Los PFAS son una gran familia de compuestos químicos sintéticos con propiedades únicas como la resistencia al calor, el agua, el aceite y muchos disolventes. Se utilizan en una gran variedad de productos industriales y de consumo: envases alimentarios, cosméticos, espumas contra incendios, etc. Sin embargo, los PFAS suponen una amenaza para el medio ambiente y la salud pública3. Reciben el apodo de «sustancias químicas para siempre», porque casi nunca se degradan y pueden acumularse en los organismos vivos. Se ha descubierto que la exposición a los PFAS provoca problemas de salud como cáncer, colesterol alto y debilitamiento del sistema inmunitario4.
En este contexto, en todo el mundo se están estableciendo normativas que restringen el uso de PFAS. Francia, por ejemplo, aprobó en abril de 2024 un proyecto de ley que prohíbe la fabricación, importación, exportación y comercialización de productos que contengan PFAS5. Nueva Zelanda ha prohibido los PFAS en los cosméticos a partir de 20266, mientras que en Estados Unidos entró en vigor en abril de 20247 la primera norma nacional de agua potable legalmente exigible para proteger a las comunidades de la exposición a los PFAS nocivos. Por último, impulsada por varios países (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia), la UE estudia la posibilidad de prohibir más de 10.000 PFAS8. Con ello, la UE espera eliminar progresivamente el uso de PFAS. Esta medida formaría parte del «Pacto Verde Europeo»9, cuyo objetivo general es lograr la neutralidad de carbono para 2050, al tiempo que se fomenta una economía circular y sostenible.
La prohibición de los PFAS, aunque esencial para proteger el medio ambiente y la salud pública, podría tener consecuencias imprevistas en la economía y relativas al apoyo a una transición justa. En efecto, algunos sectores siguen siendo muy dependientes de los PFAS. Es el caso, por ejemplo, de los sectores textil y médico. Aunque ya existen alternativas, la mayoría están aún en las primeras fases de desarrollo o tienen un rendimiento inferior al de los PFAS. Una prohibición total podría, por ejemplo, perjudicar al sector médico, donde los PFAS se utilizan en la fabricación de implantes o catéteres. Para ir más lejos, algunos PFAS se utilizan en baterías para vehículos eléctricos, en membranas de paneles solares y en turbinas eólicas. Estas tecnologías requieren productos químicos que puedan soportar condiciones duras. Sin PFAS, puede resultar difícil mantener el nivel de rendimiento necesario para que estas tecnologías sigan evolucionando y contribuyan eficazmente a reducir las emisiones de carbono, como espera la UE para 205010.
Ante el doble reto de los PFAS, debemos ser más matizados en las restricciones y normativas asociadas. La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) estudia, por ejemplo, la posibilidad de hacer excepciones para sectores críticos como el médico o el de componentes electrónicos. Para estos sectores, la propuesta consistiría en aplazar 5 o 12 años11 la aplicación de la normativa, dándoles más tiempo para encontrar alternativas viables.
Hasta que la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) adopte una decisión definitiva, sigue siendo importante anticipar la transición a un mundo sin PFAS. Como tales, los inversores pueden desempeñar un papel clave entablando un diálogo con las empresas sobre los riesgos que entrañan y las opciones alternativas. El objetivo es que las empresas sean más transparentes y se comprometan a desarrollar alternativas sostenibles al tiempo que eliminan gradualmente las PFAS. Las que puedan adaptarse rápidamente a las nuevas limitaciones normativas no sólo limitarán los riesgos jurídicos y financieros, sino que también reforzarán su posición en el mercado. Podrán satisfacer las crecientes exigencias de sostenibilidad de los consumidores y destacar en un panorama cada vez más competitivo, en el que las consideraciones medioambientales adquieren mayor importancia en el proceso de toma de decisiones.
Los peligros asociados a los PFAS exigen una actuación rápida, pero las decisiones precipitadas podrían tener más consecuencias de las previstas, ya que actualmente existen muy pocas alternativas viables, sobre todo para acompañar la transición energética. Ante este riesgo, las empresas que producen o dependen de estas «sustancias químicas para siempre» tendrán que innovar y adaptar sus procesos, lo que podría generar elevados costes iniciales y perturbaciones a corto plazo. Así pues, resulta esencial encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la necesidad de apoyar la innovación sostenible. Los responsables políticos deben entablar un diálogo constructivo con la industria y las partes interesadas para promover alternativas viables que allanen el camino hacia transiciones medioambientales y energéticas exitosas.
