El informe estima que las necesidades de inversión para la adaptación, solo en los países en desarrollo, se encuentra en una horquilla de entre 187.000 y 359.000 millones de dólares al año. También que, de manera global, será necesaria una adaptación con nueva visión estratégica, basada en proyectos más anticipatorios y transformacional.
En este contexto, se llega a Bakú con el mandato de concretar el Objetivo Global de Adaptación (GGA por sus siglas en inglés). Un compromiso colectivo en virtud del Artículo 7.1 del Acuerdo de París que insta a “mejorar la capacidad de adaptación (del planeta), fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático”. En la práctica, esto supone desarrollar un marco de actuación para impulsar la acción política y la financiación para la adaptación en la misma escala que la mitigación. El GGA debe, por tanto, por objeto facilitar la adopción de medidas de adaptación oportunas, escalables y específicas.
El año pasado en Dubái, se acordó el marco general para la definición de la agenda global de adaptación definiendo objetivos cuantificables y medibles, medidas para movilizar financiación, tecnologías y sistemas para la creación de capacidades para la adaptación. Se propuso una iniciativa específica que debe finalizar en la COP30 en 2025, el programa de trabajo EAU-Belém, para desarrollar el GGA.
Una cuestión operativa fundamental de la iniciativa radica en la necesidad de garantizar que las necesidades de todos los países, especialmente las de los más vulnerables, se integren en el proceso respetando cuatro principios clave:
La COP29 se afana por avanzar en la definición del GGA. Los compromisos de implementación para 2030 son muy ambiciosos. Y todavía queda mucha negociación para resolver cuestiones de procedimiento que permitan la operativa y su implementación.
Se deben de sentar las bases para que los países partes de la CMNUCC tengan implementados para 2027 sistemas de observación climática y alertas tempranas. Y para 2030 sistemas de evaluación de impactos, vulnerabilidades y riesgos, integrando las conclusiones en sus planes nacionales de adaptación y otras políticas. Previamente, los países deben contar con planes de adaptación y haber avanzado en su implementación. También deben contar con un sistema de seguimiento, evaluación y aprendizaje en marcha.
La negociación debe pasar de los acuerdos políticos a las acciones concretas de implementación, es decir, pasar de la teoría a los hechos haciendo viable el marco de referencia aprobado en Dubái.
Como no podía ser de otra manera en la COP29, la financiación de las medidas de adaptación, y el apoyo a los países menos adelantados es una cuestión fundamental. Hasta la fecha, el Fondo de Adaptación ha recibido promesas de recepción de fondos por valor hasta el momento de 61 millones de dólares, lo que deja lejano el objetivo de recaudación de 300 millones (a la espera de la contribución de Alemania, el mayor contribuyente histórico del Fondo).
Pero también la necesidad de desarrollar indicadores para el seguimiento de las medidas de adaptación (se habla en los documentos presentados de una batería de miles de indicadores), de generar datos para tomar decisiones sobre los impactos y las vulnerabilidades climáticas locales. Y tener en cuenta los diferentes niveles de vulnerabilidad climática de los países y la urgencia para hacer frente a los impactos, lo que genera que haya diferentes velocidades en la toma de decisiones.
De hecho, solo 60 países han presentado ante la CMNUCC sus planes de adaptación (de 197 más la UE).
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