Dos semanas por delante para que los países reunidos en la COP29 intenten avanzar, entre otras cosas, en la manera de llevar a cabo la implementación de las medidas de mitigación acordadas en Dubái en el contexto del Primer Balance Global (GST). Una vez descartado el Fossil Fuel Phase-Out, al menos por ahora, se debe trabajar para generar un impulso político decidido para triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030, eliminar gradualmente los combustibles fósiles y sus subsidios, y realizar una transición energética justa.
Antes de comenzar la cumbre, y todavía con el shock producido por el resultado de las elecciones de EE.UU. y las declaraciones previas realizadas por Donald Trump prometiendo la retirada del país del Acuerdo de París, hay dos características que se repiten cuando analizamos el resultado de la COP29. Por un lado, la cita se presenta como una cumbre de “financiamiento” en la que se debe ampliar la financiación climática, siendo el debate de un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) y la consolidación a largo plazo de nuevos compromisos de financiación del Fondo de Pérdidas y Daños los aspectos clave. Y, por otro, que parece que todas las miradas están en la COP30 de 2025 en Brasil, dando a esta cumbre una importancia menor.
Pero Brasil no puede tener éxito sin el fortalecimiento de diversos procesos que necesariamente se tienen que dar en Bakú. Por ejemplo, la COP29 debe generar una oportunidad para consolidar la ambición de la revisión de las Contribuciones Nacionales Determinadas de los países o planes de reducción (NDC), y asegurar que estén alineadas con el límite del 1.5 °C.
Bajo los dos ejes de actuación propuestos por la presidencia de la COP29, aumentar la ambición (Enhance Ambition) y habilitar la acción (Enable Action), señalo algunas de las cuestiones claves de la agenda y que deberían reforzarse e impulsarse en la cumbre.
Además del citado proceso de actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, según lo dispuesto por el Marco de Transparencia Reforzado, se analizarán los primeros Informes de Transparencia Bienales (BTR) que los países deben presentar para evaluar el progreso en la implementación de sus NDC (antes del 31 de diciembre). En este sentido, el Primer Balance Global (GST) de implementación del Acuerdo de París presentado en Dubái reconoció que, aunque se han logrado avances, estos esfuerzos son insuficientes y el mundo está en camino de superar los 2.7 °C, cifra que la 15ª edición del informe anual del PNUMA sobre la “brecha de emisiones” eleva a los 2.9 °C.
El Programa de Trabajo sobre Mitigación (MWP) y el Programa de Trabajo sobre la Transición Justa (JTWP) deben avanzar en sus conclusiones para recuperar el debate sobre la implementación de acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero poniendo en el centro a las personas.
También se debe cerrar el balance integral de los Planes Nacionales de Adaptación (NAP), para evaluar los avances y en su nivel de implementación. Con relación a los esfuerzos de adaptación, se deben revisar los progresos del Objetivo Global sobre Adaptación (GGA), desarrollando su operativa.
En cuanto a la financiación, la cumbre tiene como objetivo la concreción de un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCGQ), solventar las deficiencias del anterior objetivo de 100 mil millones de dólares anuales y establecer un objetivo de financiamiento climático que permita consolidar el apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación. Existen diferencias significativas entre los países desarrollados y en desarrollo en aspectos como la base de contribuyentes, la definición de financiamiento climático, la introducción de objetivos para la adaptación y las pérdidas y daños, y el alineamiento con los flujos financieros globales para el desarrollo de bajas emisiones y la resiliencia climática.
En la misma línea, se tiene que desarrollar la operativa del Fondo de Pérdidas y Daños con nuevos compromisos de financiamiento, adicionales y constantes en el tiempo, teniendo en cuenta que el coste económico, solo en los países en desarrollo, se estima en 580.000 millones de dólares anuales de aquí a 2030.
Y se tiene que generar un avance en la activación de las reglas del Artículo 6 que se aprobaron en la COP26 (2021). En concreto, se plantean decisiones sobre los mecanimos del artículo 6.2 y 6.4 en relación a los mercado del carbono, que se encuentran en la base de mitigación de la mayoría de los NDC de los países.
No podemos finalizar sin apuntar que 2024 es crucial para alinear los objetivos climáticos y ambientales globales. La colaboración entre la COP16 de biodiversidad, que finaliza sin grandes avances en la financiación para la protección de la biodiversidad, la COP29 de cambio climático y la COP16 desertificación deben servir para ello.
¡Vive la COP29 Bakú #DesdeDentro!
