Entendemos que esto es relevante, ya que según un estudio realizado por MainStreet Partners, en el que hemos analizado más de 7.000 fondos, descubrimos que aproximadamente 1.800, es decir, el 25% de éstos, se verían afectados por las nuevas normativas de ESMA.
Uno de los problemas más importantes, si no el principal, que se trata de abordar con esta normativa es el relativo al greenwashing, o lo que es lo mismo, la práctica de promover, de manera engañosa, productos catalogados como sostenibles y respetuosos con el medioambiente sin que necesariamente lo sean. ESMA ha optado, de cara a proteger a los inversores, por incorporar unas directrices que proporcionen mayor transparencia, rigor y claridad a la hora de nombrar los fondos de inversión sostenibles. En la práctica se va a exigir a las gestoras que sus fondos que utilicen términos relativos a sostenibilidad en sus nombres aseguren que al menos el 80% de sus inversiones tengan características medioambientales o sociales, y que inviertan en activos sostenibles de forma significativa.
Esto significa que los fondos que incluyan términos como « impacto », « medioambiental », “ESG” o « sostenibilidad » van a tener que adoptar las mismas exclusiones que unos índices de referencia alineados al Acuerdo de Paris (que incluyen, por ejemplo, empresas involucradas en el cultivo y producción de tabaco, empresas con ingresos del 10% o superiores derivados de actividades relacionadas con combustibles fósiles y aquellas empresas que no cumplan el Pacto Mundial de la ONU o los Principios de la OECD).
Y, como comentábamos con anterioridad, aunque la cantidad actual de fondos afectados en cuanto al nombre se refiere es relevante (aproximadamente el 25%), el porcentaje de activos bajo gestión impactados por las exclusiones en estos fondos es relativamente bajo. Por ello, entendemos que lo más probable es que los gestores de estos fondos afectados busquen liquidar sus participaciones en aquellas empresas que no cumplan con las exclusiones ; sin embargo, una cantidad reducida de gestores optaría por cambiar el nombre de sus fondos afectados.
La implementación de estas directrices supondrá, sin duda, retos para algunas gestoras de fondos, ya que adaptarse a ellas pueden suponer tanto el necesitar acceso a información robusta y actualizada, como tener que realizar potenciales cambios en sistemas de reporte. En un contexto donde la demanda de transparencia y responsabilidad por parte de los inversores sigue aumentando, la implementación y cumplimiento de estas directrices será relevante, ya que, desde el punto de vista reputacional, aquellos fondos catalogados como sostenibles que no se ajusten adecuadamente a las nuevas directrices de ESMA, y, por lo tanto, se expongan a potencial riesgo de greenwashing, podrían enfrentarse a cierta pérdida de confianza por parte de los inversores ; mientras que, por otra parte, aquellas gestoras que se adapten con éxito a ellas y demuestren un fuerte compromiso con la transparencia en lo que a inversión sostenible se refiere podrían ver una mejora en su reputación a medio y largo plazo.
Los tiempos para adaptarse a las directrices son ambiciosos, pero posibles de cumplir para aquellas gestoras de fondos que ya tienen una estructura ESG robusta. Específicamente, los fondos existentes antes del 21 de noviembre de 2024 tendrán hasta el 21 de mayo de 2025, mientras que los de nueva creación (a partir del 21 de noviembre de 2024) deberán hacerlo de manera inmediata.
En resumen, las nuevas directrices de ESMA son, sin duda, un paso hacia adelante en lo que a transparencia se refiere, ya que exige a las gestoras que proporcionen una definición más clara y consistente de sus estrategias de inversión sostenible y que esto se refleje en el nombre de sus fondos ; incrementando la protección de los inversores. Sin embargo, aunque sea un paso importante hacia ello, una normativa por sí sola no resolverá el problema del riesgo de greenwashing y será crucial un ejercicio conjunto de todos los jugadores del mercado para conseguirlo.
