La relevancia de esta pregunta hoy radica en que estamos en un momento histórico donde las normas y leyes parecen, en ocasiones, despojadas de un sentido humano y ético, enfocados más en el cumplimiento formal que en el beneficio o la justicia que deberían buscar. Este vaciamiento de los valores esenciales lleva a un escenario donde las leyes se convierten en simples estructuras sin alma, incapaces de adaptarse a los desafíos complejos de la sociedad contemporánea.
Este enfoque implica una revisión profunda del rol de la ética en la política y el derecho, y de la responsabilidad de cada persona en la creación de una sociedad que valore tanto las normas como los principios que las inspiran.
La política debería ser el espacio en el que se discuten, negocian y actualizan los valores compartidos en una sociedad. Sin embargo, muchas veces se convierte en una arena de intereses individuales o de grupo, dejando de lado el propósito de buscar el bien común. Una política ética, en cambio, prioriza el beneficio colectivo y toma decisiones basadas en la justicia, la equidad y la solidaridad.
La acción política se concreta en las normas legales. En lugar de una deontología aislada de la realidad humana, el derecho debería incorporar de manera explícita los valores éticos en su desarrollo. La ética proporciona una orientación sobre lo que es justo, bueno y adecuado en una sociedad; es el “por qué” de las normas. El derecho, cuando se limita únicamente al cumplimiento de la ley sin una base ética, puede terminar siendo un instrumento de control en lugar de un mecanismo de justicia.
Vivimos en una época en la que las normas y leyes a menudo se perciben como mecanismos técnicos de regulación, más que como expresiones de valores compartidos y principios éticos fundamentales. Este desajuste genera una desconexión entre la ciudadanía y las instituciones, ya que las personas pueden ver las leyes como algo ajeno, sin entender que estas deberían ser un reflejo de los ideales y aspiraciones colectivas.
Frente a esta cuestión, es imperativo redescubrir y fortalecer estos principios y valores para devolver a la ética un papel central en la regulación de la conducta humana. Esto no solo le corresponde a los políticos y juristas, sino a todas las personas en su vida cotidiana. Entre las cuestiones principales que deben plantearse están:
A partir de la respuesta a estas preguntas debemos considerar que la relación entre la ética, la política y el derecho es fundamental para garantizar la convivencia en una sociedad democrática. La política debe definir las prioridades y los valores que deben guiar a la comunidad, mientras que el derecho ha de transformar esas prioridades en normas y principios que regulan la vida en sociedad. Sin una interacción equilibrada entre ambos, la convivencia puede verse afectada, ya que la política sin derecho carece de límites y puede volverse arbitraria, mientras que el derecho sin política puede volverse rígido y desconectado de la realidad social. La intersección entre ética, política y derecho permite que las normas reflejen las aspiraciones colectivas de la sociedad y no solo los intereses de un sector o grupo particular.
En una sociedad diversa, la convivencia implica respetar y valorar las diferencias, sin perder de vista los principios y valores comunes que permiten vivir en armonía. La ética, la política y el derecho juegan un papel esencial en este aspecto, ya que establecen las bases para que personas con diferentes creencias, orígenes y perspectivas puedan convivir sin conflicto.
El desafío de la convivencia en la diversidad requiere una política que fomente el diálogo intercultural y un derecho que proteja los derechos de todos los ciudadanos, sin importar sus diferencias. Esto implica que las normas jurídicas y las políticas públicas deben promover la inclusión, el respeto y la equidad, permitiendo que cada persona pueda vivir con dignidad y en paz.
Para que estos espacios cumplan su función, es esencial que los ciudadanos participen activamente y que se promueva una cultura de respeto y responsabilidad. Solo así será posible construir una sociedad en la que todos puedan convivir en paz y donde la justicia y la equidad sean los pilares de la vida en comunidad.
El estudio de la ética legal y la filosofía del Derecho pone de relieve cómo los principios éticos influyen en la creación y aplicación de leyes. Los legisladores deben considerar las implicaciones morales de las leyes que promulgan. La ética ha de actuar como un faro que guía la práctica legal, a través de la política, hacia una mayor justicia y humanidad, estableciendo el derecho los límites necesarios para evitar abusos y proteger el bienestar de la sociedad en su conjunto.
La ética personal y colectiva, ha de impulsar a los individuos y a los grupos a actuar con integridad y responsabilidad. La política ha de ser el medio de entendimiento para lograr una base ética compartida. El Derecho, como concreción de la acción política, será así el medio para regular la conducta humana y la estructura social. Mientras que el Derecho proporciona un marco de referencia y sanciones para garantizar el orden,. Esta interrelación subraya la importancia de cultivar tanto un sentido de conciencia ética y justicia legal en la formación de ciudadanos activos y comprometidos.
La reflexión ética, la acción política y el Derecho son pilares esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad. Cada uno desempeña un papel específico: la ética define los principios que orientan las conductas humanas hacia lo que se considera justo y correcto; la política organiza la acción colectiva y toma decisiones en torno al poder y los recursos; y el Derecho establece un marco normativo que regula estas acciones y protege los derechos fundamentales de las personas. En la coordinación de las tres áreas juega un papel fundamental el lenguaje, que debe basarse en la conjunción de sus elementos semánticos y sintácticos. En numerosas ocasiones se aprecia en la política y el derecho una pérdida, posiblemente deliberada, de las funciones semánticas del lenguaje, lo que posiblemente traiga causa en un alejamiento deliberado de la ética. La interacción entre estos ámbitos no solo es necesaria, sino que también es dinámica y transformadora.
Sin embargo, estas esferas no siempre se alinean de manera armónica. Entre ética, política y derecho surgen tensiones inevitables que reflejan las complejidades de la vida en sociedad.
La convivencia en sociedad requiere un equilibrio dinámico entre ética, política y derecho. Cada ámbito cumple funciones complementarias y necesarias. La ética orienta los fines de la política hacia el bien común, estableciendo un horizonte normativo que guía las acciones de los actores políticos. La política actúa como un espacio de mediación entre los valores éticos y las normas jurídicas, adaptándose a las realidades históricas y sociales. El derecho establece los límites del poder político, garantizando los derechos fundamentales y protegiendo a los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. Este papel es crucial, ya que permite que las normas evolucionen para responder a los cambios en las demandas y expectativas de la sociedad.
La interacción entre ética, política y derecho no solo define la estructura de las sociedades modernas, sino que también impulsa su evolución.
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