Esta defensora ambiental ha logrado una condena contra una empresa que no hizo una consulta previa a comunidades indígenas. Con esta crónica inicio una serie en Diario Responsable sobre las mujeres 'DesTieRRRadas' que forman parte de una campaña de la ONG Alianza por la Solidaridad en defensa de activistas ambientales y para divulgar el impacto que tiene en sus vidas oponerse a inversiones que vulneran derechos sociales y ambientales.
Ana Rutilia, la voz de un río que reclama Justicia en Guatemala

Pequeña en estatura y sobrada de la energía que fluye por sus venas mayas q’ueqchíes. Así es la catedrática Ana Rutilia Ical Choc, 55 años, dos hijas, lideresa en su maltratada tierra guatemalteca de Alta Verapaz. La fortaleza de Ana Rutilia, denunciada, perseguida y acosada en su país, sólo se rompe cuando habla del expolio de esos cerros y esos ríos que, desde hace más de 500 años, han ido robando a su pueblo, para acabar reduciéndolos a unas sierras, malas para el cultivo, en las que ahora se codician los manantiales que les sacian la sed.

Y ahí está ella, con su huipil de mil colores, enfrentándose prácticamente sola a una de las familias más poderosas de Guatemala, los Gutiérrez-Bosch, los propietarios de la Corporacion Multi-Inversiones (CMI) a causa del destrozo que la Hidroeléctrica Renace perpetra en el Río Cahabón a su paso por San Pedro Carchá. La obra, que realiza para CMI el Grupo español Cobra (ACS), ha colapsado con cuatro fases diferentes un cauce a lo largo de casi 30 kilómetros, a cuyas orillas viven sin electricidad, sin saneamientos, sin grifos, casi sin agua, unos 29.000 q’eqchíes como ella. A cambio, ahí se ven cuatro caminos arreglados (para que pasen sus camiones), algún centro cívico sin dotación, unas herramientas regaladas, un día de atracciones para los niños, chuches, algunas semillas…Nada que evite el desastre de quedarse sin agua de uno de los más hermosos ríos de Centroamérica.

Ana Rutilia es una de las protagonistas de ‘DesTieRRRadas’, la campaña de la ONG Alianza por la Solidaridad con la que se quiere visibilizar la persecución que sufren las mujeres defensoras ambientales ante inversiones a las que le falta la R fundamental de la Responsabilidad cuando salen de nuestras fronteras. “Los que vienen de fuera no pueden cerrar los ojos a la ley, ni escudarse en que son subcontratas, ni participar del expolio de los de dentro como si no fuera con ellos”, asegura la catedrática mientras muestra, desolada, el ‘charco de ranas’ en el que se ha convertido el gran río por el que se paseaba el dios-serpiente Kukulkán, según el libro sagrado quqchí Popol Vuh.

Ha tardado, pero finalmente la Corte Suprema de Guatemala, el pasado mes de julio, ha reconocido por sentencia, y sorprendentemente pese a las presiones recibidas, que el recurso que Ana Rutilia planteó a la obra tenía fundamento, que una vez más nadie consultó a las comunidades indígenas si querían esas hidroeléctricas en sus territorios, que no se les informó de los impactos hasta que no era tarde. Y ahora resulta que si, que hay una normativa internacional, el Convenio 169 de la OIT para pueblos Indígenas, que obliga a consultarles de forma previa, libre, con información veraz y de buena fe. Y que no se cumplió. ana rosa

“Me enteré de lo que ocurría a nivel oficial a través del maestro y compañero Bernardo Caal Xol, que lleva año y medio en la cárcel por defender este río y no dudé en tratar de impedir otro despojo de transnacionales que pisotean nuestros derechos”, arguye en una reciente visita a Madrid.

Yo la recuerdo ahí sentada, junto a Bernardo, en el juzgado de Cobán donde la ví por vez primera en 2018, animándole se iban desgranando absurdas pruebas en su contra que acabaron siendo aceptadas y enviándole a una infame celda. “Ahora llega el fallo sobre Renace y estoy contenta porque reconoce que no cumplieron la ley, pero indignada porque, reconociéndolo, no suspenden la obra ni fijan fecha para que se haga la consulta. Vamos a recurrirlo porque es una barbaridad”.

Que no es de las que se rinden queda claro cuando se conoce su historia. Apenas tenía 20 años cuando se fue a buscar el cadáver de su hermano, asesinado en una masacre militar durante la guerra civil de Guatemala. No lo encontró, pero descubrió que el compromiso social y político formaba parte de ella como el quetzal de sus bosques. Así que comenzó a trabajar en la Defensoría de la Mujer Indígena, ese organismo oficial dedicado a luchar contra la violencia y la discriminación siempre que no se salga del marco establecido. A través de las mujeres, Ana Rutilia conoció que las hidroeléctricas llegaban a San Pedro Carchá. Y con Bernardo  se sumó a las protestas, pero acabó ‘restada’ del trabajo: fue despedida. En 2016 presentó el recurso de amparo.

“Desde entonces, han grabado y difundido mis clases en la universidad por las redes sociales, han hecho vídeos denostándome, llamándome ladrona y mil cosas más. He temido por mi seguridad personal porque recibo muchas amenazas de todo tipo. Dicen que estoy contra el desarrollo por defender a mi gente. Las mujeres que luchamos frente a las grandes corporaciones lo tenemos muy complicado. Estamos entre la vida y la muerte”, asegura. No hace falta más que hacer una búsqueda en Google para comprobar que lo que dice es cierto.

“Protesto por una ilegalidad, pero me acusan de alborotadora e incluso acosan a mis hijas, metiéndose con su vida privada. Todo para dañar mi imagen. Han llegado a hacer una falsa denuncia de estafa de mis padres contra mí por una finca, cuando ellos no sabían nada del tema. Todo les vale y oficialmente no se sabe quien está detrás, aunque es evidente”, argumenta.

¿Y qué dice la compañía CMI? ¿Y qué hace ACS ante este caso? De momento, la primera protestar por la sentencia reciente, como si todo el futuro de Guatemala dependiera de destrozar un río, y la segunda, la española, silencio, porque pareciera que no va con ella ni la campaña contra Ana Rutilia, pagada con dineros de oscuro origen, ni las amenazas que ponen en riesgo su vida, ni las pruebas de daños al río, ni la ilegalidad manifiesta de la obra. Silencio mientras siguen los trabajos.

También ha recibido apoyos, de organizaciones en su país, como MadreSelva, y de la ONG española Alianza por la Solidaridad, que investigó el caso. También de las gentes de las comunidades, que  la han animado ‘a no tirar la toalla’ y también a coger una más grande, pues esta primavera pasada se presentó como candidata al Congreso Nacional, si bien no ha salido elegida. Nadie financió su campaña.

“Tengo muy claro cual es la batalla: el agua. ¡Qué será de nosotros sin el vital líquido! Mientras que las comunidades estén conmigo, seguiremos luchando.

Podemos vivir sin la luz de la hidroeléctrica, como de hecho seguimos haciendo ahora, pero no podemos vivir sin agua”.

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