El trabajo de cuidados —históricamente no remunerado y feminizado— sostiene a millones de familias y comunidades. Sin embargo, rara vez se le reconoce como un aporte económico o social. Según datos de Naciones Unidas, cada día se realizan 12.500 millones de horas de cuidados no pagados en todo el mundo, la mayoría a cargo de mujeres.
“Las trabajadoras que no vemos ni pagamos son abuelas, madres e hijas que cuidan a la infancia, a personas mayores o enfermas. Nuestro sistema está diseñado como si ese trabajo no existiera”, denuncia Meredith Cortés Bravo, fundadora de una organización de base en Chile. El problema no es solo la falta de reconocimiento simbólico, sino también la renuncia forzada a empleos formales por parte de las mujeres para asumir estas tareas. Como resultado, la desigualdad se refuerza, al tiempo que se profundiza la feminización de la pobreza.
Durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, se evaluó el estado actual de los ODS. A pesar de algunos avances, la igualdad de género continúa siendo el objetivo más atrasado. “Las normas de género discriminatorias persisten y las mujeres siguen dedicando el doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado”, explicó Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Para ella, no se trata de una cuestión secundaria: “Es clave para la paz, la justicia y la sostenibilidad del planeta”.
América Latina como referente global
En este contexto, América Latina se convierte en un laboratorio de transformación social. La pandemia de COVID-19 agudizó la crisis de los cuidados, dejando al descubierto la urgencia de políticas públicas eficaces.
“Esta revolución consiste en visibilizar, valorizar e invertir en los cuidados”, sostiene María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres. Desde su punto de vista, se trata de una “inversión estratégica para la justicia social, la igualdad de género y el desarrollo sostenible”.
Varios países latinoamericanos ya están reformando sus sistemas. Chile, por ejemplo, ofrece servicios de cuidado en 151 municipios, con la meta de alcanzar a 75.000 personas en los próximos años. En Brasil, se han implementado programas que capacitan a cuidadoras en derechos laborales, mientras que México y Perú han reconocido el cuidado como un derecho humano.
El reconocimiento legal del cuidado es fundamental para romper los círculos de desigualdad y dependencia. “Si decimos que el cuidado es un derecho humano, entonces el Estado debe garantizarlo”, enfatiza Vaeza. Para Aideé Zamorano González, fundadora de la organización mexicana Mamá Godín, también es imprescindible que las empresas adopten políticas de conciliación laboral y familiar. “Tienes que poder gobernar tu vida”, afirma, aludiendo al vínculo directo entre independencia económica y libertad.
La falta de apoyo institucional deja a muchas mujeres atrapadas en relaciones abusivas o situaciones de precariedad. “El poder económico es clave para evitar otros tipos de violencia”, añade Zamorano González.
Un impulso económico con perspectiva de género
Lejos de ser un gasto, invertir en el sistema de cuidados genera retornos significativos. Según ONU Mujeres, las nuevas estructuras implementadas en Chile y Colombia aportan un 25,6% y un 19,6% al PIB de sus respectivos países. “Cuando se invierte en organizaciones de mujeres, se fortalece una red viva que llega a rincones donde los programas institucionales no llegan”, señala Bravo.
Para ONU Mujeres, lo que hoy está ocurriendo en América Latina debería replicarse a escala global. “Esta revolución tiene que exportarse”, concluye Vaeza, destacando que cambiar el enfoque del cuidado es una forma poderosa de avanzar hacia un futuro más justo e igualitario. En palabras de Zamorano González: “Mientras cambiamos el sistema, aprendamos a jugar dentro de él. Lograr autonomía económica es también una vía hacia la libertad”.
