¿Adivinan cuál era el tema de la agenda en el día de ayer? La financiación.
Pero esto en la práctica, ¿qué supone? Veamos uno de los temas claves que se está negociando en Bakú. Con la firma del Acuerdo de París, se acordó por los países establecer una "nueva meta colectiva y cuantificada de financiamiento climático" (NCQG, por sus siglas en inglés) para sustituir la meta existente de 100 mil millones de dólares anuales para 2020.
En la COP de 2009, se definió esta cifra por el grupo de los países desarrollados, que se comprometieron de esta manera a apoyar la acción climática en los países en desarrollo. Pero, teniendo en cuenta los datos de la OCDE, esta meta se alcanzó por primera vez en 2022.
El NCQG debe ser el instrumento para canalizar con urgencia una cantidad suficiente de fondos a los países en desarrollo. El apoyo financiero debe permitir, entre otras cuestiones, el aumento de la ambición en la revisión de las contribuciones nacionales determinadas (NDC).
Hasta aquí todo correcto. Pero, con el reloj corriendo (vamos camino de terminar la primera semana), y según nos cuentan por los pasillos quedan bastantes detalles por concretar. Destaca el quantum, es decir, establecer un objetivo ambicioso, y poner una cifra ajustada a las necesidades reales de los países en desarrollo para enfrentar la crisis climática. También la manera de facilitar los fondos, a través de instrumentos de financiación públicos y de sistemas privados.
También determinar qué países deben ser contribuyentes en el nuevo objetivo. El anterior instrumento hacía recaer la responsabilidad en los países desarrollados teniendo en cuenta los 24 países que eran miembros de la OCDE en 1992 (fecha de la firma de la CMNUCC). Sin embargo, la sociedad global ha cambiado mucho desde entonces, y la base de países con capacidades de contribuir a la meta global no es la misma. Ni tampoco la responsabilidad de hacerlo en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por último, señalamos el destino de los fondos. El anterior fondo estaba destinado a cubrir actividades de mitigación y adaptación. Ahora se negocia la posibilidad de añadir también las pérdidas y daños, sobre todo promovido por los países en desarrollo, incluyendo subobjetivos de financiación para la adaptación y para las pérdidas y daños, que garanticen su adecuado financiamiento.
¿Y de qué objetivo de financiación estamos hablando? No hay una cifra clara respecto a las necesidades. Por este motivo, se propone una cifra de base que debe ser superior al monto anterior y se plantean diferentes escenarios.
Ayer se presentó el tercer informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático (IHLEG) en el que se plantea la necesidad de que los mercados emergentes y los países en desarrollo, excluida China, necesitan invertir fondos por valor de 2,4 billones de dólares al año para 2030 para cumplir con los objetivos climáticos y de sostenibilidad. Otra conclusión el informe indica que los países en desarrollo van a requerir un financiamiento externo por valor de 1 billón de dólares al año para 2030. La proyección de emisiones indica que serán responsables de más del 50% de las emisiones globales para 2030, con una baja capacidad de inversión para reducirlas.
Tampoco podemos obviar las cifras relacionadas con las pérdidas y daños. El primer Balance Mundial (GST) presentado en 2023 estimó que los costos económicos alcanzarán una cifra entre los 450.000 millones y los 900.000 millones de dólares anuales para 2030. Y esto sin tener en cuenta las pérdidas y daños no económicos, como las afecciones al patrimonio cultural.
Hay una sensación en las negociaciones de que el momento es ahora, que no debería finalizar la cumbre sin un acuerdo sobre el objetivo de financiación. Se llegó con un documento de 9 páginas. Pasó a 34 en el segundo documento, que se rebajó a 33. Se espera un nuevo texto reducido para permitir avances. Apuesto a que estaremos hasta el último momento esperando el desenlace.
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