
Según informa el Grupo Banco Mundial, las normativas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres se cumplen, en promedio, solo a medias en todo el planeta, lo que evidencia una brecha mucho mayor de la prevista entre los derechos reconocidos y su aplicación real .
El último informe La mujer, la empresa y el derecho introduce por primera vez un análisis que va más allá del marco legal y evalúa también el grado de cumplimiento de estas normas. Los resultados muestran un escenario preocupante: aunque la puntuación media de los países en términos de legislación alcanza los 67 puntos sobre 100, este valor desciende a 53 cuando se analiza su implementación efectiva, y cae aún más —hasta 47— al evaluar los sistemas que permiten ejercer esos derechos.
Tal y como señala el economista jefe del Grupo Banco Mundial, Indermit Gill, esta diferencia refleja “enormes brechas de oportunidad” que frenan el potencial económico de los países, especialmente en contextos en desarrollo .
Uno de los datos más contundentes del informe es que apenas el 4 % de las mujeres del mundo reside en economías donde existe una igualdad legal casi completa. Incluso en ese escenario, las mujeres solo cuentan con dos tercios de los derechos legales de los hombres.
Esta situación no solo tiene implicaciones en términos de justicia social, sino que también impacta directamente en la economía global. La falta de igualdad limita la participación femenina en el mercado laboral, reduce la productividad y restringe la creación de empleo.
El informe identifica varios ámbitos clave donde persisten importantes déficits. Uno de los más críticos es la seguridad frente a la violencia, considerada un factor determinante para que las mujeres puedan trabajar de forma estable. Sin embargo, a nivel global solo existe un tercio de las leyes necesarias en esta materia, y en el 80 % de los casos su aplicación es insuficiente.
Otro de los grandes retos es el acceso al cuidado infantil. Aunque se trata de un elemento esencial para facilitar la participación laboral —especialmente de las madres—, menos de la mitad de las economías cuentan con medidas de apoyo, y apenas se ha implementado un 30 % de las políticas necesarias para garantizar servicios accesibles y de calidad. En los países de renta baja, esta cifra cae hasta el 1 %.
En el ámbito del emprendimiento, aunque la mayoría de los países permiten a las mujeres crear empresas en igualdad de condiciones legales, solo la mitad promueve realmente el acceso equitativo al crédito, dejando a muchas emprendedoras sin financiación.
Pese a este panorama, el informe también recoge avances recientes. En los últimos dos años, 68 economías han impulsado 113 reformas legales positivas, especialmente en áreas como la protección frente a la violencia o el impulso al emprendimiento femenino. Además, algunos países han ampliado los permisos de paternidad, una medida clave para redistribuir los cuidados.
Regiones como África subsahariana lideran estos avances, mientras que países como Egipto han introducido mejoras significativas en igualdad salarial, licencias parentales y condiciones laborales.
Según destaca el propio Banco Mundial, en la próxima década cerca de 1.200 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral, la mitad de ellas mujeres. Muchas lo harán en regiones donde las barreras siguen siendo más intensas.
Como subraya la autora principal del informe, Tea Trumbic, garantizar la igualdad de oportunidades no es solo una cuestión de derechos, sino también una necesidad económica: impulsar la participación femenina es clave para el crecimiento y la prosperidad global.
En este contexto, el desafío ya no es únicamente legislar, sino asegurar que las leyes se cumplan y se traduzcan en cambios reales en la vida de millones de mujeres en todo el mundo.