Los desastres naturales y climáticos cuestan cada año más de 2,3 billones de dólares a nivel mundial, según advirtió António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, en su mensaje por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrado cada 13 de octubre.
El titular de la ONU alertó de que la crisis climática está acelerando la frecuencia y gravedad de los desastres, borrando en minutos décadas de avances en desarrollo humano y social. “Debemos financiar la resiliencia, no los desastres”, señaló, subrayando que solo el 2% de la ayuda al desarrollo y menos del 1% de los presupuestos públicos se destinan a la reducción del riesgo.
Guterres calificó esta falta de inversión como “un error de cálculo con devastadoras consecuencias humanas y económicas”. Recordó además que cada dólar invertido en prevención y en infraestructuras resilientes en países en desarrollo ahorra cuatro dólares en daños cuando se producen catástrofes. El Secretario General instó a los gobiernos, donantes y al sector privado a aumentar de forma urgente los recursos destinados a la prevención, apostando por una gobernanza inclusiva que garantice “un futuro más seguro y equitativo para todos”.
En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), junto con la Unión Europea, presentó Prepárate+, un proyecto regional que busca incorporar la voz y participación de las mujeres, las personas migrantes y desplazadas, y otros grupos marginados en la planificación y toma de decisiones sobre desastres.
Según explicó María Moita, directora regional de la OIM para América Latina y el Caribe, “cuando las mujeres y los migrantes son parte de la preparación, las comunidades son más fuertes y resilientes”. La iniciativa se implementará en Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, con el objetivo de fortalecer la resiliencia comunitaria desde un enfoque de derechos humanos y equidad de género.
A pesar de los avances, muchas comunidades latinoamericanas siguen siendo vulnerables debido a la falta de información, confianza institucional y participación en los planes oficiales de emergencia. La OIM advierte que los grupos más vulnerables —mujeres, migrantes, personas mayores, niños y personas con discapacidad— siguen sin estar suficientemente representados en la gestión del riesgo, pese a ser los más afectados.
Esta exclusión, según el organismo, no solo reduce la eficacia de la respuesta, sino que incrementa el impacto humano y económico de los desastres, como inundaciones, incendios forestales o desplazamientos forzados.
No obstante, la OIM reconoce avances significativos: varios países de la región han fortalecido sus marcos legales, las comunidades locales han desarrollado sus propios mecanismos de adaptación y las mujeres líderes desempeñan un papel cada vez más relevante en la prevención y respuesta a emergencias. Estos progresos, señala la agencia, representan una oportunidad para construir sistemas más sostenibles e inclusivos, alineados con el principio de no dejar a nadie atrás.
Según el Informe Global sobre Desplazamiento 2025, más de 83 millones de personas vivían desplazadas en 2024 en todo el mundo. América Latina figura entre las regiones más afectadas por los eventos climáticos extremos y la violencia estructural, factores que agravan las desigualdades existentes.
La OIM subraya que la respuesta debe ser colectiva y centrada en las personas: “La preparación inclusiva —compartida entre gobiernos, comunidades y organizaciones— es esencial para salvar vidas y garantizar que nadie quede atrás”, concluye.
