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Las últimas decisiones comerciales de Estados Unidos amenazan con profundizar la desigualdad global. El Centro de Comercio Internacional alerta de que los países menos desarrollados, ya afectados por recortes en la ayuda oficial, sufren ahora un doble golpe que compromete sus derechos laborales, el empleo y la justicia social.
Los aranceles estadounidenses intensifican la precariedad en las economías más vulnerables

Los países menos industrializados enfrentan una creciente incertidumbre económica como consecuencia directa de las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos a los productos importados. Así lo advierte el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Organización Mundial del Comercio y de Naciones Unidas, que ha alertado sobre el impacto desproporcionado de estas medidas en los países en desarrollo.

Según informó el ITC esta semana, los masivos aranceles —sumados a los drásticos recortes en la cooperación internacional— están generando una “tormenta perfecta” para las naciones más empobrecidas, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones a mercados del Norte Global. Entre las medidas más polémicas, Estados Unidos amenazó recientemente con imponer un nuevo arancel del 10% a los países que adopten ciertas políticas alineadas con el bloque de los BRICS, integrado por economías emergentes del Sur Global.

En declaraciones realizadas desde Ginebra, la directora ejecutiva del ITC, Pamela Coke-Hamilton, subrayó que esta volatilidad en las relaciones comerciales está poniendo en peligro inversiones clave y contratos internacionales. Aunque la entrada en vigor de los aranceles recíprocos se ha pospuesto del 9 de julio al 1 de agosto, esta prórroga no elimina el problema: “La medida prolonga el periodo de incertidumbre, poniendo en riesgo el desarrollo a largo plazo”, afirmó Coke-Hamilton.

Costes más altos para los más vulnerables

Los países más golpeados por estas medidas son también los que disponen de menos herramientas para afrontarlas. Laos, Myanmar, Lesotho y Madagascar enfrentan tarifas de entre el 40% y el 50%, pese a pequeñas reducciones respecto a tasas anteriores. En Lesotho, por ejemplo, está en peligro la supervivencia del principal sector industrial del país —el textil—, que da empleo a decenas de miles de personas, muchas de ellas mujeres.

Vietnam, otro de los países en negociación con Washington, ve comprometido el futuro de su industria exportadora: más del 25% de sus ventas externas están dirigidas a EE.UU. y ya está sometido a aranceles del 20%. El ITC recuerda que, solo en 2024, las exportaciones vietnamitas de vehículos y componentes hacia Estados Unidos alcanzaron los 937 millones de dólares. Estos nuevos impuestos podrían alterar significativamente el comercio regional y acentuar la fragilidad económica.

Recortes en la ayuda: doble impacto sobre los derechos sociales

A esta situación se suma el retroceso en el financiamiento internacional. El ITC calcula que los países del G7 —responsables del 75% de la ayuda oficial al desarrollo— reducirán su presupuesto de cooperación en un 28% en 2025 respecto al año anterior. Sería el mayor descenso registrado desde la creación del grupo hace medio siglo. Este “doble golpe” —aranceles y recortes— supone un retroceso importante para los derechos humanos, particularmente en lo que respecta al acceso a empleo digno, servicios básicos y autonomía económica.

Ante este contexto adverso, el ITC insta a promover la transformación productiva local antes de exportar y a integrar mejor a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas globales de valor. “Las pymes representan el 90% de las empresas y dos tercios del empleo mundial. Cuando prosperan, contribuyen directamente a la estabilidad social y económica”, destacó Coke-Hamilton.

Desde su fundación en 1964, el Centro de Comercio Internacional trabaja por un comercio inclusivo como motor del desarrollo humano sostenible. Hoy, sus advertencias refuerzan la urgencia de revisar las políticas comerciales desde una perspectiva de justicia social y climática, especialmente cuando afectan a los derechos de los países más empobrecidos.

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