Y, sin pensarlo demasiado, aceptamos ese ritmo como si fuera inevitable. Hemos normalizado la idea de que lo “nuevo” es siempre mejor y que reparar o prolongar la vida útil de un dispositivo es una molestia.
Pero este modelo de consumo acelerado tiene un precio, y no suele aparecer ni en anuncios ni en presentaciones de producto. Se manifiesta lejos de nuestras tiendas y centros de datos, en forma de montañas de residuos electrónicos que crecen año tras año en zonas del mundo que no disfrutan del acceso tecnológico que sí tienen los grandes mercados consumidores, pero que sí cargan con sus desechos.
Según datos del Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos, publicado por UNITAR (United Nations Institute for Training and Research), solo en 2022 se generaron 62.000 millones de kilos de residuos electrónicos, el equivalente a 7,8 kilos por persona. En 2010 eran 34.000 millones de kilos; hoy esa cifra aumenta en unos 2.300 millones de kilos adicionales cada año. Sin embargo, nuestra capacidad para gestionarlos apenas progresa: solo el 22,3% —unos 13.800 millones de kilos— se recicló de manera adecuada. Por cada kilo que tratamos correctamente, casi cinco terminan fuera de los circuitos formales.
Mientras el mercado global pone en circulación millones de dispositivos electrónicos nuevos —cada vez más pequeños, más complejos y más integrados en nuestra vida diaria—, la infraestructura para gestionar su final de vida simplemente no acompaña ese ritmo.
A escala material y ambiental, las consecuencias son alarmantes. La gestión inadecuada de residuos electrónicos libera cada año 58.000 kilos de mercurio al medio ambiente, junto con 45 millones de kilos de plásticos contaminados con retardantes de llama bromados, altamente persistentes y peligrosos. Estos compuestos se dispersan en el aire, el agua y el suelo, afectando tanto a ecosistemas completos como a las comunidades humanas que viven en torno a los vertederos y centros de reciclaje informales.
Los datos muestran además que el tipo de residuo electrónico más frecuente son los aparatos de pequeño tamaño, como cámaras, juguetes, microondas o cigarrillos electrónicos: en 2022 representaron 20.000 millones de kilos, casi un tercio del total mundial. Objetos tan cotidianos como estos pasan desapercibidos en la discusión pública, pero son quizá la cara más visible de este tsunami de desechos.
Este desafío no solo es una cuestión de volumen, sino también de desigualdad. Muchos de los dispositivos que se estrenan en los mercados con mayor poder adquisitivo terminan su vida útil en regiones con menos recursos. Llegan como productos de segunda mano o, directamente, como residuos encubiertos. Y allí, ante la ausencia de sistemas formales de reciclaje, proliferan prácticas informales como la quema abierta de cables o el baño ácido de componentes. Estas actividades liberan hasta 1.000 sustancias químicas, incluidos metales como plomo y mercurio, con efectos muy graves para la salud humana.
La imagen es dura y, por desgracia, real. Miles de familias dependen de estas actividades para sobrevivir. Detrás de cada cable quemado para recuperar cobre o de cada placa electrónica sumergida en ácido suele haber mujeres y niños expuestos a toxinas que nunca deberían respirar ni tocar. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, millones de mujeres y menores trabajan hoy en el reciclaje informal de residuos electrónicos. Solo en 2020, 16,5 millones de niños participaban en actividades industriales, incluido el tratamiento de residuos, una de las peores formas de trabajo infantil según la OIT.
Mientras tanto, en los mercados donde el consumo tecnológico avanza a velocidad de vértigo seguimos renovando dispositivos con una facilidad que contrasta con la complejidad de gestionarlos después. Resulta paradójico que exista un mercado consolidado y respetado para el coche de segunda mano —un objeto grande, caro y con cientos de miles de kilómetros— y que, en cambio, todavía persistan prejuicios sobre los dispositivos reacondicionados. El obstáculo no es técnico: es cultural. Necesitamos aprender a mirar de otra manera aquello que ya existe.
La verdadera innovación no pasa por producir más, sino por alargar la vida útil de lo que ya existe. Repensar el “segundo uso” es imprescindible si queremos reducir la presión sobre unos recursos cada vez más limitados. Prolongar la vida de un dispositivo significa evitar nuevas extracciones, nuevas emisiones y nuevos residuos. Adoptar una mirada slow tech no es una moda ni una renuncia al progreso: es una forma sensata de avanzar en un momento en el que las cadenas de suministro, el clima y los ecosistemas nos recuerdan sus propios límites. Y es precisamente ahí, ante la necesidad de redefinir qué entendemos por avance, donde surge una pregunta incómoda pero inevitable: ¿progreso para quién?
Si la innovación tecnológica continúa basándose en un modelo que externaliza sus costes ambientales y humanos hacia las regiones más vulnerables, ese progreso no será nunca completo. Ha llegado el momento de mirar de frente lo que dejamos bajo la alfombra.
