La inversión sostenible continúa ganando terreno en España, aunque su crecimiento económico todavía no se traduce necesariamente en una mayor capacidad para transformar el modelo productivo. Así lo refleja el estudio La Inversión Sostenible y Responsable en España 2026, elaborado por Spainsif, el Foro Español de Inversión y Finanzas Sostenibles, con el patrocinio de DWS. El informe confirma la consolidación de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión de activos, al tiempo que identifica importantes retos relacionados con la medición del impacto, la financiación de la transición y la movilización de recursos hacia actividades con beneficios tangibles para la sociedad y el medioambiente.
Los resultados se presentaron el pasado 27 de octubre en Madrid, durante el Evento Anual de Spainsif, patrocinado por Natixis Investment Managers. El encuentro reunió a más de 250 participantes, tanto presenciales como virtuales, procedentes del ámbito financiero e institucional, con el objetivo de analizar el futuro de las finanzas sostenibles y su contribución a una economía más resiliente y competitiva.
Uno de los principales datos del informe es el incremento del patrimonio nacional gestionado con criterios ASG, que alcanzó los 271.470 millones de euros en 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 13,95 %. La investigación recoge las respuestas de 50 entidades financieras, 33 nacionales y 17 internacionales, que representan el 77,33 % del patrimonio nacional.
La aplicación de la metodología renovada de Eurosif, utilizada desde 2023, permite observar que la inversión sostenible y responsable (ISR) mantiene una participación cercana al 50 % del total de activos gestionados en España. No obstante, la distribución de las estrategias muestra diferencias significativas en cuanto a su orientación y profundidad.
Según los datos presentados por Spainsif, el 92 % corresponde a inversiones ASG básicas, una proporción que permanece estable respecto a 2024. Por su parte, las estrategias generadoras de impacto representan el 5 %, las ASG avanzadas el 2 % y aquellas alineadas con el impacto apenas alcanzan el 1 %.
Esta distribución pone de manifiesto que, pese a la expansión de las finanzas sostenibles, las modalidades de inversión más directamente vinculadas a objetivos de transformación continúan teniendo una presencia minoritaria.
Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif, señaló que el mercado español sigue aumentando su volumen y consolidándose en niveles próximos a la mitad del patrimonio gestionado. Sin embargo, advirtió de que el reducido peso de las estrategias alineadas y generadoras de impacto refleja las dificultades existentes para evaluar adecuadamente los resultados de estas inversiones.
En este contexto, defendió la necesidad de avanzar hacia mecanismos capaces de valorar y financiar procesos de transición verificables. A su juicio, las finanzas sostenibles deben superar una etapa centrada exclusivamente en respaldar actividades consideradas sostenibles y comenzar a acompañar transformaciones empresariales creíbles y cuantificables.
El estudio también identifica un cambio en las prioridades de las entidades financieras. Como novedad, el 48 % de las organizaciones participantes señala las oportunidades de inversión relacionadas con la competitividad empresarial como un factor relevante para el desarrollo del sector.
Esta tendencia estuvo presente en las distintas intervenciones de la jornada, en las que se destacó la necesidad de conectar la sostenibilidad con la innovación, la modernización de las empresas y la creación de valor a largo plazo.
Patricia Gabeiras, presidenta de Spainsif y directora y socia fundadora de Gabeiras & Asociados, subrayó que la sostenibilidad ya forma parte de las decisiones estratégicas de las compañías. No obstante, insistió en que el verdadero desafío consiste en trasladar las políticas y compromisos corporativos a planes de inversión concretos y medibles.
Entre las prioridades mencionó la movilización de recursos hacia actividades vinculadas con la transición económica, la protección de la biodiversidad y el capital natural, la creación de empleo y el acceso a una vivienda social y asequible. Todo ello, señaló, requiere un entorno normativo claro y estable.
Desde DWS, entidad patrocinadora del informe, su director general para Iberia, Mariano Arenillas, coincidió en destacar la relación entre sostenibilidad y competitividad. En su intervención, defendió que las inversiones responsables pueden contribuir a reforzar la innovación y la resiliencia europea, siempre que los objetivos se traduzcan en actuaciones concretas.
En particular, puso el foco en la necesidad de dirigir capital hacia infraestructuras, tecnologías y empresas capaces de sostener la transformación económica a largo plazo.
La financiación de la transición energética también ocupó un lugar destacado en el encuentro. Eduardo Brunet, director de Green Finance Institute (GFI) España, presentó NEW-PACE, una iniciativa que busca desarrollar instrumentos financieros innovadores para acelerar la rehabilitación energética de edificios.
La propuesta parte de una dificultad habitual en este ámbito: los plazos de financiación disponibles no siempre se corresponden con la vida útil de las actuaciones de rehabilitación ni con el periodo durante el cual generan ahorros energéticos.
