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Vivimos en una nación notablemente rica en términos culturales y patrimoniales, con prominentes instituciones museísticas que resguardan auténticos tesoros de nuestro pasado histórico. Como ciudadanos, nos corresponde una serie de derechos culturales estrechamente vinculados a la preservación, conservación y disfrute de este patrimonio.
Derechos, cultura y ciudadanía

No obstante, la pregunta es inevitable: ¿Qué implica exactamente el concepto de derechos culturales?La política y declaración de derechos culturales se encuentran consagradas en diversos puntos de la legislación, tanto a nivel nacional como internacional en el marco de los Derechos Humanos. Ejemplos paradigmáticos de estos pactos internacionales que abordan la cuestión cultural incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la misma Asamblea en 1966 (aunque no entró en vigor hasta diez años después).

En el contexto español, el artículo 44 de la Constitución proclama el derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural, a disfrutar de su propia cultura y a acceder a las expresiones culturales de otros grupos y comunidades. Además, la Ley de Patrimonio Cultural y Museos de 1985 establece un marco legal para la protección y conservación del patrimonio cultural en España.

Los derechos culturales y la preservación del patrimonio desempeñan un papel fundamental en la construcción y fortalecimiento de la identidad de una sociedad, además de promover la diversidad y la identidad culturales de nuestra nación, de hecho el patrimonio cultural no se refiere únicamente a bienes muebles de carácter artístico, una gran parte del patrimonio se corresponde con el patrimonio inmaterial, bienes intangibles como los bailes o dialectos, entre otras cosas,  que se crean y definen dentro de entornos culturales, sociales, políticos y económicos específicos. Es importante tener en cuenta este concepto para fomentar la salvaguardan las raíces históricas, la tradición y la diversidad que enriquecen la herencia de una comunidad, y, por ende, la herencia del país. Pero, ¿qué exponen exactamente estos derechos culturales?  

Son varios los aspectos que aseguran que los individuos puedan ser partícipes de su derecho a la cultura, sin duda, el más esencial sería fomentar la participación activa de los ciudadanos en la vida cultural. El acceso a expresiones artísticas, museos, bibliotecas y otras manifestaciones culturales no solo enriquece la experiencia individual, sino que también fortalece el tejido social al propiciar el diálogo intercultural y la comprensión mutua.

La accesibilidad económica es un factor importante en este caso, hay muchas instituciones a nivel privado que necesitan cobran una cantidad de dinero para poder seguir preservando las colecciones, sin embargo, cada vez son más las ayudas que prestan a estos servicios, facilitando la reducción de las tarifas o incluso siendo gratuitas en ciertas ocasiones. De este modo, todo el mundo, sin importar el nivel económico, puede ser partícipe de la cultura.

Para que esto pueda ocurrir, también se tiene en cuenta no solo la accesibilidad a nivel económico, también se ha hecho hincapié en la accesibilidad física para que ningún individuo quede exento de poder asistir a dichas instituciones.

Por otro lado, la educación tiene un papel esencial en la difusión de estos derechos.  La inclusión de la educación cultural en todos los niveles de enseñanza permite que las generaciones futuras comprendan y valoren la importancia de su patrimonio, cultivando así un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la preservación de la herencia cultural.

Por último, hay que destacar la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos a la hora de preservar y proteger el patrimonio como parte integral de la identidad nacional. Esta preservación no consiste solo en la conservación material del patrimonio, sirve también como un vínculo tangible con el pasado mediante la preservación del patrimonio inmaterial nombrado anteriormente. Por su parte, las edificaciones históricas, obras de arte y sitios arqueológicos son testigos vivos de la evolución de nuestra sociedad. Su protección no solo garantiza la continuidad de la narrativa histórica, sino que también proporciona una fuente de inspiración para la creatividad contemporánea.

Sin embargo, parece que cada vez son menos los que quieren ejercer su derecho a la cultura. En la actualidad, muchas personas experimentan un ritmo de vida acelerado debido a las demandas laborales, responsabilidades familiares y compromisos sociales, lo que deja a la cultura y al ocio en un segundo plano. Del mismo modo, las nuevas generaciones tienen preferencia por otro tipo de ocio que nada tiene que ver con el patrimonio cultural. Esta pérdida del interés está contribuyendo al paulatino olvido de la identidad histórica de nuestro país. Aprender del pasado supone un castigo limitado a las aulas, se están abandonando edificaciones que en su momento desempeñaron un papel crucial, descuidando civilizaciones condenadas a permanecer enterradas bajo tierra, propiciando el cierre de instituciones museísticas no respaldadas por entidades estatales debido a la baja demanda de asistencia turística. A pesar de contar con una amplia oferta de derechos culturales: ¿Qué sucede cuando somos los propios ciudadanos quienes renuncian a ejercer ese derecho?

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