mientras que la salud y seguridad de los empleados se consolidan como los tópicos más relevantes en la actualidad, manteniendo así la tendencia alcista desde el inicio de la pandemia. Por su parte, los asuntos medioambientales han vuelto a aparecer como prioritarios una vez superada la crisis de la COVID-19.
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Gestionar los datos y el reporting, adaptarse a la cambiante normativa y manejar las expectativas de la alta dirección, serían los grandes desafíos que tendrán por delante los DIRSE el próximo año Según APlanet.
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Las y los ponentes del Curso de Verano organizado por el Foro de Inversión Sostenible de España han coincidido en que el aumento de la regulación, la demanda de los inversores y las preferencias de la sociedad están impulsando la consideración de la diversidad en las finanzas sostenibles.
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Así se ha puesto de manifiesto en la primera edición del APlanet Summit 2022, celebrado en Google for Startups Campus de Madrid, que ha reunido a más de 60 profesionales del sector. El encuentro ha analizado cómo el tsunami regulatorio impulsado por la Unión Europea está requiriendo cambios en la forma de gestionar los datos por parte los profesionales de la sostenibilidad, cuyo papel es cada vez más destacado en las empresas.
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La Cámara de Comercio de España, a través de la red de Cámaras de Comercio Territoriales, con la financiación de los fondos Next Generation EU ha puesto en marcha una nueva herramienta que ayudará a las pequeñas y medianas empresas a identificar y gestionar los aspectos más relevantes en su sector en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG) y les proporcionará ejemplos de buenas prácticas para que puedan incorporar en su gestión criterios de sostenibilidad. Este nuevo mapa de conocimiento y evaluación está disponible a través del siguiente link: https://matrizsostenibilidad.camara.es/
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Se trata de un servicio diferenciador, diseñado bajo una metodología propia y basado en la Guía de Cambridge Institute for Sustainability Leadership y UNEP-Fi. El objetivo de la entidad financiera es poder ayudar a sus clientes a analizar y establecer su estrategia y posicionamiento sostenible.
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La entidad coloca a la sostenibilidad como uno de sus principales pilares de acción al suscribir a los Principios para la Inversión Responsable (PRI). En este sentido, la banca asume que la consideración de factores ambientales, sociales y de buen gobierno en las decisiones de inversión y gestión es clave para contribuir con un sistema financiero sostenible.
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Cuando hablamos de sostenibilidad, nuestra mente suele dirigirse a conceptos medioambientales. No hace mucho, estábamos celebrando en España la Cumbre Mundial del Clima y las cuestiones del medio ambiente eran el centro de las políticas de responsabilidad social de la mayoría de empresas, sin embargo, la crisis provocada por el coronavirus ha trastocado este modelo.
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A pesar de que los seres humanos nos reconozcamos como entes racionales capaces de analizar situaciones críticamente y tomar decisiones lógicas, algunas, como la provocada por el COVID-19, nos devuelven a la dura realidad. No estamos tan evolucionados o, parafraseando a Drucker, “Fear eats logic for breakfast”. En resumen, que el miedo sigue siendo una fuerza atávica tal que nos empuja a reaccionar, antes que pensar.
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La pandemia del Covid-19 está poniendo de manifiesto las fisuras en las estructuras económicas, sociales y políticas de muchos países ¿Pueden los datos ASG de los países ayudar a identificar fisuras potencialmente peligrosas y determinar su preparación para las crisis? Resulta obvio que algunos países están teniendo más éxito que otros en su lucha contra el Covid-19. El informe que ha realizado Max Schieler, Analista de Sostenibilidad por Países de RobecoSAM lo analiza en detalle.
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El 2019 ha sido en España un año de incertidumbre política y social, pero que podríamos calificar de pasos hacia una mayor transparencia y diversidad.
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El documento del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética ha tratado de analizar si poner el nombre y apellido de sostenibilidad en los consejos de administración puede mejorar la valoración de cara a los analistas. Desde Forética, han observado la existencia de tres catalizadores que están siendo clave para que el activismo accionarial despegue: el inversor consciente, el inversor indexado y el regulador preocupado por el largo plazo.
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El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad (TGI) es una plataforma de empresas coordinada por Forética en España cuyo objetivo es servir de punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en los ámbitos de transparencia, buen gobierno e integridad
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La ISR crece tanto en volumen como en calidad. Según el último estudio de Spainsif, el volumen de activos gestionados en España por estrategias ISR se ha multiplicado por más de cinco veces en los últimos seis años. Reino Unido y Francia son los referentes a nivel europeo. El patrimonio de los fondos gestionados teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) llegó a 169.359 millones de euros en 2015, según el estudio “La inversión socialmente responsable en España” elaborado por Spainsif
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