La era del inversor activista. Los aspectos ASG en el foco del diálogo entre empresa e inversores

2019 ha empezado fuerte. El 25 de enero se produce una catástrofe de gran magnitud. La presa de Feijao, operada por la minera Vale en Brasil revienta arrastrando lodo y residuos mineros llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso, incluyendo más de 300 personas de las que 166 han sido confirmadas como víctimas mortales. Las imágenes son estremecedoras, más propias de una película de terror que de un suceso real. Cuatro días más tarde, la energética americana PG&E solicita el concurso de acreedores, ante la bancarrota producida por su responsabilidad en el incendio Camp Fire, que ha asolado el Estado de California en noviembre de 2018, arrasando 62.000 hectáreas y causando la muerte a 86 personas.

A pesar de su crudeza, ambas historias no constituyen hechos aislados ni cisnes negros. Para VALE, se trata de la segunda rotura de una presa en los últimos tres años. En el caso de PG&E, la compañía estaba sobre aviso, tras los también devastadores incendios en California en 2017. Las dos compañías estaban en el punto de mira de las agencias de rating de sostenibilidad. Los shocks ASG, como denominamos a estos incidentes en el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, son lamentablemente cada vez más frecuentes y severos y arrojan como resultado una tremenda destrucción de valor social, ambiental, ético y financiero. La primera pregunta que surge es la siguiente. ¿Cuál es el rol de los accionistas? ¿Deberían tomar cartas en el asunto?

Los inversores empiezan a despertar a una nueva realidad. La responsabilidad de sus inversores no se limita a generar retornos y gestionar riesgos. La inversión sostenible, que incorpora aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones de inversión, lleva más de dos décadas creciendo a doble dígito y aún disfruta de magníficas perspectivas a futuro. Sin embargo, a medida que el mercado madura y se incrementa su sofisticación, los inversores sostenibles se dan cuenta de que para ser responsable no basta con una mera labor analítica que estudie los impactos de las empresas y calibre la exposición de sus carteras ante esos impactos. La responsabilidad bien entendida debe ir más allá, a través del ejercicio de control y supervisión como propietarios de activos, sean accionistas o titulares de deuda. Si entendemos que esto debería ser así, la siguiente pregunta será… ¿están realmente ejerciendo esa responsabilidad de manera activa? La respuesta es no. Al menos todavía no.

En el contexto español, tan solo el 6% de los activos gestionados con criterios de responsabilidad social -unos 12.000 millones de euros de un total de 186.000 millones- desarrolla acciones de diálogo activo con las compañías en las que invierte sobre aspectos ASG. Si miramos a nuestro entorno, los resultados en Europa son ligeramente más favorables, pero aun son testimoniales. Esto refleja el ahora, pero probablemente no el futuro. Estamos convencidos de que arrancamos una década de mayor activismo accionarial en Europa y estas son las tres claves para entender su desarrollo.

El regulador aspira a “activar” el activismo. Probablemente el hecho más inmediato es que tenemos en ciernes la trasposición de una nueva Directiva europea sobre derechos de los accionistas. Esta directiva, que debería ser traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico en junio de este año, pretende catapultar el activismo de los inversores en Europa, a través de una serie de disposiciones que transformaran el panorama de la inversión. Por ejemplo, la obligación de que los inversores institucionales formalicen y hagan pública una política de engagement en la que se haga contar si se tienen en cuenta los aspectos ASG en los procesos de diálogo con las empresas. Así mismo, se exige una mayor transparencia a lo largo de la cadena de intervención financiera que permita identificar a los accionistas y detectar potenciales conflictos de intereses entre empresas, gestores y asesores de voto. Por su parte, la estrategia europea de Unión de Mercado de Capitales, también trata de derribar las barreras existentes a la hora de ejercer el voto en las juntas de accionistas por parte de los inversores en las distintas jurisdicciones comunitarias. Por último, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, pretende impulsar una agenda de largo plazo tanto en las empresas como en los inversores. La regulación sopla a favor del activismo.

El auge de la inversión pasiva como palanca de cambio. Uno de los fenómenos de mayor crecimiento en la industria de la gestión de activos es el conocido como gestión pasiva o indexada. La virtud de esta fórmula de inversión es que minimiza los los costes de gestión de un fondo de inversión, ofreciendo una rentabilidad neta final frecuentemente superior a la de la gestión activa. La inversión pasiva ha ido aumentando progresivamente su peso dentro de las cadenas de inversión, ya sean institucionales o minoristas, y al hacerlo genera un dilema desde el punto de vista de gobierno corporativo. Si la acción de una compañía tiene que ser incluida en la cartera por el hecho de formar parte de un índice, haga lo que haga, ¿cuál es el incentivo de una empresa para hacer las cosas mejor? Este hecho es preocupante. Sin embargo, el efecto puede ser contrario a lo que nos sugiere la intuición. Desde la perspectiva del inversor, cuando vender no es una opción, la mejor herramienta para garantizar que una inversión produce los frutos deseados, financieros y extra-financieros, es precisamente el diálogo y el activismo accionarial. Si esto no fuera suficiente argumento, las economías de escala de la inversión pasiva juegan a favor de los inversores. Los tres grandes actores en inversión pasiva – Vanguard, Blackrock y State Street- son titulares del 40% de todo el índice S&P 500[1]. ¿Cuánto poder tienen estos tres agentes si se ponen de acuerdo en algo? Si la sostenibilidad emerge como una prioridad, su capacidad de influencia será decisiva.

El engagement en aspectos ASG genera valor. Quizá el argumento más importante, es el menos evidente, pero el más decisivo. El activismo accionarial en aspectos ASG genera valor. Este es el resultado de un reciente estudio de los profesores Dimson et Al., en el que analiza el impacto de más de 600 procesos de activismo de inversores en aspectos ASG. De media, estos procesos generaron un retorno incremental en las compañías objeto del diálogo de más del 2,3%. Específicamente, aquellos procesos de diálogo que culminaron con éxito, generaron un incremento en la rentabilidad del 7,1% como consecuencia de los mismos.

activismo accionarial
Con estos argumentos en la mano debemos advertir que el activismo accionarial no es una fórmula mágica. Al fin y al cabo, VALE ha sido objeto de procesos de engagement por parte de ROBECO y otros inversores sostenibles durante los últimos tres años y, no ha sido suficiente para prevenir una nueva catástrofe. Pero no por ello, debemos de confiar en el proceso. El activismo en ASG es todavía incipiente, pero se empieza a ver sus frutos. La próxima década será decisiva.                                                                                                                                                                                                                

 

[1] Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk. Fichner et al.

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