El 2019 ha sido en España un año de incertidumbre política y social, pero que podríamos calificar de pasos hacia una mayor transparencia y diversidad.
Balance ASG 2019
Foto: Jaime Villanueva. Huelga por el Clima en Madrid. El País.

Buen gobierno

 

La diversidad es uno de los ejes clave para la sostenibilidad. En este sentido, las posiciones de toma de decisión de las organizaciones deben dar ejemplo del compromiso con la diversidad. La Recomendación 17 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas establece como un mínimo del 33% de consejeros independientes sobre el total de consejeros y el 50% en sociedades de elevada capitalización.

 

El estudio Spain Board Index 2019, de Spencer Stuart, afirma que aunque el número de consejeros independientes en España va en aumento, sigue siendo extremadamente bajo en comparación con otros países. Mientras que los consejeros independientes representan el 44% en España, Suiza lidera el número de consejeros independientes con el 87%, seguido de EEUU con 85%. Si bien todas las empresas españolas analizadas cuentan con al menos dos independientes entre sus consejeros, el 19% (9% en el IBEX-35) de las compañías todavía no cumple con la recomendación de tener al menos un 33% de consejeros independientes.

 

La aprobación de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad, impuso a las empresas la obligación de reportar el estado de información no financiera en aspectos ambientales, laborales, derechos humanos, corrupción y soborno y otros aspectos relacionados con la comunidad en la que opera, siendo este 2019 el primer año de obligación de reporte EINF en el Informe de Gestión de las Cuentas Anuales. Tras el primer desconcierto inicial, las empresas han elaborado sus informes y las certificadoras han sido las principales verificadoras de los informes.

 

GRI acaba de lanzar su nuevo indicador GRI 207 impuestos, para informes u otros materiales publicados en o después 1 de enero de 2021. La presentación de informes país por país implica la presentación de informes información financiera, económica y fiscal para cada jurisdicción en la que opera una organización. En este sentido, se deberá reportar sobre el enfoque de gestión fiscal, los aspectos relacionados de gobernanza, control y gestión de riesgos, la participación de las partes interesadas y gestión de las preocupaciones relacionadas con los impuestos y los informes de cada país en el que opere. 

 

Las finanzas se vuelven más sostenibles, las principales agencias de calificación, como Moody´s o S&P Global, consideran que los intentos por cumplir con los objetivos hacia una economía baja en emisiones de carbono, representarán una amenaza para la solvencia de las empresas. Por otro lado, la Federación Europea de Hipotecas ha creado un sello europeo de hipotecas verdes.

 

Los aspectos ASG tienen cada vez mayor peso para el sector bancario y el sector asegurador. Un estudio de Bank of America y Merril Lynch, revela un dato que da mucho que pensar: el 90% (15 de 17) de las empresas en el S&P 500, que quebraron entre 2005 y 2015, eran empresas con puntuaciones ambientales y sociales deficientes cinco años antes a la quiebra.

Las cadenas de suministro se vuelven más responsables. Muchas empresas están siendo evaluadas por sus clientes en aspectos sociales y ambientales bien a través de plataformas de evaluación, bien siendo certificadas por sistemas de gestión éticos, como SEDEX SMETA.

 

Durante el año, hemos vivido un goteo de casos de corrupción, como FCC, BBVA Indra, o CaixaBank. En la mayoría de los casos, los denunciantes sufren acoso laboral y acaban siendo despedidos, como es el caso de Mar Uriarte en el caso de Bantierra Caja Rural de Aragón o Ana Garrido del caso Gurtel. Con el fin de fomentar la denuncia y proteger a los informantes de infracciones, la UE ha aprobado la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Con la Directiva se protege a los empleados, tanto del sector público como privado, personas por cuenta propia, miembros del consejo de administración y subcontratistas y proveedores, que hayan tenido conocimiento por razón de su relación con la empresa en cuestión, de infracciones en la contratación pública, servicios financieros y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad de los productos (entre ellos, protección del medio ambiente, salud pública y protección de datos), intereses financieros de la UE y en lo relativo a infracciones del impuesto de sociedades.  

 

Social

La principal normativa que ha supuesto nuevas obligaciones para el sector empresarial, es el Real Decreto -ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Obligando a las empresas a la elaboración de planes de igualdad, en el caso de empresas de más de 150-250 trabajadores en marzo de 2020, a las de 100-150 en marzo de 2021 y a las de más de 50 trabajadores en 2022. Se preveía la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, obligando a las empresas a inscribir sus planes de igualdad. Y se preveía la aprobación de un reglamento para desarrollar el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y la evaluación de los planes de igualdad. A fecha de hoy no se ha aprobado el Reglamento, ni se ha creado el citado registro.

 

Ambiental

La joven activista Greta Thunberg ha logrado que el Cambio Climático haya sido portada de todos los periódicos del mundo, y se hayan llevado a cabo iniciativas de protesta como Fridays for the Future y la huelga por el clima, el pasado mes de septiembre.

La Cumbre del Clima, COP25 -celebrada a última hora en Madrid, ante la incapacidad de Chile de asumirla por la crisis por la que atraviesa el país- albergaba muchas expectativas para frenar de manera decidida el Cambio Climático. Sin embargo, ha sido poco esperanzadora, con acuerdos de mínimos para reducir las emisiones y la imposibilidad de establecer un mercado común de carbono. Tan solo 84 países se han comprometido a presentar planes contra las emisiones en 2020, entre ellos España, pero las principales potencias como EEUU, China, Rusia, India y Brasil no han asumido compromisos que podrían suponer grandes reducciones de emisiones de CO2.

Por otro lado, para prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud humana, así como fomentar la transición a una economía circular con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles, se aprobó la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente que prohíbe el uso de productos de plástico de un solo uso, con la previsión de que en el año 2021 se prohíban las pajitas, cubiertos, vasos, recipientes alimentarios, bastoncillos de algodón. Para las botellas de bebidas, se ha establecido el contenido mínimo de plástico reciclado del 25% para 2025, y del 30% para el 2030.

¿Te ha gustado el artículo?

1 No me ha gustado 0

Tu opinión es importante... ¡dejanos tus comentarios!

Top