Una idea clave: nadie debe quedarse atrás.La transición justa parte de una premisa sencilla pero ambiciosa: avanzar hacia un modelo económico bajo en carbono sin aumentar las desigualdades existentes. Esto implica que las políticas climáticas no pueden centrarse únicamente en reducir emisiones, sino que deben tener en cuenta su impacto en el empleo, los ingresos, el acceso a la energía, la vivienda o los cuidados.
En la práctica, hablar de transición justa supone proteger a las personas y territorios más vulnerables frente a los cambios que exige la lucha contra el cambio climático. Especialmente a quienes dependen de sectores en transformación —como la industria fósil— o ya sufren situaciones de precariedad energética, laboral o habitacional.
Uno de los errores más habituales es reducir la transición justa a una reconversión tecnológica. Cambiar carbón por renovables no garantiza por sí solo justicia social. Si no se acompaña de medidas de protección social, formación profesional, empleo digno y participación ciudadana, la transición corre el riesgo de profundizar las brechas existentes.
Por ejemplo, el despliegue de energías limpias puede generar nuevas oportunidades económicas, pero también dejar fuera a comunidades rurales, personas mayores o hogares con bajos ingresos si no se diseñan políticas inclusivas que faciliten el acceso y la participación.
Una transición justa integra cuestiones como la pobreza energética, el acceso a una vivienda eficiente, la calidad del empleo verde o el reconocimiento del trabajo de cuidados, que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. También implica tener en cuenta cómo el cambio climático afecta de forma desigual según el género, la edad, el nivel de renta o el lugar de residencia.
Por eso, los enfoques más avanzados insisten en la necesidad de escuchar a las comunidades afectadas y garantizar su participación en la toma de decisiones. No se trata solo de mitigar impactos negativos, sino de redistribuir beneficios y oportunidades.
Conviene también aclarar qué queda fuera de este concepto:
En un contexto marcado por la emergencia climática, la inflación energética y las tensiones sociales, la transición justa se ha convertido en un eje central del debate público. Su éxito dependerá de la capacidad de gobiernos, empresas y sociedad civil para integrar justicia social y acción climática en una misma hoja de ruta.
Porque la pregunta ya no es si debemos cambiar el modelo, sino cómo hacerlo sin aumentar la desigualdad. Y ahí, la transición justa deja de ser un concepto técnico para convertirse en una cuestión profundamente política y social.
