El aumento de la pobreza y la desigualdad es una problemática urgente a resolver en Europa. Si bien el viejo continente se encuentra en una situación mucho más favorable que otras regiones del mundo, no es menos cierto que la distribución de los recursos dista mucho de ser equitativa. Olivier De Schutter, relator especial de la ONU durante una visita oficial a las instituciones de la UE, afirmó que los Estados miembros necesitan reinventarse para ganar la lucha contra la pobreza dando prioridad a las inversiones en salud, educación y protección social, en lugar de imponer recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Olivier De Schutter es el relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, durante su visita a comienzos de 2021 alertó sobre las cifras preocupantes que emergen de diferentes estudios en Europa.
Los datos son contundentes: una de cada cinco personas en la región, es decir, el 21,1% de la población, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019, lo cual representa un total de 92,4 millones de personas. Además, un total de 19,4 millones de niños y niñas, que representan el 23,1%, viven en la pobreza en toda la Unión, y 20,4 millones de trabajadores viven en riesgo de pobreza. Asimismo, las mujeres están desproporcionadamente representadas entre los pobres. El 85% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, y el 40,3% de ellas están en riesgo de pobreza. "Aunque la UE ha hecho avances recientes en la erradicación de la pobreza, no debe caer en la autocomplacencia", dijo Olivier De Schutter. “Dado que la UE ha experimentado un crecimiento económico y de empleo constantes hasta muy recientemente, la única explicación de este fracaso es que los beneficios no se han distribuido de manera uniforme. Esto supone una derrota para los derechos sociales", añadió el experto en Derechos Humanos.
Un factor no menor es que la irrupción de la pandemia ha agravado una ya compleja situación. La COVID-19 ha generado una gran cantidad de nuevos pobres en todos los países europeos. La crisis provocada por el coronavirus ha afectado a muchos europeos que jamás habían experimentado la pobreza anteriormente. En este sentido el representante de la ONU aseveró: "La UE puede desempeñar un papel importante para impulsar los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha contra la pobreza, especialmente a través de las recomendaciones de país que emite de forma anual. Pero en lugar de dar prioridad a las inversiones en sanidad, educación y protección social, estas recomendaciones a menudo han impuesto recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad. Desde 2009, los Estados miembros no han hecho más que recortar sus inversiones en estas áreas que son críticas para la reducción de la pobreza".
El Pacto Verde Europeo fue presentado a finales de 2019 por la presidenta von der Leyen como la nueva estrategia de crecimiento de la UE. Sobre esta iniciativa el relator advirtió que: “la lucha contra la pobreza es la pieza que falta en este Pacto Verde. En teoría el Pacto Verde combina objetivos medioambientales y sociales, pero mientras esta buena voluntad no se traduzca en acciones concretas, millones de personas seguirán luchando por un nivel de vida digno en una sociedad que les abandona."
De Schutter destacó también que la incapacidad de la UE para hacer frente a "la carrera cuesta abajo" de los Estados miembros en materia de impuestos y de protección de los trabajadores socava sus esfuerzos para combatir la pobreza. El experto de la ONU se reunió del 25 de noviembre al 28 de enero con representantes de instituciones como la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo, la Autoridad Laboral Europea, el Comité Económico y Social Europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, así como con representantes nacionales o locales de Francia, España, Italia y Rumanía. Asimismo, habló con numerosas organizaciones de la sociedad civil que representan a jóvenes y personas mayores, a la población gitana, a inmigrantes, a niños y a personas con discapacidad, así como con personas afectadas por la pobreza de todos estos grupos, y con trabajadores y agentes sociales.
Luego de esta intensa visita, el experto afirmó que: "Los Estados miembros compiten entre sí de forma inútil. Compiten en una carrera para bajar impuestos, salarios y protecciones para los trabajadores a niveles mínimos porque creen que así pueden atraer a los inversores y mejorar su competitividad en el mercado. Pero socavar los derechos sociales no sólo viola sus obligaciones internacionales, sino que además es malo tanto para empresas y trabajadores como para las arcas públicas. Cada año se pierden entre 160.000 y 190.000 millones de euros sólo por la competencia en materia impositiva. El resultado es que se desplaza la carga fiscal de las grandes empresas e individuos ricos hacia los trabajadores y los consumidores".
En este sentido, tras las reuniones, De Schutter advirtió que la buena voluntad no es suficiente. Si Europa quiere ser pionera en el camino hacia una sociedad inclusiva, es necesario y urgente que se diseñe una estrategia a nivel europeo de lucha contra la pobreza que sea audaz y que esté realmente comprometida con reducir la pobreza en un 50% por igual en todos los Estados miembros de aquí a 2030. Sobre su paso por la Unión Europea, el enviado de la ONU concluyó: "La crisis actual es la oportunidad para que Europa se reinvente situando la justicia social en el centro. El Plan de Acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que debería incluir la Garantía Infantil y una propuesta para asegurar sistemas de ingresos mínimos adecuados en toda la UE, es una oportunidad que no debe ser desperdiciada."