Para abordar esta situación, NEW-PACE plantea un mecanismo basado en censos consignativos que permitiría ajustar los horizontes financieros a los beneficios de las reformas y facilitar la participación de inversores institucionales a largo plazo.
Brunet explicó que la mejora energética del parque inmobiliario necesita una movilización de financiación privada a gran escala y que el diseño de instrumentos adaptados a estas características puede contribuir a superar algunas de las barreras existentes.
La iniciativa ejemplifica uno de los asuntos centrales de la jornada: cómo diseñar soluciones financieras que permitan convertir las necesidades de transición ecológica en oportunidades reales de inversión.
El futuro de la inversión sostenible fue objeto de una mesa redonda en la que participaron Alberto Gómez-Reino, de BBVA Asset Management en España; Carlos Lozano, de CaixaBank Asset Management; Laura Kaliszewski, de Natixis Investment Managers; y Augusto Caro, de Santander Asset Management.
El diálogo estuvo moderado por Sophie del Campo, Executive Manager Southern Europe, Latam & US Offshore de Natixis Investment Managers, y abordó las perspectivas del mercado, las oportunidades emergentes y los obstáculos que todavía dificultan una mayor contribución de las inversiones a la economía real.
Del Campo defendió que la sostenibilidad debe conservar su capacidad de impulsar cambios y que los inversores conceden cada vez más importancia a las actuaciones efectivamente desarrolladas por las empresas, más allá de sus declaraciones y compromisos.
Desde esta perspectiva, planteó la conveniencia de adoptar enfoques más pragmáticos, orientados a resultados y capaces de generar valor a largo plazo.
El análisis de las conclusiones del estudio continuó en una segunda mesa dedicada al mercado español de la inversión sostenible en 2026. En ella participaron representantes de las vicepresidencias de Spainsif: José Luis Garzón, del Banco Cooperativo Español; Clemen Epalza, de Fonditel; Irene Rodríguez, de BME; y Mario Sánchez, de CCOO. La conversación estuvo moderada por Patricia Suárez, de Asufin.
Los participantes examinaron la evolución de las estrategias responsables en un contexto de cambios regulatorios y creciente vinculación entre sostenibilidad y competitividad. Entre los principales retos identificados destacaron la mejora de la disponibilidad y calidad de los datos, así como el desarrollo de herramientas que permitan medir con mayor rigor los resultados ambientales y sociales de las inversiones.
En este sentido, el informe de 2026 incorpora nuevos apartados dedicados a la inversión en transición y a la vivienda asequible y social, dos ámbitos que permiten relacionar las necesidades económicas con los desafíos ambientales y el bienestar de la población.
Para Pablo Esteban, esta evolución exige dejar de interpretar la sostenibilidad como una obligación contrapuesta a la competitividad empresarial y comenzar a reconocer su potencial para fortalecerla.
La clausura institucional estuvo a cargo de Pablo Sánchez-Blanco, director general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, quien repasó la evolución de los instrumentos de financiación sostenible impulsados desde el ámbito público.
Durante su intervención destacó la respuesta de los inversores a la nueva referencia de bonos verdes soberanos a 20 años, cuya demanda se situó cerca de los 70.000 millones de euros. Según explicó, este resultado refleja la confianza del mercado en el programa del Tesoro.
También se refirió al nuevo Marco de Bonos Verdes, con el que se pretende avanzar progresivamente en la alineación del programa español con la Taxonomía europea, el sistema de clasificación que establece qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles.
Sánchez-Blanco puso igualmente en valor los trabajos desarrollados por el Consejo de Finanzas Sostenibles, especialmente en el seguimiento de los instrumentos financieros destinados a impulsar la sostenibilidad.
En este contexto, recordó que España movilizó alrededor de 137.000 millones de euros en financiación sostenible durante 2024, una cifra que, a su juicio, demuestra la disponibilidad de recursos financieros para acompañar la transformación económica.
Sin embargo, señaló que el principal desafío no reside únicamente en captar capital, sino en disponer de proyectos suficientemente estructurados y viables desde el punto de vista financiero para canalizar esos fondos hacia inversiones concretas.
La reflexión final del encuentro apuntó así a una cuestión decisiva para el futuro del sector: el crecimiento del patrimonio gestionado con criterios sostenibles constituye un avance, pero su capacidad transformadora dependerá de que los recursos lleguen efectivamente a las empresas, infraestructuras y actividades que necesitan financiación para avanzar hacia una economía más competitiva, resiliente y sostenible.
Los datos del estudio de Spainsif muestran que el mercado español ha consolidado una base financiera relevante. El siguiente paso será reforzar la calidad de las estrategias, mejorar la evaluación de sus resultados y conseguir que la inversión sostenible contribuya de manera verificable a los grandes retos ambientales, económicos y sociales.