En un entorno global cada vez más interconectado, las expectativas sobre el papel de las empresas han evolucionado de forma significativa. Ya no basta con generar beneficios: la sociedad, los inversores y los consumidores exigen que las compañías gestionen de manera activa sus impactos sobre las personas. En este contexto, la debida diligencia en derechos humanos —el proceso mediante el cual las organizaciones identifican, previenen, mitigan y rinden cuentas de sus impactos— se ha convertido en un pilar central de la gestión empresarial.
Este enfoque, impulsado inicialmente por marcos internacionales, ha dado un salto decisivo con la aprobación en 2024 de la Directiva europea sobre diligencia debida en sostenibilidad empresarial (CSDDD). Por primera vez, este proceso deja de ser voluntario para transformarse en una obligación legal progresiva para miles de empresas. No obstante, como recoge el VII informe del Observatorio La Empresa y los Derechos Humanos. Entender las claves para pasar a la acción, el verdadero desafío no es solo evaluar riesgos, sino actuar sobre ellos con medidas concretas y medibles .
La evolución normativa continúa. La reciente revisión de la directiva, conocida como paquete “Ómnibus”, introduce ajustes relevantes en plazos, alcance y exigencias, evidenciando que el marco regulatorio aún está en construcción, aunque su dirección es clara e irreversible. En paralelo, la debida diligencia deja de ser una cuestión técnica para situarse en el centro de la estrategia empresarial.
La revisión de la normativa europea incorpora cambios que las empresas deben tener en cuenta para anticipar su adaptación:
Estos ajustes reflejan una tensión entre la ambición regulatoria y la capacidad real de implementación por parte de las empresas. Sin embargo, no reducen la relevancia de la debida diligencia, sino que refuerzan la necesidad de avanzar de forma priorizada y progresiva, sin perder de vista el objetivo central: prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos.
El principal reto no es normativo, sino operativo y cultural. Implementar procesos efectivos de debida diligencia sigue siendo complejo, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Muchas organizaciones cuentan con políticas o códigos de conducta, pero su aplicación real —especialmente en cadenas de suministro globales— continúa siendo limitada.
Con la nueva regulación, se eleva el nivel de exigencia en aspectos clave como la trazabilidad en la cadena de valor, la integración de cláusulas contractuales con proveedores, el desarrollo de planes de acción con indicadores verificables o el refuerzo de la capacidad de influencia empresarial. Además, se introducen consecuencias legales en caso de incumplimiento, lo que sitúa el riesgo jurídico en el centro de la gestión.
En este contexto, el paso decisivo consiste en abandonar una lógica de control basada en auditorías —muchas veces desconectadas de la realidad de las personas afectadas— para adoptar una gestión activa del impacto.
Uno de los puntos más críticos es la cadena de suministro. Garantizar la trazabilidad más allá del primer nivel de proveedores sigue siendo un desafío, especialmente en sectores con estructuras globales y fragmentadas como el textil, la alimentación o la energía.
Sin embargo, este ámbito también representa una oportunidad clave para generar impacto positivo: desde la integración de pequeños productores hasta la mejora de condiciones laborales o la creación de alianzas sectoriales para abordar riesgos sistémicos. Tal y como señala Ramón Baeza, de Boston Consulting Group, recogido en el informe, cuando una empresa falla en derechos humanos, el impacto se extiende a todo el sector, lo que hace imprescindible la colaboración.
La aplicación de estas normativas también tiene consecuencias en los eslabones más vulnerables de la cadena de valor. Según explicó Ferran Gelis, de CODESPA, en el marco de un webinar del Observatorio, miles de pequeños productores pueden verse afectados sin contar con los recursos necesarios para adaptarse.
El riesgo es trasladar la presión regulatoria a quienes tienen menor capacidad de respuesta. Por ello, el papel de organizaciones como CODESPA resulta clave, actuando como puente entre empresas y comunidades mediante formación, asistencia técnica y herramientas adaptadas a contextos locales.
Este nuevo escenario también está impulsando soluciones innovadoras. Un ejemplo es el proyecto que CODESPA desarrolla en Ecuador, donde se utiliza inteligencia artificial para facilitar el cumplimiento normativo en la cadena del cacao, ayudando a pequeños productores a identificar riesgos y comprender requisitos complejos.
Este tipo de iniciativas pone de manifiesto que la regulación no solo impone obligaciones, sino que puede actuar como motor de innovación, eficiencia y nuevas formas de colaboración.
Las empresas más avanzadas ya están integrando la debida diligencia como una herramienta estratégica. Esto les permite fortalecer su relación con comunidades y grupos de interés, anticipar riesgos, mejorar el acceso a financiación sostenible y reforzar su reputación.
Como señala Carlos Monjas, de Repsol, también citado en el informe, obtener la licencia social para operar implica escuchar, actuar y cumplir compromisos con las comunidades. En este sentido, el liderazgo empresarial se mide cada vez más por la gestión de los impactos y no solo por los resultados económicos.
Existen múltiples marcos internacionales que orientan la acción empresarial en este ámbito, como los Principios Rectores de la ONU, las directrices de la OCDE o los convenios de la OIT. A nivel regional, sistemas como el europeo o el interamericano refuerzan los mecanismos de protección de los derechos humanos.
Para las empresas, avanzar implica activar varias palancas: formación interna, diálogo continuo con las partes interesadas, colaboración con otros actores e integración progresiva de la debida diligencia en los procesos de negocio. La formación, en particular, se presenta como un elemento clave para anticipar riesgos y mejorar la eficiencia.
El contexto actual marca un momento decisivo. La regulación avanza, pero también lo hacen las capacidades empresariales para adaptarse e innovar. Los expertos coinciden en que el mayor riesgo hoy no es actuar, sino permanecer inactivo.
Tal y como subraya el Observatorio, la debida diligencia bien implementada no solo evita impactos negativos, sino que genera valor tangible tanto para las empresas como para la sociedad. En este escenario, la diferencia ya no está en si las compañías actúan, sino en cómo lo hacen y en el impacto real que generan sobre las personas.
