El calentamiento del país avanza de la mano de la desigualdad social, según el nuevo informe Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa, presentado por Oxfam Intermón con motivo de la conferencia internacional sobre el clima COP30. La organización advierte de que las personas con menos recursos son las más expuestas a los efectos del calor extremo, la pobreza energética y los desastres climáticos.
“El cambio climático no solo calienta el planeta, también agrava las desigualdades. Urge aplicar políticas redistributivas que protejan de los impactos a quienes menos tienen”, subraya Lourdes Benavides, responsable de justicia climática de Oxfam Intermón.
El análisis revela una desigualdad extrema en las emisiones de carbono en España. En 2022, el 0,1% de la población con mayores ingresos emitió 55 veces más CO₂ que el 50% con menos recursos. Ese mismo año, el 1% más rico consumió 45 veces el presupuesto de carbono que le correspondería para mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 °C.
La responsabilidad recae también en el tejido empresarial. Según el estudio, las compañías del IBEX 35 generan el 30% de las emisiones directas del país. Cuatro del sector energético y una del transporte aéreo concentran más de una cuarta parte del total nacional. “La transición ecológica solo será justa si quienes más emiten asumen su responsabilidad”, añade Benavides.
Los últimos cinco veranos han sido los más cálidos desde que existen registros, y el de 2025 ha batido todos los récords. Entre 2015 y 2023, las olas de calor provocaron cerca de 37.000 muertes; solo en agosto de 2025 se registraron 2.177 fallecimientos vinculados a las altas temperaturas.
La desigualdad también se traduce en la capacidad de resistir el calor. Más de un tercio de los hogares no logra mantener una temperatura adecuada en verano, bien por falta de recursos, bien por viviendas mal aisladas. Oxfam Intermón denuncia que las ayudas para la rehabilitación energética resultan poco accesibles para las familias con rentas bajas, perpetuando la pobreza energética.
Las inundaciones, por su parte, amenazan a más de un millón de viviendas ubicadas en zonas de riesgo, muchas de ellas con ingresos inferiores a 30.000 € anuales. Mujeres, jóvenes, personas mayores, migrantes, racializadas y con menos recursos son los grupos más vulnerables.
“Diseñar ciudades más verdes y habitables es esencial, pero debe hacerse con criterios de equidad. La capacidad de adaptación no puede depender del nivel de ingresos”, advierte Benavides. El informe también señala la influencia desproporcionada de las grandes empresas de combustibles fósiles y del sector energético en la formulación de políticas. “Sin una regulación del lobby empresarial, no puede hablarse de justicia climática”, afirma la organización.
Oxfam Intermón considera que la transición energética representa una oportunidad histórica para reducir desigualdades estructurales. La organización propone incorporar una perspectiva de justicia social en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en el futuro Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Entre las medidas prioritarias, plantea:
“La transición energética es una oportunidad para construir un país más justo y resiliente. Invertir hoy en equidad climática no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de supervivencia”, concluye Benavides.
