Ahora bien, si pensamos en el turismo para todas las personas, nos encontramos con dos vertientes. Por un lado, la responsabilidad social. El turismo es un derecho. El deseo de viajar no debe verse truncado porque no se haya tenido en consideración a las personas con discapacidad. Por ello las administraciones públicas, deben velar por el cumplimiento de la legislación relativa a la accesibilidad de los productos y servicios turísticos y fomentar su implementación por parte de los empresarios. Pero, por otro lado, los empresarios no deben pensar en la accesibilidad como una obligación legislativa o un gasto innecesario, si no en una oportunidad de negocio. Las personas con discapacidad viajan prácticamente con la misma frecuencia que cualquier otra persona. Esto significa que el hecho de implementar la accesibilidad va a suponer que un 10% de la población será susceptible de acceder a los productos turísticos que sean accesibles.
De igual forma, es necesario pensar en la accesibilidad de una manera global y desde el punto de vista del cliente. Éste necesita tener una experiencia turística satisfactoria. Es decir, que la accesibilidad de la cadena de valor turística no tenga fallos en ninguno de sus eslabones. Desde que piensa el viaje, lo contrata, se desplaza al destino, deambula por él, se aloja, realiza actividades y finalmente regresa a su domicilio, no ha tenido ningún problema porque todos estos pasos, han sido accesibles. Se debe actuar desde el inicio, de una manera global y no con soluciones parciales a posteriori, que normalmente pueden ser más complicadas y costosas.
Esta estrategia global se consigue con la implicación de todos los stakeholders, las administraciones públicas para que velen por el cumplimiento y el impulso de normativa con relación al turismo accesible, los empresarios turísticos para que implementen la accesibilidad en sus estrategias pensando en la oportunidad de negocio y, por supuesto, los turistas con discapacidad, para que se tengan en cuenta sus necesidades reales.
Muchas veces la falta de accesibilidad viene motivada por la falta de conocimiento al respecto. Por ello es tan importante que se trabaje desde entidades públicas y privadas, como la Fundación ONCE, en la sensibilización. En junio de 2021 se aprobó la primera norma de turismo accesible que abarca todos los eslabones de la cadena de valor turística. La norma UNE-ISO 21902 Turismo accesible, promovida por la Fundación ONCE, ONU Turismo y Asociación Española de Normalización. En ella se recogen los requisitos y recomendaciones para que cualquier empresario del sector turístico, sepa como hacer accesibles los productos y servicios turísticos que ofrezca independientemente del lugar del mundo en que se encuentre. Ahora que ya está publicada, con este objetivo de sensibilización las tres entidades continúan trabajando con la creación de guías de uso de la norma por sectores de aplicación. Así ya se pueden consultar las guías de administraciones públicas, empresarios hoteleros, agencias de viajes, recursos naturales, recursos culturales y transporte.
Como conclusión podemos decir que, desarrollando productos y servicios turísticos para todas las personas, se consigue el objetivo de la inclusión. De modo que puedan realizar actividades turísticas cuándo, dónde y con quién quieran, porque no están diseñadas en exclusiva para ellas, sino para todas las personas. Fomentando así la autonomía de las personas que viajan, pero también facilitando el día a día del resto de la sociedad.
